Los antidisturbios intervienen de forma indiscriminada. Hay al menos 25 detenidos, entre ellos seis menores. Cientos de personas protestaban en una marcha, que partía del Instituto Lluís Vives, contra los recortes y la actuación policial de la semana pasada.

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La Policía ha vuelto a hacer uso de la fuerza para dispersar una manifestación estudiantil en Valencia (ver fotogalería). Los agentes antidisturbios no han dudado en utilizar las porras y golpear a los manifestantes, informa Belén Toledo. Al menos hay 25 detenidos, entre ellos seis menores de edad, y otros cinco heridos, según cifras de la Policía Nacional.

© Juan Navarro
Un joven herido es retenido por varios agentes.

La concentración, convocada a través de las redes sociales, partía del Instituto de Secundaria Lluís Vives hacia las dos y media de la tarde. La marcha protestaba por los recortes en educación y la actuación policial de la semana pasada contra los estudiantes del centro, que finalizó con 17 detenidos y varios heridos, alguno de ellos con lesiones muy aparatosas.

A las tres de la tarde, la policía, que ha desplegado hasta 25 furgones, dispersaba por la fuerza la manifestación, que se había iniciado de manera pacífica, y los estudiantes empezaron a dispersarse por diferentes calles. Durante horas la situación en el centro de Valencia era la de antidisturbios que intervenían de forma indiscriminada al tiempo que los jóvenes intentaban volver a concentrarse y salían corriendo para evitar los porrazos, informa Belén Toledo.

Poco antes, los manifestantes habían cortado el tráfico al grito de «los ladrones a prisión y el dinero a educación» en la céntrica calle de Xàtiva, frente a la estación del Norte y a pocos metros de la plaza del Ayuntamiento. En todo momento han estado bajo la vigilancia de la Policía mientras los vecinos y viandantes jaleaban a los jóvenes y criticaban la actuación policial por cargar contra «niños».

Pasadas las 20.30 horas, un gran número de personas volvía a congregarse junto al Lluís Vives reanudándose los enfrentamientos con la Policía. Esta vez, entre los manifestantes ya no había solamente estudiantes. Padres, políticos y numerosos ciudadanos se han unido a la protesta mientras graban con sus móviles las constantes cargas de los antidisturbios.

La Policía defiende su actuación

La tensión en la ciudad ha sobrepasado lo vivido hace sólo unos días. Marga Sanz, la portavoz de EU en Les Corts,denunciaba que «estamos ante una ciudad tomada por la policía, que está dejando unas imágenes brutales de agresiones a chavales, a periodistas y a transeúntes cualquiera». Entre los agredidos también se encuentra Joan Baldoví, el diputado nacional de la coalición Equo-Compromís.

El jefe de la Policía, Antonio Moreno, ha defendido la actuación de sus agentes, tal y como había hecho anteriormente la Delegada del Gobierno en Valencia, Paula Sánchez de León. Moreno se ha escudado en la «agresividad» de los manifestantes para justificar el uso de la fuerza y ha instado a la autoridad judicial a evaluar si ha sido una respuesta proporcionada.

Moreno no ha querido revelar el número de agentes que han interviniendo y, al ser preguntado por ello, ha respondido, en tono bélico, «no es prudente revelarle al enemigo cuáles son mis fuerzas». «Algunos creen que están en un juego, pero luego vienen las sorpresas y las lamentaciones», ha añadido.

Anteriormente, en otra rueda de prensa, Sánchez de León salía al paso y negaba que hubiera «represión» policial contra los estudiantes. La delegada aseguró asimismo que si se detecta «extralimitación» de algún agente habrá «consecuencias», igual que para quien actuó de forma ilícita, antes de dejar claro que no tiene constancia de denuncia o investigación alguna contra ningún agente.

EUPV-Els Verds ha registrado esta mañana en el Congreso de los Diputados la solicitud de comparecencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para que explique la intervención policial. La formación ha indicado que entre los detenidos de la semana pasada dos han quedado en libertad con cargos tras prestar declaración ante la Policía y otros ocho han sido puestos a disposición judicial. A la petición de EUPV se ha sumado el PSOE, que también ha solicitado la presencia en la Cámara Baja del director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó.

© Desconocido

Tras los incidentes de la semana pasada ya han sido varias las voces que se han levantado contra los «excesos» de la Policía en Valencia. Hoy, han sido los propios profesores del Lluís Vives quienes han rechazado la «furia policial» a través de un comunicado.

Las muestras de apoyo a las concentraciones se han reproducido en diferentes puntos. En la Universidad de Valencia, unos 400 alumnos y varios profesores se han encerrado en la facultad de Geografía e Historia donde han decidido en asamblea no abandonar las calles hasta que la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana no dimita de su cargo. La decana, Elena Grau, ha permitido la concentración y ha negado el acceso a la policía, que rodea el recinto.

En Madrid, unas 200 personas se han dado cita en la Puerta del Sol con pancartas como «Todos somos el Lluis Vives» y han pedido a voces la dimisión de la Delegada del Gobierno. En twitter, el hashtag #PrimaveraValenciana se ha convertido en el tema más comentado en España y se ha colado entre los tres primeros en todo el mundo.

El presidente de la Federación Valenciana de Estudiantes (Faavem), Alberto Ordóñez, ha reclamado la liberación sin cargos de los detenidos, ha advertido que pretenden seguir con las protestas y ha dejado claro que mañana se repetirán con toda certeza. Ordóñez ha calificado la actuación policial como «típica del franquismo» y ha asegurado que el colectivo que preside pedirá «a partir de ahora» autorización para sus actos.

Por su parte, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans ha señalado en un comunicado que el número de heridos por los incidentes de esta tarde asciende a más de un centenar. Según critica la entidad, la delegada del Gobierno «ha declarado la guerra a los estudiantes» haciendo uso «de la violencia y la represión si es necesario».

http://es.sott.net/articles/show/11801-La-Policia-vuelve-a-cargar-contra-los-estudiantes-en-Valencia

No hay política de ajuste que no implique, simultáneamente, como su contracara necesaria, una política represiva orientada a la domesticación de la protesta social. Al ineludible incremento de la conflictividad social ante decisiones radicalmente desequilibradas en la distribución de privilegios y perjuicios, el gobierno nacional arremete contra las libertades cívicas, incluyendo el derecho a manifestación y reunión. Medidas antipopulares como la reforma laboral, el brutal recorte del gasto social simultáneo al mantenimiento de los privilegios presupuestarios de la corona, la iglesia católica y las fuerzas armadas, la acentuación de un sistema fiscal regresivo, el retroceso en términos de derechos de las mujeres, la inhabilitación judicial de un juez emblemático como Garzón (por su investigación de crímenes de lesa humanidad y de una de las tantas tramas corruptas existentes) o el rescate público a la banca privada, entre otras medidas, tienen como corolario la instauración de un estado policial que se sustrae de las leyes de excepcionalidad que institucionaliza para actuar al margen de todo control democrático, generalizando la suspensión temporal de derechos en nombre de una situación de urgencia.

En efecto, en nombre de esa urgencia, la derecha gubernamental española -presionada internamente por sus facciones más ultraconservadoras y a nivel externo por una unión europea cooptada por el poder financiero global- no tiene más respuesta ante las diversas demandas sociales que la criminalización de los participantes en las manifestaciones sociales y la usurpación policial del espacio público en nombre del orden social. El propio emplazamiento ideológico sitúa al partido gobernante en el dilema de cargar contra los manifestantes y atizar la indignación colectiva o de permitir su movilización y contrariar los deseos de una parte significativa de su electorado.

La resolución al dilema no ha tardado demasiado en llegar: la apuesta por judicializar los conflictos sociales resulta clara. Que para esa tarea la policía se emplee a fondo, imputando a los manifestantes delitos de desorden público, resistencia y desobediencia a la autoridad (a pesar de las evidencias en sentido contrario), no debería hacernos perder de vista algo mucho más grave: no sólo que el aparato represivo estructurado durante el franquismo nunca fue desmontado sino que lo que está en curso es una política transversal en Europa, producto del desplazamiento de una variante social-demócrata más o menos benevolente del capitalismo a una variante neoliberal mucho más virulenta.

La adquisición millonaria de materiales antidisturbios ya hacía prever esta intensificación de las políticas represivas en España. Que enfrente estén miles de ciudadanos protestando (desde parados y estudiantes, pasando por políticos de izquierda y miembros de sindicatos minoritarios hasta trabajadores del sector público o jubilados) no parece conmover en lo más mínimo al nuevo bloque gobernante. La escalada autoritaria acaba de empezar. Bajo la supervisión de unas instituciones políticas europeas subordinadas a las oligarquías financieras, el partido gobernante tiene vía libre para proseguir la dirección que ya se figuraba en el anterior gobierno nacional: destruir los últimos restos del estado de bienestar, disciplinar a las clases trabajadoras y consolidar el gran capital financiero y empresarial.

Erigido en mayoría absoluta por una ley electoral antidemocrática que suelda legalmente el bipartidismo como política de estado y a pesar de ser una primera minoría (recuérdese que el PP apenas obtuvo el 30 % de los votos del censo electoral), el gobierno actual sabe que las políticas de ajuste y el rescate de los agentes financieros no se producirá sin resistencias sociales relevantes. De ahí la decidida apuesta por criminalizar a los grupos y movimientos sociales contestatarios que ponen de manifiesto el malestar colectivo. Su objetivo político no es tanto suprimir de lo público las protestas sociales (objetivo que no puede sino fracasar estrepitosamente) sino domesticarlas, esto es, regular sus movimientos y encauzar sus apariciones, en suma, procurar controlar un devenir que, de otro modo, podría dar lugar a lo imprevisible, a la puesta en acto del fantasma de la revuelta o de lo que hay de excedente incontrolable en el acontecimiento.

No es sólo un problema de arrogancia amparada en una mayoría parlamentaria (manifiesta por lo demás en cargas policiales tan desproporcionadas como torpes en la previsión de sus efectos negativos); lo que está en marcha es la construcción de un poder soberano para-estatal que consolide un modelo de acumulación basado en la concentración de la riqueza y en el disciplinamiento social. Que para ese fin se produzca una «movilización total» del bloque dominante no debería extrañar, empezando por el despliegue de una retórica cínica que recuerda las peores anticipaciones de Orwel en 1984: desde esa perspectiva, no hay vacilación alguna en presentar de forma invertida la reforma laboral como una «garantía de empleo», la destitución vergonzosa de Garzón como un «ejemplo del estado de derecho», el recorte (selectivo) como una «medida para preservar el estado de bienestar» o el salvataje de entidades bancarias privadas como una «defensa del interés general». Que los portavoces de las clases dominantes insistan en la limitación del derecho de huelga sin el más mínimo pudor democrático forma parte de esta escalada autoritaria requerida para alterar la anatomía de una formación social capitalista habituada hasta fechas relativamente recientes a un régimen de pequeños privilegios (basado en la promesa de un acceso ilimitado al consumo). Que ese régimen se haya sostenido históricamente por la transferencia del malestar a los países periféricos, tal como la izquierda más lúcida viene anticipando desde hace décadas, no niega el carácter ilusorio de esa promesa. El endeudamiento crónico, el empobrecimiento extendido y la metamorfosis de los mercados de trabajo (arrojando a millones de personas al paro y sobreexplotando a tantos otros) hacen visible lo que en una fase previa operaba de forma latente; a saber, que el modelo de crecimiento capitalista estructuralmente presupone la desigualdad de clases y, en última instancia, la pauperización de franjas sociales cada vez más vastas.

En cualquier caso, el sesgo autoritario de la derecha gobernante señala la debilidad de su poder hegemónico al momento de legitimar unos cambios que ya vienen predeterminados por los organismos de crédito internacional y sus portavoces comunitarios. El salvataje de la burguesía financiera y empresarial tiene como contrapartida la precarización no sólo del trabajo sino de las condiciones de vida de las clases populares y medias españolas, precedida por la marginación y discriminación laboral e institucional de la población inmigrante y refugiada. La destrucción de múltiples derechos económicos, sociales y culturales, las fuertes restricciones al acceso a los servicios públicos y la tendencia a su privatización (incluyendo la gestión de las pensiones, de la sanidad y de la educación terciaria), son otras tantas consecuencias necesarias de un sistema político cada vez más subordinado a los imperativos sistémicos. Que esa metamorfosis salvaje de la «sociedad» se haga en nombre del «interés público» no cambia las cosas. Como enfatiza Laclau, «la sociedad no existe» en tanto presunto orden unificado. Lo que persiste, más bien, es un tejido social escindido, en el que las clases dominantes han iniciado una ofensiva global sin precedentes. No cabe descartar que estemos llegando a un punto de no retorno, en el que la destrucción del medioambiente y la pauperización de las mayorías sociales se articula a la eliminación del considerado «excedente humano», no sólo a través de guerras a medida del complejo industrial-militar trasnacional sino también a través de hambrunas locales, perfectamente evitables con controles mínimos sobre el sistema de especulación mundial.

Que ese punto de no retorno sea sistemáticamente desconocido por parte de los medios masivos de difusión, esto es, que las políticas informativas hegemónicas no sean sino otra forma de desinformación crónica, funcionales a un complejo mediático-empresarial cada vez más concentrado, es otro signo de la escalada autoritaria que aludíamos previamente. La crisis de legitimidad sistémica se transforma en planificación del engaño. Al neoliberalismo económico – lo sabemos al menos desde las dictaduras latinoamericanas de los 70- siempre le sentó bien la «mano dura». El autoritarismo político y el neoconservadurismo cultural son sus mejores aliados. Que en España esas tradiciones remiten a la perversa herencia franquista no parece dejar mucho margen de duda, pero eso no es óbice para recordar que la dinámica político-económica rebasa esa herencia histórica y compromete al capitalismo en su fase actual, no sólo como modo de producción de excedentes sino también como modo de destrucción planetaria.

Si lo que está en curso en una dimensión económica es una vertiginosa concentración de la riqueza social, lo que se hace manifiesto en el sistema político es, por usar la expresión de Rancière, un auténtico «odio a la democracia». Además de una afrenta radical contra las demandas de justicia, el nuevo (des)orden mundial ha activado una gigantesca máquina de trituración de vidas humanas, indiferente a cualquier regulación (o limitación) externa. Que esa máquina tenga sus beneficiarios concretos no niega el estado de descontrol en que se encuentra. Sus beneficiarios, en última instancia, no son más que engranajes o enganches atrapados en su funcionamiento maquínico.

En última instancia, ante esa dinámica, ni siquiera la derecha más totalitaria se propone clausurar toda manifestación de disidencia. No podría conseguirlo aunque se empecinara. La lógica del terror es demasiado onerosa y, en consecuencia, está reservada para aquellos colectivos que el poder económico-financiero soberano dictamina como no «integrables» por otros medios. Cuando no alcanzan los golpes de mercado, se los complementa con un uso controlado de la violencia policial. Im-poner el miedo en los cuerpos, fijarlos a la cuadrícula de lo políticamente previsible, en suma, taponar su energía revolucionaria, son algunas de las tantas modalidades sistémicas de atemperar esa disidencia, asimilándola como parte de la representación (teatral) del «juego democrático» (reducido a la lógica de alternancia de las oligarquías parlamentarias).

En las condiciones del presente, resulta cada vez más plausible la tesis de que estamos viviendo en un umbral en el que las fronteras entre «estado democrático» y «estado totalitario» tienden a hacerse cada vez más difusas (lo que no significa que coincidan plenamente). Hay motivos más que razonables para sospechar que estamos internándonos en esa zona indiscernible donde «democracia» y «totalitarismo», «autogobierno» y «dictadura», ya no forman alternativas formales de una dicotomía política sino elementos de una conjunción sistémica. Podría incluso argumentarse que no se trata en absoluto de una conjunción sino de una fagocitación creciente del primer término por el segundo. Lo que está en peligro, en ambos casos, es el proyecto de una sociedad en el que la autonomía individual y colectiva no sea una mera pantalla de una sociedad administrada.

Aunque este peligro no sea estrictamente novedoso, su intensificación presente en el contexto europeo quizás sea indicio de una ofensiva sin precedentes. A la política del miedo que quieren institucionalizar, la réplica de la izquierda radical no puede ser otra que la politización radical de las actuales formas institucionales. Ante la reestructuración del capitalismo nuestra apuesta debería ser la desestructuración de su hegemonía, haciendo visible su violencia cotidiana. Desafiar el miedo, en este punto, deviene práctica activa de la disidencia.

– Referencia: Sott.net, 19 febrero 2012
– Fuente: Rebelión, por Arturo Borra

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