Bélgica y Lituania expresaron sus recelos y se inclinaron por “graduar la ampliación del PNR”. Pero Alemania, Holanda, Eslovenia y Luxemburgo hicieron valer su postura más beligerante contra el uso policial, sin orden judicial, de los datos de los viajes en avión que hacen los ciudadanos europeos dentro de sus fronteras.

Por eso, para disgusto de Rubalcaba, anunciaron que “no darán un cheque en blanco” a la UE para que el Passenger Name Record, una relación con todos los datos acumulados de los pasajeros de un avión (número de tarjeta de crédito, asiento, agencia de viaje, mail, teléfono, ruta… incluso preferencias alimenticias) sean un almacén de datos o “archivo más propio de un Gran Hermano o Estado policial”. De hecho alguna delegación compara esta medida con las prácticadas en los antiguos países comunistas, aunque ahora la presión para ponerlas en marcha venga de EE.UU y sus más eficaces servidores.

La ampliación y retención de estos datos durante más de cinco años, que además se comparten con EE.UU, fue duramente criticada por considerarla “desproporcionada” por los ministros del Interior de los gobiernos de los países antes citados, en la reunión que tuvo lugar ayer en Luxemburgo. Por su parte España, Reino Unido, Suecia, Francia, Italia, Irlanda y Portugal defienden que se incluyan ya los datos de todos los viajes, también los que se hacen en el interior de los 27 países de la UE. Incluso plantearon ampliarlo a los viajes en tren y ferry.

La inquietante comisaria europea de Interior, Cecilia Malmstrom, más próxima a la línea dura defendida por España, Italia, Reino Unido y Francia, sugiere ahora, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, que en una primera etapa el control y retención con los datos de los pasajeros se limite a los vuelos extracomunitarios para analizar cómo funciona el sistema y decidir en una etapa posterior sobre su eventual ampliación. Antes la propuesta definitiva deberá pasar por el Parlamento Europeo.

Algunas delegaciones críticas han pedido también información sobre el impacto económico que estas medidas de control policial van a tener para las aerolíneas. La comisaria Malmstrom adelantó que los costes derivados del registro de los datos correrán a cargo de los países aunque señaló que la Comisión Europea podría cofinanciar una parte, que podría oscilar entre los 100 y 150 millones de euros.

La transición ordenada por el ejército egipcio avanza a paso firme con la condena a tres años de prisión al joven activista liberal y bloguero, Maikel Nabil, por criticar a los militares egipcios.

“Esta sentencia es quizás el peor ataque contra la libertad de expresión en Egipto desde que el Gobierno de Mubarak encarceló al primer bloguero durante cuatro años, en 2007”, ha dicho el subdirector para Oriente Próximo de Human Rights Watch (HRW), Joe Stork.

Maikel Nabil ha sido condenado por denunciar en su blog los abusos del ejército, el trato a los manifestantes, el reclutamiento forzoso, y los test de virginidad realizados a las mujeres detenidas. Así como en un plano estrictamente político la necesidad de hacer real la supremacía del poder civil sobre el militar.

Pero como en los peores tiempos de Mubarak el bloguero ha sido condenado mediante el procedimiento habitual. El fraude y el abuso del proceso. En esta ocasión ha sido un cambio inesperado sobre la fecha anunciada para el juicio. De tal forma que cuando el abogado de Nabil llegó el lunes a la corte de justicia militar, Nabil ya había sido sentenciado.

“La sentencia no es solo severa, además ha sido impuesta por un tribunal militar después de un juicio injusto”, ha denunciado Human Rights Watch.

Desde que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas asumiera el poder en Egipto, al menos 200 manifestantes han sido arrestados y en su mayoría llevados ante tribunales militares. Las 150 personas que fueron detenidas el pasado 9 de marzo para despejar la plaza Tahrir, han sido sentenciadas a penas de prisión.