La ejemplar movilización de los pensionistas contra la subida del 0,25% de las pensiones ha provocado una rápida reacción, en el doble sentido del término dado su carácter reaccionario, con dos argumentos fundamentales.

Por un lado, que la demanda de los pensionistas es insolidaria. Por otro, que la cuestión es que no se puede mantener el poder adquisitivo de las pensiones.

Mantener el nivel de vida de los pensionistas no es insolidario

El primero de ellos trata de culpar a los pensionistas de que los salarios estén perdiendo poder adquisitivo y de que los jubilados sean el grupo de perceptores de rentas que menos ha sufrido durante la crisis, por lo que no tendrían derecho a pedir nada.

El argumento, que merece otro artículo, es tan demagógico como artero. Pertenece, además, a la nueva estirpe político-argumental que pretende oponer a colectivos y grupos segregados y perjudicados por determinadas políticas con aquellos otros que, por no padecerlas o padecerlas en menor grado, se les hace culpables de las mismas. Y todo esto con la intención de desviar el foco de atención de esas políticas. Los trabajadores fijos serían, así, los responsables de la precariedad y no las políticas que causan esta. Los viejos estarían impidiéndoles a los jóvenes las oportunidades que, en realidad, les niega el olvido que sufren por parte de las políticas públicas. La escasez de la protección social estaría más relacionada con el fraude de los perceptores, y con su falta de estímulo al trabajo, que con dedicar a ello uno de los porcentajes de la renta nacional más bajos de la UE. Y, dentro de poco, los enfermos, y no los recortes, serán los culpables de que empeore la asistencia sanitaria.

Es bastante obvio que una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones no mejorará los salarios (más bien lo contrario, en cuanto –como veremos- debilitará la actividad económica), devaluados como consecuencia de las reformas legales que han debilitado la negociación colectiva y la posición individual de los trabajadores. Una cuestión que no plantean los ‘pensionicidas’. Como también es evidente que los pensionistas han sostenido y sostienen la renta familiar ante el desempleo masivo y el actual empleo ‘basura’. Hay que recordar que, de acuerdo con la última EPA disponible, los hogares con todos sus miembros activos en paro alcanzan los 1.210.500. Y, en fin, es maliciosamente muy poco sutil el argumento que contrapone asalariados con pensionistas, obviando que los grupos más favorecidos en estos años han sido los perceptores de las rentas más altas, de las derivadas del capital y de los patrimonios, los beneficios empresariales, que superaron ya hace tiempo los niveles anteriores a la crisis, pero, todos ellos, con una aportación tributaria mucho más baja que la de entonces.

El segundo argumento, aunque –como intentaré explicar sintéticamente- tampoco es cierto, tiene un carácter algo más sustantivo.

Asegurar el poder adquisitivo de las pensiones es perfectamente asumible, según los cálculos del propio Ministerio de Empleo

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