El año que viene entrará en vigor el llamado “factor de sostenibilidad”, que sirve para recortar la pensión inicial en función del aumento previsto de la esperanza de vida de los que se jubilan.
Se trata de uno de los dos dispositivos automáticos de ajuste a la baja de las pensiones introducidos por la Ley 23/2013 de 23 de diciembre, según lo previsto en la anterior reforma (Ley 3/2011 de 1 de agosto). La novedad del factor de sostenibilidad es el carácter automático del ajuste.
La esperanza de vida ya había servido de base para el retraso progresivo de la edad de jubilación impuesto por la Ley de 2011, la cual preveía la instauración de un mecanismo automático para 2027, año en que se agotaba el efecto del retraso de dos años de la edad de jubilación.
La sostenibilidad
Casi como un conjuro, se invoca la palabra sostenibilidad para justificar el recorte de las pensiones.
Antes de entrar en el análisis de las medidas concretas adoptadas en nombre de la “sostenibilidad”, como el mencionado factor, es necesario repetir que el problema futuro del sistema de pensiones es exclusivamente de distribución de los recursos.
Las proyecciones futuras indican, por una parte, que la población total se mantendrá aproximadamente constante en el horizonte de 2050, por lo que, si el número de pensionistas aumenta, disminuirá necesariamente el número de no pensionistas. Como, por otra parte, se espera que, a largo plazo, el PIB crezca en torno al 2% anual, con una población constante, los ingresos medios per cápita crecerán en esa misma proporción (pero bastaría con que se mantuvieran constantes). De ello se deduce con facilidad que, de producirse, una disminución del ingreso medio de los pensionistas se acompañaría de un incremento del ingreso medio de los no pensionistas[1].
Ocurre que, tal como está diseñado actualmente el sistema, basar el equilibrio interno únicamente en las cotizaciones, provoca una transferencia de renta de los jubilados a los no jubilados. La respuesta obvia es que es necesario recurrir a formas de financiación adicionales que permitan adaptar la distribución a las nuevas circunstancias demográficas y del mercado de trabajo y eviten la redistribución negativa. Desde este punto de vista, el poder adquisitivo de las pensiones puede, al menos, mantenerse sin afectar el nivel de vida del resto de la población. Los recursos existen ahora y se prevé que existan en el futuro, como se puede comprobar en el extenso y documentado análisis realizado por Antonio González, publicado en este Blog el 27 de febrero pasado, bajo el título “¿Mantener el poder adquisitivo de las pensiones? Sí se puede.”
El uso de la esperanza de vida para el recorte de las pensiones
Introducir la esperanza de vida y su evolución en el cálculo de las pensiones es un elemento esencial en el dispositivo neoliberal de laminación de las pensiones públicas y, en su propuesta estrella, las cuentas nocionales, ocupa un lugar central. La lógica que subyace es que cada persona que se jubila recibe, a lo largo de su vida de pensionista, una cantidad global dada, equivalente a lo cotizado a lo largo de su período activo, y que lo que cobre cada mes depende de los años que se espera que viva. Es exactamente lo que ocurre en un plan de pensiones privado: el capital acumulado debe estirarse en tantos años como vaya a vivir el que se jubila.
La reforma tiene efectos drásticos a largo plazo, con la ventaja añadida, para los que buscan, precisamente, reducir drásticamente las pensiones, de derivar aparentemente del sentido común: puesto que vivimos más, será necesario trabajar más o cobrar menos pensión. Sin embargo, a pesar de su aparente evidencia y hasta facilidad de aplicación, la utilización de la esperanza de vida como instrumento para reducir las pensiones plantea problemas de equidad, a los que se añaden, en este caso, los que se derivan del diseño del llamado factor de sostenibilidad y su cálculo práctico, que adolece de importantes insuficiencias técnicas.
El factor que ahora analizamos se empezó llamando “de equidad generacional”. Es un concepto muy querido por los economistas neoliberales, tan poco preocupados por los innumerables otros casos de falta de equidad (entre categorías sociales, entre hombres y mujeres, etc..) incluyendo los que afectan a las generaciones (se suelen oponer al impuesto sobre sucesiones que pretende igualar las condiciones de partida de las generaciones). En este caso, consideran que las generaciones de jubilados más recientes, que van a vivir más años, estarían injustamente favorecidas, con relación a las anteriores, si cobraran la misma pensión o se jubilaran a la misma edad. Tras esta aparente búsqueda de la equidad, se esconde simplemente la lógica de los sistemas privados de ahorro: el “riesgo” de vivir más de lo previsto es soportado íntegramente por el beneficiario de la renta vitalicia a la que se asimila la pensión. Esa lógica conduce a que, en los sistemas privados, una mujer reciba una pensión inferior a la de un hombre, si cotizan igual, porque la va a recibir durante más años, debido a la mayor esperanza de vida de las mujeres.
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