Transcurridos más de tres años desde que entrara en vigor la directiva de la Unión Europea sobre la conservación de datos, el Ejecutivo comunitario aprobó un informe que apreciaba positivamente el efecto que tuvo en la seguridad y el orden público. Mientras tanto Suecia, uno de los miembros de la UE, por tercera vez consecutiva suspende, para un año más, la aplicación de esta normativa en su territorio. Los legisladores de este país consideran que el documento viola las libertades de sus súbditos, en particular la privacidad de la información personal.
Varios estados se oponían al documento que obliga a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas a conservar entre 6 meses y dos años los datos que permitan identificar el origen, destino, fecha, hora, duración y tipo de comunicación digital, al igual que el equipo utilizado y su localización. Suecia resultó siendo la nación que adoptó la postura más rígida al oponerse a esa directiva.
«La Unión Europea no tiene razón en este caso, como no la tuvo en otras ocasiones», sugiere un diputado del Riksdag del Partido de Izquierda sueco, Jens Holm, que entre 2004 y 2009 representaba su país en la Parlamento Europeo y por supuesto votó en contra de la iniciativa. «Sin duda hay que perseguir a los criminales y luchar contra el terrorismo, pero no es necesario poner a la sociedad bajo control de un sistema similar al Gran Hermano».
No obstante, recientemente la Comisión de Interior de la UE consideró que resultaba conveniente adoptar una reglamentación incluso más estricta sobre la conservación, el uso de los datos retenidos y los tipos de delitos que justificarían el acceso a la información. Para ello pretende prorrogar los plazos de retención y prevé unos mecanismos para compensar a las compañías operadoras por los costes generados. Esta última propuesta se fundamentó en las incesantes quejas de los que fueron designados como ejecutores por la directiva.
Thierry Dieu, director de la Asociación europea de operadores de redes de telecomunicación, sostiene que «en la mayoría de los casos, los órganos de seguridad solicitan datos de comunicaciones realizadas durante los últimos 3 meses. Así que es algo desproporcionado (…) yo diría que es un problema. Es una carga para todos los operadores» comentó dando a entender que en la práctica con guardar los datos por un trimestre es más que suficiente.
El negativismo del país escandinavo no desvía a los funcionarios de los interiores en la Comisión Europea. Cecilia Malmström, que representa a Estocolmo en el aparato comunitario, está segura de que con varias mejoras se logrará un texto más aceptable para todos. Entonces el aparente deseo de los funcionarios europeos de que un ‘Gran Hermano’ vigile todo tipo de comunicaciones digitales se hará realidad. «La directiva sobre la retención de datos aún puede ser mejorada – dice la comisaria sueca – . Las deficiencias que tiene este documento generan preocupación entre los ciudadanos y los círculos de negocios. Esperamos poder presentar enmiendas para la directiva este año».
