Los carceleros de una prisión norcoreana no podían creer que un recluso hubiera escapado a través del pequeño hueco en la pared de la celda que se utiliza para pasar la comida a los reclusos. Sin embargo, el Rey del Yoga lo hizo. Nadie podría esperar que el prisionero fuera lo suficientemente delgado y flexible como para colarse a través de un agujero de 15 centímetros de alto y 45 de ancho. Sin embargo, lo hizo el pasado 17 de septiembre. Pasó en la libertad solo unos pocos días y fue localizado y detenido por la Policía, según los medios locales. Las capacidades corporales del preso, apodado ‘el Rey del Yoga’, le ayudaron a dedicar su vida a robos y saqueos. Fue condenado a prisión varias veces. En total, estuvo 23 años en la cárcel y aprovechó cada condena para mejorar su técnica del yoga.

Texto completo en: http://actualidad.rt.com/sociedad/view/54429-rey-yoga-escapa-carcel-traves-hueco-dejar-comida

• La protesta que llama a rodear el edificio de las Cortes con el objetivo de crear «un cinturón triangular» en torno al Parlamento.
• Se han movilizado todos los grupos de UIP disponibles de Madrid y hasta 16 llegarán desde distintos puntos de España en los próximos días

Un total de 1.350 agentes de antidisturbios participarán en el dispositivo policial que protegerá el Congreso de los Diputados el próximo martes 25 durante la protesta que llama a rodear el edificio de las Cortes con el objetivo de crear «un cinturón triangular» en torno al Parlamento.

Según han explicado a Europa Press fuentes policiales, el dispositivo tiene previsto desplegar un total de 27 grupos de Unidad de Intervención Policial (UIP) compuestos por 50 efectivos cada uno. El peso del despliegue lo llevarán los grupos de Madrid, tanto los que corresponden a la Jefatura Superior de Policía de Madrid como los dependientes de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

Madrid aporta un total de 11 grupos, es decir, todos los disponibles excepto uno que se encuentra de descanso esos días, según las mismas fuentes. Los otros 16 grupos restantes procederán de otros puntos de España.

El plan de Seguridad se iniciará ya la misma noche del lunes al martes y se procederá a establecer varios perímetros de seguridad rodeando el edificio del Congreso de los Diputados por las calles adyacentes. El objetivo, según estas mismas fuentes, es establecer varios filtros con los que controlar el paso de personas en las inmediaciones de la Cámara Baja.

VARIAS REUNIONES

El Comisario General de Seguridad Ciudadana, Florentino Villabona; el jefe superior de Policía de Madrid, Alfonso José Fernández Díez, y los responsables policiales de Información han mantenido varias reuniones en las últimas semanas para perfilar el dispositivo.

Los organizadores de la protesta que llama a rodear el Congreso de los Diputados el próximo 25 de septiembre han convocado varias marchas desde diferentes puntos del centro de la capital que confluirán a las 18.00 horas en las plazas de la Puerta del Sol, Neptuno y Cibeles. Desde allí, pedirán la dimisión del Gobierno y el inicio de un proceso constituyente.

Explican que se trata de una acción no violenta y que han acordado no impedir el tránsito de los diputados ni interrumpir el funcionamiento del Congreso

Según han informado la Coordinadora 25S y la Plataforma ¡En Pie!, una de las marchas saldrá a las 17.30 desde Plaza de España con destino a la Puerta del Sol, para acceder al Congreso desde la Carrera de San Jerónimo, mientras que la otra tendrá como punto de partida Atocha y el Paseo del Prado, con el objetivo de acceder a la cámara desde las plazas de Neptuno y Cibeles. Una vez allí, a partir de las 18.00 horas, tienen previsto comenzar a avanzar hacia el Congreso de los Diputados hasta donde «les sea posible».

El programa de los convocantes

Hora oficial de la convocatoria:
18:00h.

Propuesta:

Bajo la premisa de rodear el Congreso formaremos un cinturón triangular entre las plazas de Sol, Neptuno y Cibeles.

Horario de los diferentes actos previos planteados:

12:00h. – Bienvenida en Plaza de España y Atocha

14:00h. – Comidas populares en Plaza de España y Paseo del Prado

16:00h. – Asamblea informativa acerca de la acción en Plaza de España y Paseo del Prado

17:30h. – Inicio de las marchas:
Desde Plaza de España, Paseo del Prado y Atocha para confluir a las18:00h en Sol, Neptuno y Cibeles, y dar paso de este modo al inicio de la acción de resistencia civil.

• No podrás acceder a disciplinas como la ingenería, la física nuclear, la informática, la literatura inglesa, la arqueología o los negocios.
• Los políticos tradicionales ven a las mujeres educadas y poderosas como una amenaza.

A partir del nuevo año académico las mujeres iraníes no podrán optar a carreras universitarias como ingenería, física nuclear, informática, literatura inglesa, arqueología o negocios, según publica este lunes BBC Mundo.

Más de 30 universidades han aplicado medidas para restringir o prohibir el acceso de las mujeres a ciertas disciplinas.

La premio nobel Shriin Ebadi ha señalado que esta es una iniciativa intencionada del gobierno para excluir a las mujeres de la educación. «El gobierno iraní está usando diversas iniciativas… para restringir el acceso de las mujeres a la educación, para que dejen de ser activas en la sociedad y para que vuelvan al hogar«, dijo Ebadi a la BBC.

Pese a que Irán fue uno de los primeros países en Oriente Medio en permitir que las mujeres fuesen a la universidad y la comunidad universitaria está compuesta en un 60% por mujeres, algunos expertos consideran que el gobierno iraní tiene miedo del avance educativo de las mujeres y quiere frenarla.

“Algunos iraníes dicen que ver tantas mujeres jóvenes al frente de las protestas de 2009 puso nerviosos a los líderes conservadores del país y que fue eso lo que provocó que tomaran medidas”, señala el BBC Mundo.

«El movimiento femenino ha desafiado por varios años a la masculina clase dirigente iraní«, señala Saeed Moidfar, un profesor jubilado de sociología de Teherán. «Los políticos tradicionales ahora ven a las mujeres educadas y poderosas como una amenaza«, añade.

La reforma de 2007 que introdujo los delitos contra seguridad vial en el Código Penal disparó el número de personas ingresadas en prisión por este tipo de delitos.

El Fiscal Delegado de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha defendido este lunes una reforma del Código Penal que permita «eliminar los obstáculos» que impiden en la actualidad «ampliar el abanico» de penas alternativas a la prisión –como programas de desintoxicación para conductores con problemas de alcohol– a reincidentes por delitos contra la seguridad vial, lo que reduciría el número de personas en prisión por este tema.

La reforma de 2007 que introdujo los delitos contra seguridad vial en el Código Penal disparó el número de personas ingresadas en prisión por este tipo de delitos hasta superar los 900 presos en 2010. No obstante, una posterior reforma del Código Penal, acometida en 2010, que flexibilizó las penas, permitiendo a los jueces optar por condenas alternativas a la prisión, como la multa o los trabajos en beneficio de la comunidad, ha reducido el número de internos en prisiones hasta los 771 en diciembre de 2011.

De hecho, según ha señalado Vargas en rueda de prensa en la sede de la Fiscalía de Seguridad Vial, menos del 1 por ciento de los condenados por delitos contra la seguridad vial acaban ingresando en prisión.Esto ha sido posible, según señala la Fiscalía, en parte, al «descenso considerable» en el número de internos en centros penitenciarios registrados en diciembre de 2010 y 2011, tras la última reforma del código penal.

Sin embargo, esa reforma no eliminó ciertos «obstáculos a programas de reinserción fuera de la prisión» en el caso de reincidentes, según ha explicado Vargas, que ha asegurado que «la ley se queda corta en algunos casos» y que de los más de 700 personas que cumplen prisión actualmente por delitos contra la seguridad vial hay un porcentaje, «difícil de precisar», de personas cuyo «sitio está fuera» de la cárcel.

En este sentido, ha explicado que una persona que es sorprendida tres veces sin permiso de conducir ya no puede evitar la prisión,aunque haya elementos objetivos que hagan creer al fiscal que sería mejor obligarle a asistir a clases para sacarse el carné u a un curso de reeducación, como pena sustitutiva a la prisión.

Por todo ello, Vargas ha defendido una propuesta incluida en la Memoria anual de este año del Fiscal General del Estado de este año en la que se propone reformar el Código Penal para que los jueces puedan optar por penas alternativas a la prisión, como tratamientos de desintoxicación para conductores con problemas de alcoholismo o cursos para sacarse el carné y de concienciación, que se ejecutarían como una alternativa a la pena de prisión al condenado.

Vargas ha insistido, sin embargo, en que estas condenas alternativas sólo se aplicarían a los conductores con alguna «patología» o «disfunciónsocial» y no a los que «incumplen las reglas una y otra vez» sin ningún otro motivo. Tampoco se aplicarían aquellos conductores condenados a prisión por «homicidio imprudente». Además, ha subrayado que, al estar condicionada la suspensión de la pena de prisión a cumplir la pena alternativa, en caso de no hacerlo, se decretaría el ingreso en prisión.

26,2% DE PRESOS POR ALCOHOL

De las 771 personas que cumplen penas de prisión en España actualmente por un delito de la seguridad, como causa principal, el 26,2% (202 personas) lo hacen por conducción bajo los efectos del alcohol y el33,4% (258) por conducir sin carné, lo que convierte a estos dos delitos en las dos principales causas por las que se cumple prisión en relación a la seguridad vial.

Según la propuesta de la Fiscalía, en aquellos casos de reincidentes en los que se pueda probar una relación de la comisión del delito con posibles alteraciones de conducta derivadas del consumo habitual o adicción al alcohol o drogas tóxicas, los conductores deberían pasar por unprograma de desintoxicación como alternativa al ingreso en prisión.

Mientras, en los casos de multirreincidencia por conducir sin carné, el juez pueda condicionar la suspensión de la pena a que se supere los exámenes para sacarse o recuperar el permiso de conducir, así como a la realización por el sujeto de programa de resocialización y educación.

Tanto las condenas por conducir borracho como por hacerlo sin permiso han experimentado un «repunte» en el último año, según ha señalado el fiscal. Concretamente, el número de procedimiento abiertos por los tribunales españoles contra personas acusadas de conducir bajo los efectos del alcohol se incrementó un 18,5% en 2011 con respecto al año anterior, mientras que el número de diligencias por conducir sin carné ha aumentado todavía más, un 52%.

Además, según los datos que baraja la Fiscalía de Seguridad Vial, el número de condenas por delitos relacionados con el alcohol «continúa en aumento» en 2012, situándose en el primer trimestre de 2012 en 36.375, lo que presagia que el año pueda cerrarse con más de 70.000 condenas, un 15,4 por ciento más que el año anterior.

AUMENTO DE LAS CONDENAS

En general, Vargas ha señalado que en los últimos años se ha producido un «significativo aumento» de condenas penales por delitos contra la seguridad vial, de un 36 por ciento entre 2008 a las estimaciones que baraja la Fiscalía para este año. Así, se ha pasado de 80.777 condenas en 2010 a 91.932 en 2011 y la previsión para este año es de alrededor de 110.000 condenas por delitos contra la seguridad vial.

El Fiscal de Seguridad Vial ha achacado este aumento de condenas a una mayor «eficacia» policial y no a que «haya más delitos». En este sentido, ha asegurado que en España cada vez hay «más eficacia en la justicia» en temas de seguridad vial y «más probabilidad» de que las personas que delinquen sean «sorprendidos». «Cada vez hay menos impunidad», ha subrayado.

Vargas ha resaltado el elevado número de personas que no vuelven a cometer un delito contra la seguridad vial tras ser sancionados, de alrededor del 90 por ciento, y ha subrayado el papel «preventivo», «disuasivo» y de «reeducación» del Código Penal. De todas las condenas, la más común es la de privación del permiso de conducir (65.102 penas en 2011), seguida de penas de trabajo en beneficio de la comunidad (46.017) y multa (unas 40.000).

La Fiscalía de Seguridad Vial ha difundido por primera vez tanto las propuestas incluidas en la Memoria anual de la Fiscalía General del Estados como los datos del trabajo de los tribunales en materia de seguridad vial con el objetivo de lograr una mayor difusión en Europa, según ha indicado Vargas.

Para escuchar la radio con el resumen del día 24//09/2012 hacer clic en la imagen

La Federación de Sindicatos de Policías de Grecia ha advertido hoy de que sus afiliados no reprimirán manifestaciones de trabajadores, en una jornada en la que se registraron conatos de enfrentamientos entre los agentes que protestaban ante la sede del Gobierno y los que la custodiaban.

«Que no piensen pedirnos oprimir las manifestaciones de los otros trabajadores», declaró hoy el presidente de la organización sindical, Jristos Fotópulos, según informó el canal Net.Fotópulos, junto a otros dirigentes de los sindicatos de Policías, de Bomberos y de Guardacostas, protestó hoy ante la sede del Gobierno contra los nuevos recortes de salarios previstos por el Ejecutivo.

Los agentes que custodiaban el edificio impidieron el acceso a sus colegas y, aunque hubo momentos de tensión, no se llegaron a producir incidentes y, finalmente, un miembro del gabinete del primer ministro accedió a recibirlos y les prometió una nueva cita en diez días.

Según los sindicatos de las fuerzas del orden, el Ministerio de Finanzas propone una reducción de entre el 6 y el 7,5 por ciento de su sueldo, a aplicar de forma retroactiva desde julio, y una rebaja más de hasta el 13 por ciento, a partir de enero de 2013.

Los sindicatos denuncian que si esos recortes se aprueban, los agentes tendrán que trabajar 50 horas semanales, incluyendo turnos de noche, para lograr un salario máximo de 700 euros.Hace dos semanas, unos 5.000 miembros de los cuerpos de seguridad se manifestaron en Atenas para denunciar la malas condiciones salariales. 

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/economia-general/los-policias-griegos-dicen-que-no-reprimiran-mas-protestas-de-trabajadores_EQ5P2XDxmkmVW2sPLLkcL1/

La AME aseguró que la actitud del presidente de la Generalidad y de los miembros separatistas de su Parlamento es improcedente e inadmisible.

La Asociación de Militares Españoles (AME) advirtió hoy de que los que promueven la “fractura de España”, como sucede con el independentismo en Cataluña, pueden acabar siendo juzgados por los tribunales castrenses. 

La AME hizo esta consideración tras referirse a que “la actitud del presidente de la Generalidad de Cataluña y de los miembros separatistas de su Parlamento es improcedente e inadmisible”.

A juicio de esta asociación, la actuación de los gobernantes catalanes “no se compadece, de ninguna de las maneras, con el deber y la responsabilidad que, como representantes del Estado, están obligados a observar y ejercer, siendo la principal la de guardar y hacer guardar la Constitución Española, vigente por la firme e inmovible voluntad del honrado, sorprendido y desconcertado pueblo español”.

En este sentido, la AME señaló que deben de ser la “más alta magistratura y los Gobiernos” los que apliquen la Constitución “para suprimir cualquier atisbo de secesión sin que, desgraciado hábito en nuestra Historia”.

Según estos militares, la actuación de estos poderes evitaría que “las Fuerzas Armadas se vean en la irremisible y gravísima tesitura de cumplir escrupulosa y estrictamente con la misión que la Carta Magna les otorga de garantizar la soberanía e independencia de nuestra patria”.

Si los militares deberían actuar, según la AME, los que “han permitido, participado o colaborado” en que exista una “amenaza de fractura de España” deben ser conscientes de que “habrán de responder con todo el máximo rigor de tan grave acusación de alta traición ante los tribunales en el ámbito de la jurisdicción castrense”.

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1. Introducción
¿Cuál es el punto de partida de un proceso constituyente?
Las circunstancias y hechos sociales derivados de las crisis política, económica, financiera y
ecológica, así como de la desigualdad intrínseca del sistema socioeconómico actual han determinado
un orden mundial criminal y depredador donde las pequeñas oligarquías políticas y financieras deciden
de forma legal quién va a morir de hambre y quién no. Ante esta situación, con el objetivo de dotar a
los ciudadanos de igualdad política real y no exclusivamente formal, se hace imprescindible una
revisión completa de las reglas de juego que rigen nuestra sociedad a través de la Constitución.
Una constitución fija los límites de los poderes del Estado y define las relaciones entre ellos y
de éstos con sus ciudadanos, estableciendo las bases del gobierno y la organización de las instituciones.
En España, el proceso constituyente parte del reconocimiento de que es necesario superar la
Constitución de 1978, que ha quedado obsoleta. Tres de cada cuatro españoles no pudo votarla y
quienes la pudieron votar, no pudieron influir en su redacción y contenido, porque el proceso respondió
a intereses fundamentalmente partidistas. Probablemente, ese era el único instrumento posible en aquel
momento dada la fuerte tutela militar del proceso. Sin embargo, el contexto histórico ha cambiado y ya
no salimos de una dictadura sino que estamos en un sistema representativo consolidado, aunque
defectuoso. Lo que se pretende en la actualidad es una profundización democrática.
En este sentido, la apertura de un proceso constituyente es fruto de la necesidad de crear un
nuevo entorno jurídico y político que quede legitimado por el poder constituyente, el pueblo soberano.
No debe permitirse, pues, que quienes ostentan el poder redacten las normas que lo regulan.
¿Qué es un proceso constituyente y cuál es su finalidad?
Un proceso constituyente está en el origen de todo sistema verdaderamente democrático y tiene
como fin una nueva constitución adaptada a las necesidades actuales de la población. La principal
diferencia entre un proceso constituyente y una reforma constitucional es que la reforma plantea sólo
un cambio parcial o más superficial en determinados artículos manteniendo el marco constitucional
vigente.
El Proceso Constituyente, por definición, es general y amplio, con carácter deliberativo e
inclusivo, y tiene como objetivo obtener una legitimidad democrática lo más amplia posible. Por ello,
debe brindar a toda la ciudadanía las mayores opciones posibles para participar libre y
democráticamente en todo el proceso, ya sea optando a candidato a la Asamblea Constituyente,
influyendo en la elaboración de la nueva constitución o participando en la ratificación definitiva del
texto constitucional.
En palabras de Antonio del Cabo, catedrático de Derecho constitucional, podemos entender el
proceso constituyente como:
La fijación de un pacto básico que se abre cuando existe una convicción generalizada en la sociedad
de que el anterior pacto de convivencia ha quedado agotado o cuando se perciben como injustas,
ineficaces o insostenibles sus decisiones básicas
2. Fases del proceso Constituyente
En el plano temporal, un proceso constituyente consta de las siguientes etapas que pasamos a describir
ordenadas cronológicamente.
2. 1) Fase pre-constituyente
En la fase pre-constituyente, la ciudadanía despierta del letargo. En ella, los ciudadanos más
activos manifiestan y transmiten la necesidad de implementar cambios en la organización política. En
esta fase de concienciación pública, además de explicarse las causas del descontento, deben
contemplarse las características y la naturaleza del proceso que se pretende iniciar así como sus pilares.
El estallido del movimiento 15M en 2011 fue sin lugar a dudas el “big bang” en términos de
toma de conciencia colectiva, expresión del descontento social y visualización del potencial de
empoderamiento ciudadano. Las causas del descontento mostrado en aquel momento atendían a
razones tanto políticas como económicas. A nivel político, el exceso de corrupción, la falta de
representatividad e inexistencia de mecanismos de control de los partidos y de las instituciones, así
como la imposibilidad efectiva de participar en política más allá del paso por las urnas cada cuatro
años. A nivel económico, la falta de soluciones socialmente aceptables a una crisis provocada por una
élite extractiva y parasitaria, que no hace sino ahondar en el expolio de la riqueza y en el
empobrecimiento del ciudadano medio. Es evidente que las causas del descontento siguen plenamente
vigentes.
2. 2) Fase decisoria / Activación del proceso
Cuando buena parte de la sociedad adquiere un determinado nivel de conciencia sobre la
necesidad de establecer profundas reformas en el sistema político vigente de un país, sus ciudadanos
toman la decisión de promoverlas a través de un acto formal y específico con características
procedimentales consensuadas.
Dada la inexistencia de mecanismos efectivos de democracia participativa para convocar un
referéndum sobre el proceso constituyente y dado que los poderes establecidos no confluyen con el
sentir mayoritario de los ciudadanos, debe establecerse un momento en el cual consolidar socialmente
el compromiso de la ciudadanía para arrancar el proceso constituyente. La fecha tentativa, marcada a
tal efecto, es el 25 de Septiembre de 2012. Ese día se ha convocado a toda la ciudadanía a rodear el
Congreso de los Diputados, forzar la dimisión del Gobierno y abrir un proceso constituyente. Para la
efectiva activación sería crucial que en esta fecha la masa social implicada en el evento adquiriese
poder destituyente, es decir, la capacidad de deslegitimar al gobierno actual autolegitimándose a sí
misma.
Para que esta fase desemboque en una situación en la que la ciudadanía se convirtiera en sujeto
constituyente podrían darse tres escenarios recogidos en el siguiente esquema:

Esquema 1: Formas de activación del Proceso Constituyente

Explicación de los 3 escenarios:

Opción 1: La ciudadanía establecería unilateralmente un mecanismo de consulta, cuyo apoyo masivo
podría concentrar la legitimidad democrática. Sería el caso de una consulta ciudadana, promovida por
una parte de la población, que podría articular mecanismos online y presenciales para que la ciudadanía
pudiera mostrar su opinión sobre la necesidad de abrir el proceso constituyente.
Opción 2: En este segundo escenario, la ciudadanía participaría en un proceso electoral anticipado,
otorgando el poder a uno o varios partidos cuyos únicos objetivos son abrir el proceso constituyente.
Estos partidos reunirían en su programa el conjunto de requisitos, mecanismos y características del
proceso constituyente: los plazos, las posibles morfologías de la Asamblea Constituyente y los
mecanismos de elección de los integrantes de ésta, así como las posibles formas de participación
ciudadana durante la elaboración del texto y su ratificación posterior. Todos estos aspectos deberían ser
consultados a la ciudadanía en un referéndum vinculante para así decidir la procedimentalidad
constituyente a aplicar.

Opción 3: La presión ciudadana organizada y masiva podría lograr que el vigente poder constituido,
muy a su disgusto, cediese directamente a las demandas populares y convocara un referéndum
vinculante sobre la activación del proceso constituyente.
El referéndum de activación asociado a cada uno de estos hipotéticos escenarios puede hacer
referencia a cuestiones procedimentales (tal y como muestra el siguiente esquema) o limitarse a
preguntar sobre la activación (sí/no). Es decir, dicho referéndum podría plantear una de las dos
siguientes opciones:
1) la activación del proceso, de modo que las cuestiones metodológicas se decidiesen con
posterioridad.
2) la activación del proceso, más la especificación de la metodología asociada a cada fase
constituyente.

Ahora bien, una vez decidida la necesidad de iniciar un proceso constituyente ya sea vía opción 1 u
opción 2, la ciudadanía tendría que centrarse en consensuar la forma en la que éste podría desarrollarse.
Es decir, en tratar los posibles detalles procedimentales.
2. 3) Fase de desarrollo del proceso constituyente
La fase de desarrollo del proceso constituyente es la más compleja. Establece un periodo de
debate donde los ciudadanos y los actores políticos reflexionen, deliberen y discutan sobre las
principales cuestiones a la hora de configurar esta nueva estructura político-jurídica y sobre las
diferentes metodologías para llevar a cabo los cambios deseados. A grandes rasgos, sería necesario
consensuar cuestiones en torno a tres puntos: 1) la creación y morfología de una Asamblea
Constituyente (AC) que desarrolle el texto constitucional, 2) los mecanismos de elección y acceso a la

AC, 3) la forma de interacción entre la AC y la ciudadanía durante el proceso de desarrollo de
propuestas, refundición y perfeccionamiento de las mismas y 4) el modo de aprobación del texto.
2.3.1) La definición de la morfología de la Asamblea Constituyente
La Asamblea Constituyente (AC) es el organismo colegiado, compuesto por una serie de
personas que, reunidas, tienen como función redactar la nueva constitución. La AC está dotada para
ello de plenos poderes al que deben someterse todas las instituciones públicas. Así, la cuestión clave en
primera instancia es la de determinar la morfología de la AC, es decir, quiénes la componen. Lo ideal
sería que la AC estuviese formada por personas que reflejen y aglutinen el sentir colectivo. Para lograr
esta funcionalidad, existen diferentes diseños entre los que escoger. A continuación se detallan algunas
de las opciones más relevantes:
i) Candidatos personales e independientes que cumplan con el requisito de contar con un cierto
número de avales.
ii) Listas de candidatos propuestas por los partidos políticos (cerradas o abiertas).
iii) Ciudadanos escogidos al azar mediante selección aleatoria (sobre el censo total de
ciudadanos o sobre un censo de ciudadanos voluntarios siendo estos mayores de edad y sin
impedimentos legales).
iv) Combinaciones entre las variantes anteriores (por ejemplo: que el 50% de la Asamblea
Constituyente fuese conformada según la opción i y el otro 50% según la opción III).

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