El Departamento de Justicia de EE.UU. sigue bloqueando webs antes se servir la SOPA. Nada más y nada menos que 130 sitios han pasado a ser controlados por la ICE-Homeland Security. En todos ellos aparece ahora la nota que justifica el cierre recordando que la piratería es un delito federal sometido a penas de prisión y multas. Al parecer la mayoría de webs vendían ropa. Es el caso de valorjerseys.com.

La roja directa que expulsa de la red a estas webs llega cuando avanza el debate para aprobar la ley Stop Online Piracy Act (SOPA) que permitirá a cualquier titular de derechos lanzar una petición de cierre de una web. Todas aquellas que mantengan alguna relación con Estados Unidos (un simple enlace a cualquier página alojada en EE.UU) será víctima propiciatoria de la dictadura del copyright, que avanza imparable.

Vía | TorrentFreak

http://www.nacionred.com/legislacion-pi/eeuu-calienta-la-sopa-echando-el-cierre-a-130-webs

Cada bit que emites desde tu computadora podría ser recopilado. Cada información que compartes en línea podría en algún momento ser utilizada en tu contra. Una de las cosas que ha desplazado el valor del oro a un segundo plano es la información. Entérese con RT de cuáles son los peligros y cómo protegerse cuando navegue por Internet.

Los reportajes especiales abarcan temas frente a los cuales es difícil permanecer indiferente. En ellos les presentamos nuestro punto de vista sobre acontecimientos del pasado y un profundo análisis de lo que ocurre en el presente; contamos sobre los científicos más destacados, los grandes maestros de la música, las personalidades más importantes de una época.

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Un tribunal de los Emiratos Árabes Unidos ha condenado a penas de prisión a cinco defensores de la democracia y la expresión en libertad, entre ellos al bloguero Ahmed Mansoor (foto), un ingeniero que es miembro del comité consultivo de Human Rights Watch en Oriente Medio y de la prestigiosa Red Árabe de Información para los Derechos Humanos (ANHRI)

Los otros cuatro condenados son el profesor Nasser Ahmad ben Gaith y los activistas Fahd Salem Dalak, Ahmed Abdel Jaleq Ahmed y Hassan Ali al Jamis, que mantenían blogs en la red internet.

Ahmed Mansoor ha sido condenado a tres años de cárcel y otros cuatro acusados a dos años. Todos los acusados fueron detenidos en abril después de firmar una petición en internet exigiendo reformas políticas. El juicio fue denunciado por grupos de derechos humanos que acusan a las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos de utilizar tácticas de mano dura para aplastar a la disidencia.

Todos fueron acusados de haber “cometido actos que amenazan la seguridad del Estado y por lo tanto también el orden público”, además de “oponerse al sistema de gobierno” y de haber “insultado al presidente, el vicepresidente y al príncipe heredero de Abu Dabi”, el príncipe que se insulta solo.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch han exigido la “liberación inmediata e incondicional” de los cinco militantes y el abandono de todos los cargos en su contra. Estas organizaciones han calificado todo el proceso de “injusto”.

Zapatero, líder mundial de la Alianza de Civilizaciones, tuvo la ocurrencia de cenar con el príncipe que se insulta solo, fue a pedir dinero para las cajas saqueadas. No creemos que aproveche la relación para sugerir al príncipe, que defiende matar a los detenidos sin interrogarlos, un indulto para los defensores de las libertades y la democracia.

http://www.nacionred.com/derechos-humanos/emiratos-arabes-unidos-condena-a-tres-de-carcel-al-bloguero-y-activista-ahmed-mansoor

Hace unos meses, el Parlamento Europeo tuvo una otra reunión secreta para tratar el tema del ACTA, el tratado anti falsificación redactado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, y promovido por la industria hollywoodiense para exportar su modelo de copyright al mundo.

Ese mismo día, el comité de Asuntos Económicos del parlamento holandés solicitó formalmente los textos de la negociación del tratado a su Gobierno. El Ministro de Economía, Agricultura e Innovación se los mandó, junto con una cláusula de no difusión, por lo que los diputados holandeses no pueden comentar ninguno de los documentos ni citarlos durante los debates parlamentarios.

Uno de los miembros del comité de Asuntos Económicos, Kees Verhoeven, propuso responder al ministro que no, que no puede tratarse el tema ACTA sin publicar todos los documentos relacionados, y que el comité debería debatir dichos documentos en público, ya que el ACTA afecta, y de que manera, a la legislación holandesa.

También le pidieron al ministro que no tome decisiones firmes sobre ACTA que puedan conllevar consecuencias no esperadas para el país, así como desestimar cualquier documento relacionado con ACTA hasta que él no los publique todos. Y el Parlamento de Holanda aprobó la propuesta por mayoría.

Pero en el Parlamento Europeo no están por la transparencia política en en proceso de adopción de un tratado malvado que no reportará ningún beneficio a nadie que no sea de la industria de Hollywood. El PE rechazó publicar, no ya los documentos de la negociación, si no la opinión sobre ACTA del departamento de asesoría legal de la institución, ya que “publicarlo comportaría una perdida de protección del interés público en relación a las relaciones internacionales”.

Es decir, que el Parlamento Europeo prefiere llevarse bien con Hillary Rodham Clinton, Barak Obama y los grandes estudios de Hollywood, en vez de informar a sus propios ciudadanos, los que les votaron y los que les pagan el sueldo (al menos el sueldo base, las propinas ya sabemos quien las paga), saltándose así sus propias normas, reglas y leyes.

No han servido las peticiones de hasta 7 grupos de la sociedad civil, solicitando al Parlamento que publique los datos de un acuerdo que afectará a sus ciudadanos. No, el Parlamento sabe lo que nos conviene y nos protege de nosotros mismos, de nuestros ojos indiscretos que quieren saber qué es, qué contiene y cómo nos afectará ACTA.

El Parlamento Europeo quiere seguir con una negociación secreta con dos partes, el Departamento de Estado, Hollywood, y aquí los ciudadanos no pintamos nada. Sólo falta que vengan a decirnos aquello de “circulen, aquí no hay nada que ver. Gracias por su colaboración.”

Vía | FFII

http://www.nacionred.com/legislacion-pi/holanda-pide-transparencia-en-el-proceso-acta

Una de las excusas que los promotores de las diferentes versiones de las leyes-basura que, pretendidamente, van a salvar la industria del copyright y miles de millones de puestos de trabajo a expensas del resto de ciudadanos, es que los cierres se producen “tras la intervención de un juez“ que, también pretendidamente, emite una orden judicial.

Esto es la teoría y lo que cacarean los lobistas de la industria de la farándula. Pero en la práctica, la cosa va por otros derroteros. Concretamente, se cierran los dominios y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga.

Es el caso de Nominet, un registrador del Reino Unido, que lleva ya un tiempo suspendiendo (bonito eufemismo) dominios atendiendo a simple requerimiento de las “autoridades competentes”.

A las peticiones de información de Open Rights Group (ORG) acerca del proceso seguido, las “autoridades competentes” han respondido de forma oral, y con información muy general, consistente en número de dominios afectados, y un resumen de las “infracciones”. Nada más.

Por su parte, las “autoridades competentes” pasan la patata caliente a Nominet, quien debe responsabilizarse de sus acciones una vez recibe la notificación petición para el cierre de la web en cuestión, y encima bajo amenaza de represalias bajo la Ley de Procedimiento Criminal.

En Nominet saben que lo están haciendo mal, y por eso han creado una especie de grupo de debate para hacer un proceso estandarizado que seguir en estos casos, aunque no se ha llegado a un acuerdo entre las diferentes asociaciones de ISP británicos ni ORG que han decidido, cada cual por su lado e informando a Nominet de la decisión, que las suspensiones de dominios deben realizarse solamente tras la recepción de una orden judicial que lo solicite.

La decisión de ORG se basa en que cerrar un dominio sin ninguna intervención judicial choca frontalmente con la Convención Europea de Derechos Humanos, concretamente con el artículo 6:

Artículo 6: Derecho a un proceso equitativo

1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída de manera equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá de los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. […]

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado hoy que es ilegal que un juez ordene a un proveedor de internet a realizar un control general de los datos que transmita en su red para evitar descargas ilegales de archivos protegidos por derechos de autor.

La sentencia (pdf) afirma que el establecimiento de un sistema de control de este tipo vulnera los derechos fundamentales de los clientes, como la protección de datos o la libertad de recibir y comunicar informaciones, y también infringe la libertad de empresa.

El fallo tiene su origen en un litigio entre Scarlet, un proveedor de acceso a Internet, y SABAM, la SGAE belga. SABAM denunció que los usuarios que utilizaban los servicios de Scarlet descargaban obras protegidas que figuraban en su catálogo.

La SABAM solicitó ante los tribunales belgas que se obligara a esta compañía a poner fin a la supuesta violación de derechos de autor de obras musicales protegidas a través del intercambio de archivos que permiten los programas peer to peer, que se podían utilizar dentro de la conexión ofrecida por Scarlet.

Un tribunal local dio la razón a la SGAE belga y condenó a Scarlet a imposibilitar cualquier forma de envío o de recepción por parte de sus clientes de archivos musicales con derechos protegidos sin autorización de sus titulares, bajo una multa coercitiva de 2.500 euros diarios.

Pero el proveedor recurrió al tribunal de apelación de Bruselas, alegando que este requerimiento judicial no se ajustaba al derecho de la UE, puesto que le imponía de hecho una obligación general de supervisar las comunicaciones en su red, lo cual era incompatible con la directiva sobre comercio electrónico y con los derechos fundamentales.

Los jueces belgas consultaron el caso al TJUE que ahora viene a rechazar la sentencia ya que la aplicación de la misma “implicaría una vulneración sustancial de la libertad de empresa de Scarlet, dado que le obligaría a establecer un sistema informático complejo, gravoso, permanente y exclusivamente a sus expensas”.

No hay un juez ni ley que pueda obligar a los proveedores a ejercer de policías de la red. El requerimiento judicial vulneraría los derechos fundamentales de sus clientes. El máximo tribunal europeo ha hablado.

http://www.nacionred.com/legislacion-pi/no-hay-juez-que-pueda-obligar-a-los-proveedores-a-ejercer-de-policias-de-la-red

La noticia de que el Gobierno saliente se despide aprobando el reglamento de la Ley Sinde ha incendiado la red. El post de Enrique Dans es un buen ejemplo de la indignación que recorre la red:

¿Hablamos de políticos, o de la mafia? ¿Estamos definiendo una sociedad en la que los ciudadanos necesitan estar en guardia permanente para que los políticos que eligieron no se la claven por la espalda? ¿Gobiernan para nosotros, o para los presuntos delincuentes de la SGAE y compañía? La ley Sinde es mucho, muchísimo más de lo que parece: es el símbolo de toda una manera indecente de hacer política. Debemos reaccionar.

Vía | Enrique Dans

http://www.nacionred.com/partidos-politicos/enrique-dans-gobiernan-para-nosotros-o-para-los-presuntos-delincuentes-de-la-sgae-y-compania

El anterior gobierno laborista de Gordon Brown, en asociación con los tories, impulsaron, forzaron y aprobaron la Digital Economy Bill, la ley anti-descargas de cierre de webs del Reino Unido, y lo hicieron mal. Muy mal.

Forzaron la votación de dicha ley usando el método “corre corre que nos pillan”, consistente en incluirla en una sesión con muy pocos representantes electos presentes, tan sólo 30, que, a su vez, no sabían ni lo que estaban votando, y ni mucho menos las consecuencias que tenía. Y como lo hicieron mal, tuvo que venir un juez a decirles que la revisaran.

Pero ahora ha salido a la luz otro dato que aún echa más salsa al asunto, y es que parece que la Digital Economy Act se aprobó sin realizar ninguna comprobación de los datos que aportaba la industria de la cultura.

En principio, cuando un grupo de la sociedad reclama algún tipo de legislación, debe aportar pruebas y evidencias de la necesidad de dicha nueva legislación. En el Reino Unido no. Al menos, la industria de la cultura no necesita presentar ningún tipo de pruebas ni estadísticas ni nada de nada. “Oye Gordon, mírame este tema venga…” Y Gordon (con los conservadores) tiró millas.

A la pregunta de la diputada laborista Anne McKechin de por qué cuando desde Open Rights Group pidieron las pruebas de ‘contenido ilegal en Internet’, así como la metodología usada para conseguirlas la respuesta fue que no estaban disponibles, Adrian Brazier, el jefe del equipo responsable de aplicar la DEA respondió

Sería razonable admitir que Open Rights Group tiene razón acerca de las pruebas usadas en el proceso de la Digital Economy Act. Fue algo opaco. El estudio de impacto no se basó en nuevas pruebas o en nuevas investigaciones. No tuvimos una fuente independiente de información.

McKechin también le preguntó si el equipo responsable de la DEA tampoco tuvo acceso a los datos relevantes para desarrollar la ley. Y Brazier dijo que, efectivamente, tampoco pudieron ver nada.

Intentamos hacer lo mejor con lo que teníamos. Aún así, diría que en aquellas circunstancias siempre tuvimos muy claro de dónde provenían los datos que usábamos. Nunca dijimos que eran datos del gobierno. Teníamos muy claro que los números y los datos nos los dieron los titulares de derechos de autor.

Brazier terminó su intervención comentando que tanto él como su equipo no están cómodos en su posición actual… Igual ha descubierto la figura del “tonto útil” al servicio de la farándula…

Datos que no se comprobaron, reuniones a puerta cerrada entre el lobby de la cultura y ministros del gobierno para discutir cómo castigar a los infractores, mediante la creación de un “comité de expertos“ que diría qué páginas web deben ser cerradas…

Trapicheos y manipulaciones típicos de la industria de la farándula. Se recogen datos arbitrarios, se manipulan, se presentan y “no hace falta que te lo mires, hazme caso que se lo que me digo”.

Otra muestra que confirma que las leyes de presunta protección al autor las llevan a cabo directamente los lobbies y gobiernos, a espaldas de los ciudadanos, que no sólo ven cómo se recortan sus derechos, si no que encima pasamos de ser clientes a ser delincuentes.

Señores de la industria, lo están haciendo mal. Muy pero que muy mal.

http://www.nacionred.com/legislacion-pi/la-digital-economy-act-se-aprobo-sin-contrastar-datos

• El Consejo de Ministros dará luz verde al reglamento de la ‘Ley Sinde’ el viernes
• El procedimiento de clausura de webs se ejecutará en un plazo máximo de 10 días

El Consejo de Ministros de este viernes, de los últimos que presidirá José Luis Rodríguez Zapatero, reserva una sorpresa que sacudirá los cimientos del Internet español y que abrirá las viejas heridas que en su día provocó el movimiento ’15-M’: aprobará por real decreto el Reglamento de la Comisión de Propiedad Intelectual, también conocida como Ley Sinde o ley antidescargas.

Esa disposición, incluida en la Ley de Economía Sostenible, promete agitar la controversia en la Red, tanto por el fondo de la cuestión como por la forma en la que se producirá, minutos antes de la disolución del Ejecutivo de Zapatero. De hecho, la puesta en vigor del referido reglamento se producirá el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, si bien será el futuro Parlamento quien deba refrendarlo cuando se constituyan las próximas Cortes.

Entre otras consecuencias, el futuro reglamento tipifica el bloqueo o cierre de páginas de Internet que permiten o favorecen la descarga de obras sujetas a derechos de autor. El procedimiento de clausura de webs se ejecutará en un plazo máximo de 10 días, todo ello previa decisión de una Comisión Administrativa que ejercerá de árbitro ante los conflictos denunciados, siempre con el tutelaje de un juez.

El texto del reglamento de la Ley Sinde ya pasó por el preceptivo Consejo de Estado a finales del pasado octubre y sólo faltaba el visto bueno del Gobierno para que se pudieran cerrar webs de descargas de contenidos ilegales a través de una orden judicial. Ese trámite no pudo hacerse antes del pasado 20-N, pero el Ejecutivo socialista disponía del Consejo de Ministros del próximo 25 de noviembre para que todo el trabajo anterior no quedara perdido en el intercambio de papeles que en breve se producirá entre los líderes socialistas y populares.

 Rechazo frontal de Industria

Fuentes conocedoras del procedimiento aseguran a elEconomista que la aprobación del referido reglamento contará con el rechazo frontal del Ministerio de Industria, pero sin que ello sea suficiente para frenar el empeño personal de la todavía ministra en funciones de Cultura, Ángeles González-Sinde. De esa forma, la titular del ministerio de la Plaza del Rey podrá retirarse de la política -como así ha reconocido públicamente- con la satisfacción de ver aprobado la letra pequeña de la normativa que lleva su apellido.

En el reglamento de la ley antidescargas se introducirán reformas de menor calado, como las propuestas por el Consejo General del Poder Judicial, que en su informe no vinculante recomendó que la fuerza de la ley sólo se aplique sobre los agentes que obtuvieran beneficios económicos por sus actuaciones. También se añaden medidas coercitivas para los infractores que sean reincidentes.

El reglamento también precisará lo que se considera «actividad infractora», es decir, aquella que sea susceptible de motivar la interrupción, cierre o bloqueo del servicio. De esa forma, el reglamento alentado por el Ministerio de Cultura concentrará toda su actuación en la difusión por Internet de obras intelectuales sin autorización de los titulares, ya sea desde el acceso a servidores virtuales o a través de enlaces dedicados para la descarga de contenidos, tales como películas, canciones, libros electrónicos o videojuegos, entre otros.

Fuentes de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual apuntan que el «Real Decreto debe habilitar medidas que permitan terminar tanto con la infracción con respecto a un número limitado de contenidos, en la que la retirada de los mismos puede resultar suficiente, como con la actividad vulneradora masiva que desde determinados sitios web se realiza y contra los que las únicas medidas eficaces serán la interrupción del servicio, ya sea mediante el cierre del mismo o por el bloqueo del acceso al mismo».

La misma federación ya apuntó que «resulta especialmente importante que se introduzcan mecanismos que eviten el abuso de la norma, consistente en finalizar el procedimiento a través de la retirada voluntaria de contenidos para volver a reintroducirlos una vez superado el expediente». El procedimiento que se establezca, añaden las mismas fuentes, «debe contemplar esta posibilidad para evitar la ineficacia del proceso por la reiteración en la ilegalidad».

El pasado 15 de febrero, el pleno del Congreso aprobó la referida Ley Sinde con 323 votos favorables, procedentes del PSOE, PP y CiU y con el 19 rechazos, por parte de PNV, ERC, IU-ICV, BNG, CC, UPyD y Na-Bai, así como con una abstención. Con la futura configuración del Parlamento, la norma contaría con 312 votos favorables, en el caso de que los mismos grupos políticos mantengan la misma opinión expresada el pasado febrero.

El ‘canon digital’ en la nevera

El desarrollo reglamentario del denominado canon digital quedará por el momento en el limbo legal, convirtiéndose en una patata caliente que deberá digerir el Gobierno que próximamente constituirá Mariano Rajoy, vencedor de las últimas Elecciones Generales.

Según apuntó días atrás la propia ministra de Cultura, el canon digital es «un asunto de un calado y una relevancia social suficientemente importante como para poder abordarlo con tranquilidad al principio de la próxima legislatura», dijo en un encuentro con los medios de comunicación durante un reciente viaje a Tokio. «Esa tramitación es mucho más larga y no daría tiempo a hacerla», concluyó la ministra en funciones.

La orden ministerial que regula el canon digital resultó anulada el pasado marzo por la Audiencia Nacional al entender que se trata de un reglamento que, en sus trámites de aprobación, requeriría el dictamen del Consejo de Estado, que no se hizo en su momento.

Asimismo, en octubre de 2010, el Tribunal de Justicia de la UE también se pronunció contra el canon digital español al dictaminar que «no era conforme» al derecho comunitario en el caso de que los soportes de reproducción se destinen a usos profesionales.

Fuente: https://selenitaconsciente.com

La movilización contra la Stop Online Piracy Act, esa SOPA venenosa (¡otra vez sopa!, que diría Mafalda) que cocinan los legisladores del imperio (del copyright) para cerrar cualquier web sospechosa de violar las leyes del copyright ya es imparable.

Los legisladores estadounidenses que anteponen la defensa de la libertad de expresión, como el ejemplar senador Ron Wyden, a la dictadura del copyright han informado a los promotores de la petición de firmas para Salvar Internet que su acción es muy importante. La protesta internacional fortalecería el pulso que están manteniendo en el Congreso y muy pronto en el Senado, donde 40 senadores de los dos partidos ya han mostrado sus simpatías por la venenosa SOPA.

El llamamiento que se hace desde Avaaz para conseguir una petición global sin precedentes que detenga la censura en Internet avanza a una velocidad de vértigo. La petición va dirigida a los miembros del Congreso de Estados Unidos y dice:

Como ciudadanos globales comprometidos, les pedimos que defiendan un Internet libre y gratuito, y les instamos a votar en contra de la Ley de Protección IP y la Ley sobre Piratería Online. Internet es una herramienta crucial para que ciudadanos de todo el mundo intercambien ideas y trabajen colectivamente en la construcción del mundo que queremos. Les instamos a mostrar un verdadero liderazgo mundial haciendo todo lo que esté a su alcance para proteger este pilar fundamental de las democracias en todo el planeta.

Salvemos Internet.

Después de que instituciones como la Business Software Allianze diera marcha atrás en su apoyo a la ley SOPA, otras empresas y asociaciones se han unido a este rehazo, publicando varias cartas abiertas dirigidas al Senado de los EEUU.

En ellas, empresas como Google, Facebook, Twitter, Yahoo, Mozilla o eBay, rechazan el nuevo plan antipiratería por considerar que supone una amenaza tanto para la privacidad de los usuarios como para sus negocios.

No podemos apoyar este proyecto de ley tal como está escrito, y pedimos que se estudien otras maneras de perseguir la piratería y la falsificación, preservando la innovación y el dinamismo que ha hecho de Internet un conductor importante de crecimiento económico y creación de empleo.

Mientras trabajamos juntos en encontrar la manera de neutralizar estos sitios piratas, no deberíamos poner en peligro la estructura fundamental que ha trabajado para los propietarios de contenido y las compañías de Internet, y dejar de dar a la gente ideas de como crear, encontrar, debatir y compartir información online de manera legal.

También se ha publicado la carta que asociaciones como European Digital Rights, Free Software Foundation, Quadrature du Net, Open Rights Group y Reporteros sin Fronteras, han enviado en protesta por la nueva ley.

Los negocios no pueden funcionar en la red, cuando usuarios y empresas de todo el mundo no tienen confianza en que el acceso a sus pagos, dominios, y publicidad estarán disponibles, aumentando la dificultad para el desarrollo económico y la innovación. Esto no es aceptable para la comunidad internacional, como tampoco lo sería si un país extranjero impusiera unas medidas similares en EEUU.

Censurar Internet es una medida errónea para proteger cualquier interés empresarial. Si se adopta SOPA, los EEUU perderán su liderazgo mundial en ofrecer como bien público, una Internet libre y abierta.

Este cambio de posición de la BSA implica también el cambio de opinión de todos sus miembros. Appe y Microsoft por tanto, no apoyarían en este momento la ley SOPA.

http://www.nacionred.com/censura/una-peticion-global-sin-precedentes-para-salvar-internet-de-una-venenosa-sopa

En Cuba, uno de los pocos países en que se aplica aquello del “a cada cual según sus necesidades”, la conexión a Internet solamente está permitida bajo estrictas premisas. Y una de las premisas es que se debe contratar la conexión a ETECSA, la empresa de telecomunicaciones del estado.

Pero como dice aquello del “hecha la ley, hecha la trampa”, hay quien se dedica a instalar conexiones ilegales para acceder tanto a la red, a televisión por satélite y poder hacer llamadas evitando las centralitas del gobierno.

En el diario oficial Granma, se informa sobre las “serias afectaciones” que estas conexiones “ilegales” han causado a la única operadora cubana, como por ejemplo la disminución de ganancias por concepto de llamadas internacionales.

Según el diario oficial, estas “afectaciones” se han realizado gracias a la intervención de la mano oscura de los Estados Unidos de América, que ha financiado la compra de equipos de televisión por cable, para luego instalarlos de forma clandestina en la isla.

De éste modo, los cubanos pueden tener acceso a canales de televisión internacionales, un servicio del que sólo pueden disponer, de forma legal se entiende, el sector del turismo, los funcionarios del régimen cubano, diplomáticos y algunas empresas extranjeras, pero no la población cubana, que sólo puede ver la programación televisiva que ofrecen las cadenas oficiales.

Aquellos que osen “neutralizar, eludir o burlar los mecanismos de control establecidos”, es decir, buscar canales informativos libres de la injerencia estatal, están incurriendo en un delito por el que pueden ser castigados con multas de unos 830 euros o hasta 3 años de cárcel.

Multas económicas y amenazas de cárcel para los que ‘neutralicen, eludan o burlen los mecanismos de control establecidos’, igualito que ACTA o la reciente SOPA americana, (añadir Iran,e tc)

Curiosa forma esta de libertad de información mediante el control estricto de quien habla con quien y prohibiendo el acceso a Internet y a las televisiones extranjeras, y más si tenemos en cuenta aquello de “ser cultos para ser libres” del “maestro” José Martí.

Fuente | Europa Press

El peligro está en la SOPA pero en la única institución europea elegida por sufragio universal se está formando una mayoría para hacerle frente.

Por lo pronto el pleno del Parlamento Europeo aprobaba esta semana una resolución con las recomendaciones de la Eurocámara a la Comisión Europea de cara a la importante reunión bilateral de la UE y EEUU que se celebrará el próximo día 28 en Washington.

La resolución aprobada “subraya la necesidad de proteger la integridad de Internet a escala mundial y la libertad de comunicación, absteniéndose de medidas unilaterales que anulen direcciones IP (Protocolo Internet) o nombres de dominio”. No será la única iniciativa que se impulse desde el Parlamento Europeo en este sentido.

Ya veremos si Barroso, Rompuy, Sarkozy y Merkel están a las altura del desafío de EE.UU contra internet y de unos parlamentarios (europeos) que ya no esconden su indignación e incluso llaman a la rebelión democrática de los propios parlamentarios europeos como hizo – en relación con la crisis griega – el eurodiputado Daniel Cohn-Bendit ante la inoperante respuesta de la Comisión y el Consejo Europeo.

http://www.nacionred.com/legislacion-pi/el-parlamento-europeo-respondera-al-desafio-contra-internet-de-eeuu

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