SANTIAGO, 27 nov (IPS) – El empleo de cuidado de personas genera “inquietud” entre expertos y defensoras de los derechos de la mujer, para quienes, pese a ser una labor con poca injerencia en el número de ocupados de América Latina, es sinónimo de precariedad, discriminación y desigualdades.
El último informe social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indica que el trabajo remunerado en el cuidado de niños, ancianos y discapacitados es “altamente feminizado, con escaso acceso a la protección social, alta presencia de inmigrantes, mucha rotación y bajos ingresos”.
Este tipo de labor “es realizada mayoritariamente por personas que se concentran en los quintiles de menores ingresos y son jefas de hogar, por lo cual supone mayor precariedad de empleo, más vulnerabilidad en materia de pobreza, ingresos menores por grupo familiar y menor capacitación”, explicó la chilena Laura Albornoz, exministra del Servicio Nacional de la Mujer.
Albornoz señaló a IPS que “esta sumatoria de discriminación impide avanzar en materia de equidad, que es la aspiración de todos los países de la región”.
El Panorama Social para América Latina 2012, presentado por Cepal este martes 27 en su sede de Santiago de Chile, dedica un capítulo especial al problema, en el cual se señala que este sector absorbe 6,7 por ciento de las personas empleadas en los 14 países estudiados de la región, tres cuartas partes de las cuales se desempeñan en el servicio doméstico en hogares.
Las mujeres ocupan 94 por ciento de los trabajos asociados al cuidado de personas, la mayoría de ellas lo hacen en el servicio doméstico y las demás en la educación y la salud, agrega el documento.
“En el panorama 2009 abordamos el trabajo de cuidado no remunerado y la tremenda carga de las mujeres en el hogar, pero teníamos un vacío en el empleo remunerado en cuidado”, explicó a IPS el director de la División de Desarrollo Social de la Cepal, Martín Hopenhayn.
“Apareció este dato inquietante sobre que el empleo remunerado en cuidados es relativamente bajo para una actividad tan grande y que no se modifica demasiado a lo largo de 10 años”, añadió.
“La parte que yo no termino de explicarme bien es por qué, si la pobreza se ha reducido, si los ingresos de los hogares han aumentado, no destinan mayor número de hogares dinero a comprar cuidado, que generaría además más empleo en ese sector”, sostuvo.
Según la Cepal, la región finalizará este año con 167 millones de personas en situación de pobreza, un millón menos que en 2011, lo cual equivale a 28,8 por ciento del total de habitantes. Esta caída del indicador es impulsada, principalmente, por el aumento de los ingresos laborales en los hogares pobres.
Sin embargo, a juicio de los expertos, el cuidado remunerado de personas no es ejemplo de esto.
Para Hopenhayn, existe un tremendo rezago en la protección social en el empleo de cuidado, es decir, la precarización del trabajo, la falta de pago de seguridad social y de servicios de salud asociados al contrato laboral.
“Esto influye mucho para que no haya un incentivo a que más gente quiera ocuparse en este rubro, salvo grupos especiales como por ejemplo las mujeres inmigrantes”, apuntó.
Esta realidad además se traduce en sueldos precarios, que en el caso de las mujeres inmigrantes sufren una merma aún mayor, pues parte de su dinero es destinado para el envío de remesas de dinero a sus países de origen.
En promedio en los 14 países medidos en 2010 por la agencia regional de la Organización de las Naciones Unidas, la pobreza alcanza a 24 por ciento de los trabajadores del cuidado, frente a 20 por ciento de los ocupados en general.
En contraste, Menos de 10 por ciento de los que laboran en cuidado de personas en la salud y en la educación son pobres, entre otros factores porque poseen más años de escolaridad que el resto de sus colegas.
El estudio de la Cepal asevera, además, que “existen profundas desigualdades y discriminaciones de género que afectan negativamente a la mujer, quien lleva la carga del cuidado en calidad de trabajo no remunerado y poco reconocido”.
Un ejemplo de ello es Carmen Gloria Siade, de 55 años, quien realiza labores domésticas en casas de familia desde hace tres años. Madre de tres hijos, gana en promedio el equivalente a 100 dólares por semana. Su marido tiene un contrato desde hace tres años, pero un cáncer gástrico lo tiene en su casa desde hace un mes.
Siade no tiene contrato, por lo tanto, carece de protección social. “Llego muy cansada a la casa y ahora, además, debo cuidar a mi marido, que anda súper mañoso (irritable)”, confesó.
Albornoz explicó que en el trabajo de cuidado remunerado opera una mayor discriminación respecto de las mujeres que desempeñan esa labor.
“En Chile y en el resto de América Latina esto ha tenido una regulación bastante lenta. La mayor parte de los casos se trata de empleos precarios, informales, donde hay escasa fiscalización”, señaló.
Al respecto, Hopenhayn precisó que casi 12 por ciento de las mujeres que trabajan en la región lo hacen en el servicio doméstico.
“No es un porcentaje mayoritario, pero es un grupo donde claramente la incidencia de la pobreza es mayor que en el resto de los grupos ocupacionales”, explicó.
“Este es uno de los muchos componentes que explican el por qué la pobreza femenina es mayor que la masculina”, concluyó.
El experto de Cepal precisó que es muy importante que los sistemas de protección social de la región se amplíen y rediseñen para dar respuesta a la nueva demanda de cuidados, eje que a su juicio deberá ser prioritario en las políticas, ya que se vincula con distintas aristas de la desigualdad.
En esa línea, Hopenhayn destacó el modelo que intenta implementar Uruguay y en el que el Estado tiene un papel preponderante en el llamado Sistema de Cuidados, en elaboración por el Ministerio de Desarrollo Social, con consultas abiertas a la población
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