“A quienes sigan utilizando la piratería, pues que se tengan de atrás, porque de aquí para adelante el tema de prisión y de penas se va aplicar con todo rigor, si logramos que el Congreso tipifique estas nuevas conductas que hoy no están previstas en nuestra legislación”. Así presentó el ministro del Interior y de Justicia colombiano, Germán Vargas Lleras, su proyecto de ley antipiratería (ver pdf).

El ministro Lleras agregó que “las autoridades judiciales y la propia Fiscalía señalaban que nos les era posible hacer uso del derecho penal a quienes venían y vienen utilizando internet con propósitos de piratería; esta ley establece penas severas”.

La ley prevé dar poderes a los proveedores de servicios de Internet (ISP) para bloquear contenidos de una web que viole derechos de autor, sin necesidad de un trámite judicial. Para el columnista Guillermo Santos Calderón “el proyecto de ley tiene muchos errores por desconocimiento del tema”:

En esta ley no queda claro qué es un ISP – Prestador de Servicio de Internet -, que para efectos prácticos de la ley es fundamental. La definición que aparece en la ley no es nada clara y esto preocupa porque son jugadores importantes, si se aprueba.

La ley tampoco es precisa en establecer el procedimiento como los ISP pueden controlar el contenido, ya que en una parte se habla de su responsabilidad, mientras en otra se dice cómo pueden quedar exonerados. Por lo tanto, los ISP, por curarse en salud, pueden optar por no publicar contenidos, como sucedió el año pasado cuando Telefónica bloqueó contenido de RapidShare.

Carolina Botero, abogada, bloguera, colíder de Creative Commons en Colombia y una de las mayores conocedoras de los temas de derechos en Internet, considera que este proyecto de Ley representa un paso hacia adelante en la protección de derechos de autor en el país. “Este tipo de normas es una de las mejores herramientas que se vienen desarrollando dentro de la tendencia internacional de reforzar la protección del derecho de autor, especialmente en Internet. Pero es precisamente esa la razón de su gran crítica: el hecho de que ignore el ecosistema creativo al favorecer solo un punto y olvidar el resto”.

Según explica Carolina Botero, “se suponía que el grupo de trabajo había acordado que el texto pasaría a discusión pública, para que contara con el aporte de organizaciones, expertos y los colombianos en general”. Sin embargo, “parece que las premuras de la agenda legislativa terminaron con las buenas intenciones, y el proyecto pasó derecho al Congreso”.

Se debe tener presente que el gran tema dentro de la construcción de estas leyes en el tiempo que vivimos (y teniendo en cuenta a Francia, España, Chile e incluso Brasil) es la participación de la sociedad civil, del público. Durante las últimas décadas estas leyes han sido construidas por los autores y titulares desde su óptica, y poca o nula atención se ha puesto a las necesidades como el acceso y la información, las del público, que es el otro extremo de esta ecuación. Creo que es un error haber ignorado a la gente en este sentido, las leyes que lo han hecho han generado una reacción de impopularidad muy fuerte (Sinde o Hadopi).

Además como señala la propia Carolina Botero, “las redes sociales pueden marcar un momento histórico en Colombia: han movilizado en poco tiempo un interés por el proyecto sobre derecho de autor llamado “Ley Lleras” que podría llevarnos a construirla entre todos como un sistema más equilibrado para el futuro.

En Facebook, la página hadopicolombia, (Contra una Ley Sinde/Hadopi en Colombia) promueve el rechazo a a una ley que de aprobarse incluiría en el artículo 271 del Código Penal una pena de 4 a 8 años de cárcel y multas de 26.66 a 1.000 salarios mínimos para los delitos de violación a los derechos de autor y derechos conexos.

Una ley que otorga poderes a Telmex o Telefónica para eliminar contenidos de la red cuando reciba la denuncia del “dueño de los derechos” presuntamente inculcados. Los ISP tendrán que limitarse a informar a quien publicó los contenidos antes de retirarlos o inhabilitar la dirección donde se alojó ese contenido. El proveedor tendrá 72 horas para hacer este trámite. Al presunto infractor que considere injusta la censura de los contenidos de su página le queda entonces, una vez que la telefónica de turno ya ha retirado los contenidos, recurrir a la Justicia.

“Es el precio que hay que pagar por no incurrir en lo que ha pasado en España y Francia en donde prefirieron darle esta facultad a una entidad gubernamental y que fue objeto de críticas porque lo vieron como una censura política de internet. Propusimos para Colombia la alternativa de darle esto a los jueces”, explica el padre intelectual de la ley que no es otro que Juan Carlos Monroy, máximo dirigente de la Dirección Nacional de Derechos de Autor dependiente del Ministerio del Interior y Justicia de Colombia. Monroy parece pasar por alto que le ha concedido poderes censores a los ISP.

Más precisa es la Ley Lleras cuando aclara en su Exposición de Motivos que su creación se debe al tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El nuevo gobierno del editor José Manuel Santos no ha tardado mucho en servir a su causa.

Rajoy prefiere convertir el canon en reclamo electoral antes que forzar su supresión. Con este titular resumía Nación Red la “confidencia” que le hacía Rajoy al diario El Mundo y que éste convertía en gran promesa electoral para ver si entre los dos conseguían sacar del barrizal digital a la derecha por su apoyo parlamentario a la denostada Ley Sinde que justamente llamaremos la Ley Sinde de Rajoy.

Lo bochornoso del asunto es que el PP se había “tragado” su propia enmienda anticanon a la Ley Sinde en la negociación con el gobierno. Aquella que decía: “El Gobierno, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la presente ley, deberá remitir a las Cortes Generales un Proyecto de ley de Propiedad Intelectual en el que se aborde, entre otras cuestiones, la eliminación de la compensación equitativa por copia privada”.

A esta otra que dice: “El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley, mediante real decreto y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea, procederá a modificar la regulación de la compensación equitativa por copia privada”.

De un mes y eliminación a tres meses y modificación. Así negoció el PP. Ni apoyando la Ley Sinde fue el PP capaz de defender como contrapartida la supresión del canon. De defender su propia enmienda. Ahora vuelve con su promesa electoral (pdf). Mañana la presentará formalmente en el Congreso de los Diputados. Pero se hace pública en el Congreso de las “Juventudes del PP”. Porque Rajoy cree que estos asuntos del internet son sobre todo de “adolescentes” y porque había que tapar las duras críticas que en el Congreso de NN.GG se hicieron a la Ley Sinde.

Rajoy es un político de antes de Google. No hay otro “líder” que esté más alejado de la generación red. Lo compensa con un equipo muy atento a lo que pasa (y está pasando) en internet y en las encuestas. Ellos le ha recomendado a Mariano sacar otra vez de la chistera electoral lo de suprimir el canon, aunque hasta el 6 de junio no se cumplirán los tres meses pactados con el PSOE y CiU para alcanzar un acuerdo sobre el mismo.

En campaña manda el titular y la urgencia en taponar la veta por la que se pueden escapar los votos de la libertad digital que el PP de Rajoy quiere cercernar con su apoyo a la ley Sinde (o al ACTA) y su pacto del miedo con los editores, productores y lobbystas.

España no puede seguir con un Gobierno que “la gente se toma a chirigota”, dijo ayer en Zaragoza el líder de la oposición conservadora. Solemnemente.

Un grupo de internautas se ha puesto manos a la obra para restablecer el normal acceso a las páginas que la justicia de Estados Unidos bloqueó meses atrás. Como recordaréis, los tribunales norteamericanos cerraron varias webs, entre ellas Rojadirecta.com, por una presunta vulneración de derechos de autor a escala internacional.

Ahora, MAFIA Fire permite acceder sin problemas a dichos sitios. Se trata de una extensión, por ahora sólo disponible para Firefox, que redirige el tráfico. Es decir, cuando la justicia estadounidense bloqueó las páginas, lo que hizo fue apoderarse de los servidores a los que legalmente tenía acceso (.com o .org, por ejemplo). Sin embargo, los dominios .es siguen vigentes. MAFIA Fire se limita a reconducir el tráfico de los sitios .com a los .es, en este caso.

Aunque solamente funcione con una extensión para Firefox, el desarrollador ya ha anunciado que lo implementará también en Chrome, el navegador de Google. “Nuestro objetivo es dar la vuelta a los intentos de los gobiernos de censurar Intetnet”, afirma el creador del add-on, que permanece bajo anonimato. Añade que está “muy cansado de la corrupción de las altas esferas del gobierno” y que es el “momento de pasar a la acción”.

Además, el desarrollador de la idea afirma que esto es sólo el principio y que la comunidad online tomará nuevas medidas para evitar la censura en Internet. Por ejemplo, el autor de MAFIA Fire está recopilando las webs de instituciones antipiratería de todo el planeta, aunque no ha dicho cuál es su finalidad.

La brigada de crímenes informáticos de Scotland Yard ha detenido un joven de 22 años por pertenecer, presuntamente, al grupo ciberactivista Anonymous. Ha sido interrogado en una comisaria local por un especialista en el ámbito y, finalmente, ha sido puesto en libertad hasta el 26 de mayo a la espera de nuevas investigaciones.

El joven, originario de Cleveland, es el sexto detenido relacionado con Anonymous. Anteriormente ya se interrogó a tres adolescentes y dos adultos, que también salieron en libertad, aunque tendrán que comparecer en comisaría en junio.

Los detenidos son sospechosos de haber participado en los ciberataques a los sitios web de Amazon, Bank of America, Mastercard, PayPal y Visa, durante el pasado mes de diciembre. Por aquél entonces, varios grupos de activistas online llevaron a cabo boicots a las webs de entidades que pusieron en jaque la existencia de WikiLeaks.

Anonymous consideró que las acciones de las empresas en cuestión eran un atentado a la libertad de expresión y organizaron a través de Internet un ataque de denegación de servicio (DDoS) para dejar inservibles sus portales. Según afirma The Telegraph, los actos realizados por los detenidos son delitos penados con hasta 10 años de prisión, debido a la causa deliberada de interrupciones en el servicio de las empresas involucradas.

Scotland Yard ya empezó las investigaciones sobre el grupo de ciberactivistas alrededor de septiembre del año pasado, antes de producirse la campaña pro WikiLeaks. En ese momento, Anonymous tenía como objetivos las páginas de organizaciones de la industria del entretenimiento, como la firma legal ACS: Law, que acusó a miles de ciudadanos de bajarse contenidos sin el consentimiento de sus autores.

Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC.

Hoy en día estamos viendo movilizaciones populares en muchas partes del mundo -desde los países árabes a Wisconsin (EEUU), pasando por la mayoría de países de la Unión Europea- que exigen cambios de las políticas llevadas a cabo por gobiernos y por estados que se perciben insensibles a los deseos de la mayoría de la población. En estas manifestaciones -a pesar de la elevada diversidad de situaciones- hay un elemento común: la protesta frente a una enorme concentración de poder económico y político que obstaculiza la expresión democrática. Y un ejemplo de ello es España.

Estamos viendo en España la puesta en marcha, por parte del Estado (tanto central como autonómico), de recortes muy sustanciales del gasto público, incluyendo el gasto público social que financia las transferencias públicas -como las pensiones- y los servicios públicos del Estado del bienestar tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios a las personas con dependencias, escuelas de infancia, servicios sociales y otros.

Estos recortes están afectando de una manera muy marcada a la calidad y cobertura de tales servicios empeorando la situación existente, que ya era insuficiente antes de que se iniciara la crisis. España en 2008 estaba a la cola de la Unión Europea de los 15 (UE-15, el grupo de países de semejante desarrollo a España) en gasto público social. Nos gastábamos en el Estado del bienestar sólo el 19% del PIB (el más bajo de la UE-15, cuyo promedio era del 24%, mientras que el de Suecia era del 28%). Una consecuencia de ello es que sólo el 9% de la población adulta trabajaba en los servicios públicos del Estado del bienestar (el promedio de la UE-15 era del 15%, y en Suecia, del 24%). Los recortes que están ocurriendo ahora están disminuyendo todavía más tal empleo.

La estructura de poder (que se basa en el 20-30% de la población, la de mayor renta) no parece consciente de este enorme retraso y subfinanciación, pues utiliza principalmente los servicios privados. Envían a sus hijos a la escuela privada (que recibe los subsidios más altos existentes en la UE-15, llamado concierto) y cuando caen enfermos van a la sanidad privada. Esta estructura de poder (que tiene enorme influencia política y mediática en España) promueve el mensaje de que no hay otra alternativa a tales políticas de recortes. Argumentan que hay que recortar el gasto público para reducir el déficit del Estado y la deuda pública, a fin de calmar los mercados financieros y que así estos nos presten dinero a intereses razonables.

Esta explicación, que a base de repetirse miles de veces se ha convertido en un dogma, es profundamente errónea y se promueve porque sirve a los intereses de esta estructura de poder, que utiliza la presión de los mercados financieros como excusa para llevar a cabo lo que ha deseado hacer desde siempre. Los datos muestran claramente que no es cierto que en España no existan recursos para financiar un Estado del bienestar de primera clase. España no es pobre. El PIB per cápita es ya el 94% del promedio de la UE-15, pero el gasto público social por habitante es sólo el 74% del promedio del gasto público social promedio de la UE-15. Si nos gastáramos lo que nos pertenece por el nivel de desarrollo económico que tenemos, es decir el 94%, nos gastaríamos 80.000 millones de euros más, con los cuales se podrían cubrir las enormes insuficiencias. España, pues, tiene los recursos. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. En lugar de ello, el Estado ha estado pidiendo préstamos a la banca extranjera, endeudándose y financiando escasamente su Estado del Bienestar. España, como Grecia y Portugal, tiene unos ingresos al Estado muy bajos y un fraude fiscal muy elevado. Como admitió sorprendentemente un dirigente del Deutsche Bank, uno de los banqueros más importantes de Alemania, “ha existido durante los años de boom una alianza entre las clases más pudientes de los países de la periferia de la UE, que no pagaron impuestos al Estado, y la banca, que se ha beneficiado de la baja carga impositiva al prestar dinero al Estado para financiar su dimensión social”.

Y ahí está la raíz del problema. La estructura de poder no está contribuyendo al Estado lo que debiera por su nivel de riqueza. El trabajador de la manufactura en España paga el 74% de los impuestos del trabajador de la manufactura sueca. El empresario, sólo un 38%. Y empeorando la situación, el Estado ha reducido más y más los impuestos, lo que ha beneficiado sobre todo a las rentas superiores. Los propios inspectores de Hacienda han indicado que podrían recogerse más de 38.000 millones de euros, centrándose en estos sectores, sin afectar a la carga impositiva de la mayoría de la población. El déficit del Estado podría reducirse a base de aumentar los impuestos de estos sectores en lugar de empobrecer todavía más al Estado del bienestar.

En realidad, durante la crisis la gran mayoría de las empresas del Ibex-35 han continuado teniendo grandes beneficios, siendo la banca española una de las que tienen más beneficios en Europa. El Banco Santander ha conseguido 35.000 millones de euros de beneficios netos (es el banco que ha conseguido más beneficios en el mundo, después de dos bancos chinos).

Estos recortes de gasto público social se están haciendo a pesar de que la mayoría de la población está en contra. Es una decisión más (otra es el retraso de la edad obligatoria de la jubilación) que muestra la enorme distancia entre los gobernantes y los gobernados. De una manera creciente, los establishments políticos y mediáticos que dirigen el país están imponiendo medidas en contra del parecer de la ciudadanía. De ahí que las poblaciones, en su indignación -que ocurrirá si se le provee de información que cuestione el dogma de que no hay otra alternativa-, deben manifestarse y agitarse socialmente para recuperar la democracia en España.

Se cuenta en la red que Barack Obama tubo una conversación seria con portales de búsqueda de Internet, donde entraba también Google y no por cierto Microsoft, ya que con este es muy posible que hubiese hablado antes, pues Bill Gates es asiduo del Club bilderger o sea que son los mismos controladores.

Pues bien a lo que vamos, mas de uno hemos recibido un comunicado de google con este asunto:
Eliminación de contenido de Google Vídeos a partir del 14 de mayo.

Que quiere decir esto, que empezaran a borrar videos en el portal de google, ¡Videos que todos vemos! Así que, los que quieran volver a ver los videos vía Internet lo tienen crudo, se recomienda guardar en disco duro los mas importantes ya que, fallaran los que tengamos en los blogs y no se abrirán.

Es un comienzo gordo, tienen que seguir su agenda y nos van a censurar la red cada vez mas, asi van a empezar hasta que nos corten el grifo.

Ponemos comunicado recibido debajo de estos enlaces..

Mapa mundial de Censura según Google
Informe de transparencia
http://www.google.com/transparencyreport/governmentrequests/

Click en imagen para ampliar

Google, España es uno de los países que censuran en Internet según Google
Publicado por Daniel Pino el 14 de Marzo del 2011
http://www.tuexperto.com/2011/03/14/google-espana-es-uno-de-los-paises-que-censuran-en-internet-segun-google/

Google censura «Megaupload», «Rapidshare» y «BitTorrent» en el autocompletado de búsquedas
27 de enero de 2011 | 13:05
http://www.nacionred.com/censura/google-censurara-megaupload-rapidshare-y-bittorrent-en-el-autocompletado-de-busquedas

Michelle Obama y el futuro de la censura en Internet
http://www.rtve.es/noticias/20091126/michelle-obama-futuro-censura-internet/302889.shtml
Esto parece ser de bandera falsa, y se supone fue preparado para comenzar la censura y tener un motivo mas.

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Eliminación de contenido de Google Vídeos a partir del 14 de mayo

de Google Video responder a noreply-googlevideo@google.com para energiaalternativaparaurantia@gmail.com fecha 15 de abril de 2011 02:28 asunto Eliminación de contenido de Google Vídeos a partir del 14 de mayo enviado por scoutcamp.bounces.google.com firmado por google.com

ocultar detalles 02:28 (hace 10 horas)

Estimado usuario de Google Vídeos:

Este mes, el contenido de vídeo alojado en Google Vídeos dejará de estar disponible y no podrá volver a reproducirse. Google Vídeos dejó de aceptar vídeos en mayo de 2009, y ahora vamos a eliminar el contenido restante. Siempre hemos pensado que lo mejor de Google Vídeos es la posibilidad que ofrece a los usuarios de buscar vídeos de toda la Web, sea cual sea la página en la que se alojen. Y al realizar este cambio, podremos centrarnos en seguir desarrollando estas tecnologías de búsqueda en beneficio de los usuarios de todo el mundo.

El 29 de abril de 2011, los vídeos que se hayan subido a Google Vídeos no podrán volver a reproducirse. Hemos añadido un botón de descarga en la página de estado del vídeo para que los usuarios puedan descargar los vídeos que quieran conservar. Si no deseas descargar tus vídeos, no es necesario que hagas nada. (La función de descarga estará inhabilitada a partir del 14 de mayo de 2011).

Te recomendamos que traslades tus vídeos a YouTube si aún no lo has hecho. YouTube ofrece muchas opciones para el alojamiento de vídeos, entre las que se incluye la posibilidad de compartir vídeos de forma privada o pública. Para obtener más información, consulta esta página.

Para descargar un vídeo, sigue estos pasos:

1. Accede a la página Estado del vídeo.
2. Para descargar un vídeo en tu equipo, haz clic en el enlace Descargar vídeo situado a la derecha de cada vídeo en la columna Acciones.

Una vez que hayas descargado el vídeo, aparecerá el texto «Descargado» junto al enlace «Descargar vídeo».

Si has subido muchos vídeos a Google Vídeos, puede que tengas que utilizar los controles de paginación de la parte inferior derecha de la página para poder acceder a todos ellos.

Aviso: esta opción de descarga estará disponible hasta el 13 de mayo de 2011.

Te agradecemos que hayas utilizado Google Vídeos.

Atentamente,

El equipo de Google Vídeos

Casi todas las legislaciones relativas a regular un concepto tan etéreo, por llamarlo de alguna forma suave, como la “infracción de copyright“ se han aprobado mediante tretas, huecos legales e incluso de forma completamente fraudulenta.

Es el caso de las enmiendas torpedo o las patentes de software en el Parlamento Europeo, la HADOPI en Francia, la Digital Economy Bill en el Reino Unido (tan mal lo hicieron que tuvo que venir un Señor Juez a decirles que lo repitieran) o nuestra Ley Sinde, todas derivadas del tratado ACTA. Ahora, también Nueva Zelanda se ha unido al club de países que optan por usar factores de forma un tanto sucia.

Aprovechando que se tenían que aprobar un par de cosas en tanto a paliar los efectos del terremoto del pasado mes de Febrero, el Gobierno añadió al paquete la Copyright (Infringing File Sharing) Amendment Bill, algo así como “Ley de enmiendas al copyright (Infracción en la compartición de ficheros)”. El abuso de este procedimiento “de urgencia” ha levantado ampollas en todo el espectro político y social.

Aún con un nombre que abandona la línea de nomenclatura eufemística, la nueva norma neozelandesa es del mismo cuño que las europeas, pero con ligeras diferencias.

La base de los tres avisos se mantiene, así como la ‘presunción de culpabilidad’, por la cual todo usuario de Internet será culpable hasta que se demuestre lo contrario, debiendo acarrear con la tarea de demostrar su inocencia (inversión de la carga de la prueba).

También se mantiene el ‘órgano administrativo’ que, tras ser nombrado a dedo por el ministerio, será el encargado de poner multas de hasta 15.000 dólares neozelandeses (casi 11.000 euros), o de señalar, redactar y ejecutar las ordenes de desconexión, tras los tres avisos pertinentes. En Nueva Zelanda, a ese ‘órgano administrativo’ le van a llamar “Tribunal del Copyright”. Ésto es una pequeña modificación a una enmienda llamada 92a, que pretendía que todo el proceso lo llevaran a cabo los prestadores de servicio, y que la desconexión fuera automática tras el tercer aviso y que, precisamente, fue el detonante de protestas en 2009.

Otro de los parecidos es que sus señorías neozelandesas demuestran, al igual que sus colegas europeos y americanos, un desconocimiento descomunal de Internet. Tanto, que Jonathan Young (National Party, conservadores) llegó a comparar, y recordemos que era una sesión parlamentaria, Internet con Skynet, la maléfica Inteligencia Artificial que en la saga Terminator, toma conciencia de si misma y declara la guerra a la humanidad con el fin de destruirla (minuto 1:35).

Su compañera de filas, Melissa Lee, se apresuró a asegurar que cualquier descarga de una película o canción, aún cuando no estuviera disponible debido a las restricciones de contenido por países que aplican algunas productoras y discográficas, seguía siendo ilegal. Ésta afirmación levantó interrogantes en la red neozelandesa. Resulta que Lee había comentado horas antes que estaba escuchando una compilación hecha por un amigo suyo, que se la mandó a través de la red. Ésto, junto con otras cuestiones relativas a los derechos tanto de interpretes, editores y discográficas, causó que le preguntaran a Lee si su caso también sería causa de ‘infracción de copyright’ bajo la nueva ley… por mucho que el compositor fuera amigo suyo.

Otra de las anéctodas que muestran la cruda realidad de éste tema, fueron aportaciones como “No tengo ni idea“ de otros diputados defensores de la restricción, o que Simon Powell, el ministro responsable de la nueva ley, ni tan solo se encontraba presente en el debate parlamentario…

La nueva ley se aprobó hace escasas horas, se aplicará a partir del 1 de Septiembre y contó con la oposición que llevaron a cabo el diputado de los Verdes Gareth Hughes y los independientes Hone Harawira y Chris Carter, que intentaron, sin éxito, eliminar el poder del Estado para desconectar de Internet a sus ciudadanos.

Los movimientos en la red neozelandesa no se han hecho esperar, y ya se está organizando una nueva campaña de protestas muy similar a la de 2009, en que se produjeron una serie de ‘apagones’ para mostrar el negro futuro que le esperaba a Internet en ése pequeño país de Oceanía.

Sin sorpresas, tal y como estaba previsto se ha presentado el borrador del Real Decreto de lo que venimos llamando popularmente como Ley Sinde. Lo curioso es que no se ha propuesto a la sociedad en su conjunto sino a los cuatro medios de siempre, por mucho que ellos hayan decidido compartirlo.

Así pues, tenemos entre manos lo que se supone que será la nueva Ley de Economía Sostenible en cuanto a propiedad intelectual se refiere. ¿Hay sorpresas? Algunas, poco a poco podemos ir desengranando con detalle el plan de censura gubernamental que planean el gobierno y el principal partido de la oposición de la mano del lobby del copyright. ¿Qué hay de nuevo, viejo?

El borrador de un Real Decreto “a la Sinde”

Cada uno de los diarios de tirada nacional se han hecho eco de distintos puntos del texto. Los chicos de CiberP@ís se centran en un punto que hasta ahora no se había tenido en cuenta, y es que los malvados sites que pongan enlaces a contenido protegido podrán salvarse de la quema si lo retiran en 48 horas. Eso sí, si reinciden nada evitará que reciban su castigo, es decir, el cierre de su web.

Si los responsables de la página no son tan rápidos la comisión encargada de cerrar el chiringuito emitirá una resolución en otros 3 días respondiendo a las alegaciones pertinentes. Si finalmente no funciona, se le exigirá a la web que cierre o retire todo el contenido “peligroso” en 24 horas.

En el caso de que nos pongamos tercos y la página siga en sus trece la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual remitiría el caso al Juzgado de lo contencioso-administrativo entrando ya en territorio judicial. Lo curioso es que normalmente cuando hemos llegado a estos extremos habitualmente han salido victoriosos los que deben serlo; así que habrá que esperar a ver cuantos plantan cara al experimento del Ministerio de Cultura.

¿Donde está entonces el fallo? ¿Qué hay de malo? Pues nos los explica Carlos Sánchez Almeida, ya que el reglamento tiene trampa.

El truco está en tratar a una web como Series Yonkis, por poner un ejemplo, no como un servicio vulnerador de propiedad intelectual, sino como un servicio de intermediación del que se valen los vulneradores de la propiedad intelectual. Se matan dos pájaros de un tiro: se mantendría a Series Yonkis y a sus abogados fuera del procedimiento, y sólo se les notificaría la resolución en vía de ejecución forzosa. Si desobedecen la retirada de enlaces –servicio de intermediación de conformidad con el artículo 17 de la LSSI- serían considerados responsables de los contenidos, al haber tenido conocimiento efectivo de la infracción.

Bloqueando webs en el extranjero, un primer paso hacia el Gran Hermano

Ante este panorama uno podría pensar que la mejor opción es alojar el servicio en el extranjero, pero nada de eso. En ese caso el esos tres censores que formarán la Comisión de Propiedad Intelectual podrán solicitar que la Audiencia Nacional exija a los proveedores de Internet bloquear el acceso a páginas que se alojen fuera de nuestras fronteras. Nada que envidiar a algunas de las dictaduras más criticadas del globo. Si alguien tiene algo en contra de cierto medio, ya sabe que es lo que tiene que hacer para que sea cerrado, plagarlo de enlaces.

Todo esto podría ser sólo un pequeño temor si esos tres mosqueteros que decidirán el destino de las webs en España fueran objetivos y, sobre todo, elegidos representando la pluralidad de las opiniones de la sociedad. Por desgracia, tanto presumir del “aquí no elegimos a dedo” con aquello de las primarias, pero al final lo han hecho.

Sin pasar por el Congreso de los Diputados, serán los Ministerios de Economía y Hacienda, Justicia y Cultura los que propondrán expertos al último. Para entonces el Ministerio de Cultura seleccionará según su unilateral criterio qué tres expertos en propiedad intelectual van a conseguir hacernos sonrojar ante los informes en defensa de la libertad de expresión.

La Unión Europea pretende armonizar el canon digital a nivel comunitario. Para ello, designará un mediador que se encargará de abrir el diálogo entre los sectores implicados y, probablemente, el próximo mes distribuya un documento para preparar el terreno.

Sin embargo, en España hay un vivo debate sobre la moralidad del cobro del canon digital. Por una parte, porque el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ya dictaminó que es ilegal cobrarlo a personas jurídicas. Por otra, porque la Audiencia Nacional lo declaró nulo semanas atrás debido a un error de forma en su tramitación.

Los ministerios de Industria, Presidencia y Justicia abogarían por suprimir la compensación por copia privada, mientras que Cultura pretendería seguir el modelo Noruego, donde el Estado toma el protagonismo a la hora de compensar a los artistas –en definitiva, a través de los impuestos de los ciudadanos. Sin embargo, la supresión del canon mediante un Real Decreto podría llevar consigo la eliminación también de la copia privada.

El preámbulo del Real Decreto para derogar el canon contendría una actualización del concepto de copia privada. Recordemos, la copia privada es lo que nos permite grabar una película de la televisión sin que ello sea un delito o intercambiar archivos si no existe ánimo de lucro económico.

Los intentos de la Unión Europea por armonizar el canon digital a la vez que España se plantea eliminarlo –debido, sobre todo, a su estado de coma después de las sentencias judiciales– no son más que una muestra de las contradicciones que levanta la medida. Máxime cuando las empresas españolas ven que no tienen por qué pagarlo y que, además, pueden solicitar la devolución del importe abonado anteriormente.

A falta de más datos, hay que seguir la pista de los movimientos del Gobierno, sobre todo por parte de los ministerios de Industria y Cultura. El ejecutivo podría acceder a las peticiones de la ciudadanía, mayoritariamente contraria al canon, pero con una puerta trasera que debería escribirse con mayúsculas, como ya hicieran con la Ley de Economía Sostenible y la ley Sinde.

El Real Decreto de la ley Sinde impedirá, previa autorización judicial, el acceso de los usuarios desde España a una web con el servidor en el extranjero y que permita descargar contenidos ilegales sujetos a derechos de autor.

Así se desprende del texto provisional del Real Decreto que regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, así como el procedimiento para el ejercicio de sus funciones, cuyo trámite de consulta acaba de iniciar el Ministerio de Cultura este martes. Esta Comisión ejercerá las funciones de mediación y arbitraje, así como las de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.

El reglamento, compuesto de 24 artículos y que ha iniciado este martes el trámite preceptivo de consultas, recuerda en su preámbulo que un órgano competente, en este caso la Audiencia Nacional, puede ordenar a un prestador de servicios de intermediación de la sociedad la información, -proveedores de telefonía-, «que interrumpa la prestación de un servicio o impida el acceso desde territorio español».

La ley antidescargas, recogida en la disposición final cuadragésimo tercera de la Ley de Economía Sostenible y publicada en el BOE el 5 de marzo, permite la retirada de contenidos o la interrupción del servicio de una web de descargas de contenidos ilegales sujetos a derechos de autor, esté o no alojada en un servidor de España, previa autorización de un juez de la Audiencia Nacional.

El Real Decreto refuerza el procedimiento de mediación y arbitraje de la sección primera de la comisión con el propósito de la resolución «voluntaria» y «extrajudicial» de los conflictos sobre propiedad intelectual.

El proceso de mediación

En el caso de la mediación, el Real Decreto establece como máximo nueve meses para que se resuelva el conflicto, mientras que el laudo arbitral, que tendrá «carácter vinculante, ejecutable e impugnable», deberá dictarse en el plazo máximo de tres meses desde que las partes formulen sus posiciones definitivas.

El Real Decreto establece como máximo nueve meses para que se resuelva el conflicto

Los titulares de derechos de autor o las entidades o personas naturales o jurídicas que los representen pueden también dirigirse directamente a la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual -nunca actuará de oficio-. Ésta también instará a la web de forma voluntaria a la retirada de los contenidos o la presentación de alegaciones en el plazo de 48 horas.

Transcurrido este plazo sin que ninguno de estos requerimientos hayan sido seguidos, la sección pedirá que ambas partes presenten conclusiones en cinco días, tras los cuales la comisión tendrá otros tres días como máximo para dictar resolución. Declarada en dicha resolución la existencia de una vulneración de derechos de propiedad intelectual, la sección segunda ordenará, previa autorización judicial, la retirada de los contenidos en un plazo de 24 horas desde su notificación.

La resolución contemplará, asimismo, para el caso de incumplimiento dentro del plazo de 24 horas, «las medidas de ejecución forzosa dirigidas a los servicios de intermediación de la sociedad de la información que correspondan para el eficaz cumplimiento de la resolución». «Los servicios de intermediación deberán dar cumplimiento a este requerimiento de colaboración en un plazo de 72 horas desde la notificación», añade el Real Decreto que deberá ser

Bélgica y Lituania expresaron sus recelos y se inclinaron por “graduar la ampliación del PNR”. Pero Alemania, Holanda, Eslovenia y Luxemburgo hicieron valer su postura más beligerante contra el uso policial, sin orden judicial, de los datos de los viajes en avión que hacen los ciudadanos europeos dentro de sus fronteras.

Por eso, para disgusto de Rubalcaba, anunciaron que “no darán un cheque en blanco” a la UE para que el Passenger Name Record, una relación con todos los datos acumulados de los pasajeros de un avión (número de tarjeta de crédito, asiento, agencia de viaje, mail, teléfono, ruta… incluso preferencias alimenticias) sean un almacén de datos o “archivo más propio de un Gran Hermano o Estado policial”. De hecho alguna delegación compara esta medida con las prácticadas en los antiguos países comunistas, aunque ahora la presión para ponerlas en marcha venga de EE.UU y sus más eficaces servidores.

La ampliación y retención de estos datos durante más de cinco años, que además se comparten con EE.UU, fue duramente criticada por considerarla “desproporcionada” por los ministros del Interior de los gobiernos de los países antes citados, en la reunión que tuvo lugar ayer en Luxemburgo. Por su parte España, Reino Unido, Suecia, Francia, Italia, Irlanda y Portugal defienden que se incluyan ya los datos de todos los viajes, también los que se hacen en el interior de los 27 países de la UE. Incluso plantearon ampliarlo a los viajes en tren y ferry.

La inquietante comisaria europea de Interior, Cecilia Malmstrom, más próxima a la línea dura defendida por España, Italia, Reino Unido y Francia, sugiere ahora, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, que en una primera etapa el control y retención con los datos de los pasajeros se limite a los vuelos extracomunitarios para analizar cómo funciona el sistema y decidir en una etapa posterior sobre su eventual ampliación. Antes la propuesta definitiva deberá pasar por el Parlamento Europeo.

Algunas delegaciones críticas han pedido también información sobre el impacto económico que estas medidas de control policial van a tener para las aerolíneas. La comisaria Malmstrom adelantó que los costes derivados del registro de los datos correrán a cargo de los países aunque señaló que la Comisión Europea podría cofinanciar una parte, que podría oscilar entre los 100 y 150 millones de euros.

La transición ordenada por el ejército egipcio avanza a paso firme con la condena a tres años de prisión al joven activista liberal y bloguero, Maikel Nabil, por criticar a los militares egipcios.

“Esta sentencia es quizás el peor ataque contra la libertad de expresión en Egipto desde que el Gobierno de Mubarak encarceló al primer bloguero durante cuatro años, en 2007”, ha dicho el subdirector para Oriente Próximo de Human Rights Watch (HRW), Joe Stork.

Maikel Nabil ha sido condenado por denunciar en su blog los abusos del ejército, el trato a los manifestantes, el reclutamiento forzoso, y los test de virginidad realizados a las mujeres detenidas. Así como en un plano estrictamente político la necesidad de hacer real la supremacía del poder civil sobre el militar.

Pero como en los peores tiempos de Mubarak el bloguero ha sido condenado mediante el procedimiento habitual. El fraude y el abuso del proceso. En esta ocasión ha sido un cambio inesperado sobre la fecha anunciada para el juicio. De tal forma que cuando el abogado de Nabil llegó el lunes a la corte de justicia militar, Nabil ya había sido sentenciado.

“La sentencia no es solo severa, además ha sido impuesta por un tribunal militar después de un juicio injusto”, ha denunciado Human Rights Watch.

Desde que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas asumiera el poder en Egipto, al menos 200 manifestantes han sido arrestados y en su mayoría llevados ante tribunales militares. Las 150 personas que fueron detenidas el pasado 9 de marzo para despejar la plaza Tahrir, han sido sentenciadas a penas de prisión.