Tropas de Estados Unidos en Afganistán. El público estadounidense está cada vez más decepcionado con la guerra más longeva que libra este país Crédito: Ejército de EEUU

WASHINGTON, 12 mar (IPS) – Aunque Washington insiste en que su estrategia contrainsurgente funciona en Afganistán, los 16 civiles –nueve de ellos niños–, masacrados en sus hogares en la provincia de Kandahar son un golpe a la mandíbula de quienes esperan mantener la ocupación de ese país de Asia central más allá de 2014.

La masacre, según el Departamento de Defensa perpetrada por un solo individuo, es el último de una serie de incidentes que han hecho montar en cólera al pueblo afgano contra los ocupantes extranjeros, como la divulgación por Internet de un video que muestra a soldados estadounidenses orinando sobre cuerpos de afganos muertos y quemando involuntariamente copias del Corán en las afueras de una base militar.

A su vez, el electorado y el Congreso legislativo están cada vez más decepcionados con esta guerra que, en 2011, se convirtió en la más larga peleada por Estados Unidos en su historia.

Una encuesta de opinión pública, divulgada el domingo 11 por el diario The Washington Post y la cadena televisiva ABC, mostró a 60 por ciento de los entrevistados sosteniendo que la guerra en Afganistán no valió la pena.

Apenas 30 por ciento dijeron creer que la mayoría de la población afgana apoya las operaciones de las fuerzas de Estados Unidos y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

La masacre del domingo 11 se cometió justamente después de que Washington y el gobierno afgano de Hamid Karzai allanaron una de las diferencias que impiden sellar una alianza que permitiría a Estados Unidos mantener una importante fuerza en territorio afgano y controlar varias bases militares después de 2014, cuando vence el plazo para que las tropas extranjeras dejen ese país.

El acuerdo entre las partes se refiere a la transferencia de unos 3.200 detenidos, presuntamente miembros de la milicia extremista Talibán, de manos estadounidenses a manos afganas en los próximos seis meses.

Según lo acordado, Estados Unidos puede vetar la liberación de alguno de esos detenidos mientras sus tropas permanezcan en ese país. Además, las dos partes acordaron que Washington mantenga en custodia a los prisioneros no afganos, supuestamente miembros de la red extremista islámica Al Qaeda.

Pero todavía está pendiente el reclamo de Karzai de que cesen las redadas nocturnas que ejecutan fuerzas especiales de Estados Unidos contra presuntos objetivos del Talibán, consideradas la causa más importante de descontento con la presencia estadounidense.

Las muertes del domingo no tuvieron que ver con fuerzas especiales. Se perpetraron en una zona aldeana del distrito Panjwai, en la sureña Kandahar, que era un bastión talibán hasta que las tropas estadounidenses inundaron la zona siguiendo la estrategia adoptada por el presidente estadounidense Barack Obama a fines de 2009.

Según la información disponible, un sargento de 38 años, que sirvió en Iraq y llegó a Afganistán en diciembre, dejó su base en las primeras horas del domingo 11, irrumpió en tres casas en un radio de 500 metros y disparó y apuñaló a sus residentes, incluso a niños pequeños. Regresó luego a su base y se entregó.

Las autoridades militares enviaron tropas en helicópteros para asistir y evacuar a los heridos, dando pie sin embargo a rumores de que más de un efectivo estaba involucrado en el ataque.

«Este último asalto fue, supuestamente, obra de un solo soldado. Pero muchos afganos no creerán que no fue otro ataque estadounidense de rutina. Sus efectos son iguales», dijo Ann Jones, autora del libro de 2006 «Kabul in Winter» (Kabul en invierno) y una destacada crítica de las operaciones contrainsurgentes en Afganistán.

«Los funcionarios estadounidenses están completamente fuera de tema. Insisten en que fue una tragedia excepcional, cuando los afganos saben que algo así puede pasar en cualquier momento», agregó.

Obama y otros altos funcionarios emitieron varios pronunciamientos de pesar, rechazo y promesas de investigar lo ocurrido y penalizar a los responsables.

La tragedia «inflamará el sentimiento antiextranjero en Afganistán y debilitará los vínculos de Karzai y sus aliados de la OTAN», sostuvo en un artículo publicado este lunes 12 en el Daily Beast el exanalista de la agencia central de inteligencia (CIA), Bruce Reidel, uno de los arquitectos de la política de Obama en Afganistán y Pakistán.

Los asesinatos «pondrán más presión para hallar una solución política a la guerra», opinó Reidel. El hecho de que el Talibán no haya renunciado a las conversaciones de paz y haya aceptado abrir una oficina en Qatar para facilitar las negociaciones, pese a estos acontecimientos, son señales favorables, indicó.

Pero Ahmed Rashid, un pakistaní experto en asuntos afganos que goza de cierta influencia en círculos políticos de Washington y también apoya una salida negociada, sostuvo en el diario Financial Times que las fuerzas occidentales están sufriendo una «crisis de confianza» y que la «búsqueda de Karzai de un acuerdo con Estados Unidos se vuelve cada día más inaceptable para el pueblo afgano».

El soldado acusado del crimen, cuyo nombre no se publicará mientras no concluya la investigación, tomaba parte en una operación de «estabilización de la aldea», un componte clave de la estrategia contrainsurgente que consiste en ganarse la voluntad de los ancianos –los miembros más prominentes de esas comunidades rurales– y organizar las fuerzas policiales locales.

El destacamento militar de origen del supuesto asesino, en el que viven además su esposa y tres hijos, es Joint Base Lewis-McChord, cerca de Tacoma, en el estado de Washington, extremo noroeste de Estados Unidos.

De esa misma base procedía el «grupo asesino» (kill team), una unidad liderada por otro sargento que mató al menos a tres civiles afganos en distintos incidentes en 2009 y desmembró los cuerpos para exhibir los restos como trofeos.

El sargento Calvin Gibbs fue hallado culpable de asesinato y otros crímenes y sentenciado a cadena perpetua por un tribunal militar de la base Lewis-McChord, en noviembre de 2011. Pero en unos 10 años podría quedar libre

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