El Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB, considera prohibir Gmail, Hotmail y el sistema de telefonía IP Skype por considerar que «son utilizados por criminales y terroristas». La preocupación principal del FSB es tener que, por tratarse de servicios estadounidenses, debe acudir al FBI para realizar escuchas o acceder al correo electrónico de sospechosos.

Diario Ti: Según el periódico ruso Kommersant, la gran dificultad que implica interceptar las comunicaciones vía Skype, Gmail y Hotmail preocupan al FSB, servicio que relevó a la temida KGB rusa.

Kommersant escribe que «estos servicios son muy populares entre criminales, aparte de ser utilizados por grupos de extremistas religiosos y otras organizaciones». La preocupación fundamental del FSB sería que si las autoridades rusas necesitan tener acceso a comunicaciones realizadas mediante Gmail, Hotmail y Skype deben dirigirse al FBI estadounidense, por tratarse de servicios con base en Estados Unidos. Las consultas del FSB son tramitadas con arreglo a la ley estadounidense, situación que no agrada al FSB, según Kommersant.

Kommersant agrega que las aprensiones de FSB serían compartidas por los servicios de inteligencia occidentales, por constituir un riesgo contra la seguridad interior. El razonamiento sería que si el Estado no está en condiciones de acceder a toda la información que estime conveniente, en la práctica se está atentando contra su estabilidad. Kommersant escribe que Skype es el medio de comunicación preferido por terroristas, debido que es prácticamente imposible de interceptar.

Un total estimado en 660 millones de personas utilizan actualmente Skype para realizar llamadas gratuitas vía Internet. Hotmail, en tanto, concentra las preferencias de 364 millones de usuarios de correo electrónico. Ambos servicios dominan sus respectivos segmentos a nivel mundial, aunque no hay cifras exactas sobre el número real de usuarios activos.

Divergencias entre Putin y Medvedev
La propuesta del FSB fue presentada antes del fin de semana por su director de seguridad de la información, Alexander Andreyetchin.

Kommersant intentó obtener comentarios del gobierno ruso frente a las declaraciones de Andreyetchin, constatando que hay divergencias entre el Presidente Medvedev y el Primer Ministro Putin. Mediante su oficina de prensa, Medvedev declaró que las declaraciones de Andreyetchin representan única y exclusivamente su opinión personal frente al tema. Un portavoz de Putin, en tanto, declaró que «indudablemente, las opiniones de Andreyetchin reflejan las conclusiones oficiales del FSB».

Según la fuente, la opinión generalizada en Rusia es que Medvedev es una persona con orientación de futuro e interesada en la tecnología, mientras que Putin tiene una actitud más escéptica frente a Internet y las nuevas tecnologías.

Los republicanos en la Cámara de Representantes de EE.UU sacaron adelante su iniciativa para revocar las reglas que prohiben a los proveedores a bloquear o intervenir el tráfico en sus redes. El resultado de la votación fue de 240 contra 179.

Al votar contra las llamadas reglas de “neutralidad de la red” (pdf) fijadas por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), los republicanos argumentaron que la FCC carecía de autoridad para promulgar la regulación y pusieron en duda la necesidad de una intervención gubernamental “en una internet que es ya abierta”. Para los republicanos la reglamentación limitaría las inversiones en infraestructura de banda ancha. AT&T ya anticipó su amenaza al presidente en este sentido.

En la bancada contraria, el representante demócrata, Henry Waxman, consideró que no regular “dará a las grandes compañías de telefonía y cable el control sobre qué páginas web pueden visitar los americanos, qué aplicaciones pueden ejecutar y qué dispositivos pueden utilizar”. De hecho ya se ha limitado la velocidad y bloqueado webs. Unas veces para perjudicar a competidores y otras por cuestiones ideológicas, que siempre tienen un trasfondo conservador que se solapa curiosamente con la ideología de la mayoría de senadores republicanos.

Ahora la iniciativa republicana contra la Neutralidad de la red se votará en el Senado. No se descarta que Obama pueda hacer uso de su derecho presidencial al veto si se repite el mismo resultado que este viernes en el Congreso. Por lo pronto 39 senadores han puesto su firma en la proposición presentada en el registro del Senado de los EE.UU para tumbar la regulación de la FCC. Son necesarios 51 votos.

Un joven de Montana podría enfrentar cadena perpetua por compartir tres gramos de su marihuana medicinal a unos amigos; el sistema de leyes de Estados Unidos una vez más se empeña por auto-ridiculizarse en lo que se refiere a su manejo legal de las drogas.

Venderle o incluso compartirle unos cuantos porros a otra persona podrían costarte el resto de tu vida en prisión estando en Montana. Tal es el caso de Matthew Otto, un joven de 27 años que fue enjuiciado por distribuir tres gramos de marihuana en el condado de Missoula, Montana (por cierto la localidad redneck que vio nacer a David Lynch). El problema es que al parecer la ley de este estado, o al menos el jurado que asumió esta ridícula decisión, no hacen mayor distinción entre cantidad y tipo de “droga” que se distribuye y simplemente calificaron el delito de Otto como distribución criminal de drogas peligrosas.

En Montana la distribución de marihuana, sin importar la cantidad, es penada con entre un año y cadena perpetua en prisión, más la máxima multa que corresponde a $50,000 dólares. Pero eso no es todo, tal vez lo peor es que Otto tenía licencia para consumir marihuana medicinal y su grave delito fue compartir su porción con un par de amigos en el coche mientras que el sheriff local regresaba a su casa y los sorpendió. “¿Cuántas veces tengo que decirte que no pueden fumar marihuana en su maldito auto? Incluso si esta estacionado.” fueron las palabras del seguramente caricaturesco alguacil antes de detener a Otto. Y más allá de lo que depare este joven, lo cierto es que con esto se consagra una evidencia más de la ridiculez que puede manifestar el diseño de las leyes en estados Unidos y, por qué no, en el mundo en general.

El Palacio de El Pardo fue el escenario elegido el 9 de abril de 2010 para celebrar una cumbre sobre seguridad al más alto nivel entre una delegación de EE.UU y otra de la UE. Allí se decidía, entre otras cosas, poner toda la carne en el asador para servir un plato demencial cuya propiedad principal es la de obligar “de una vez por todas” a las compañías aéreas a entregar todos los datos personales recogidos en el llamado Passenger Name Record (PNR), un listado o registro que refleja no sólo los datos de identificación del pasajero sino también sus hábitos como viajero o turista, la información disponible sobre su equipaje o el sistema de pago del billete.

En ese marco incomparable, estadounidenses y europeos, con Rubalcaba como maestro de ceremonias, se decidía impulsar como “instrumento fundamental en materia de cooperación en la lucha común contra el terrorismo” el Passenger Name Record. En una frase: poder acceder a todos los datos que los europeos vamos dejando en la red y los sistemas informáticos de las agencias de viajes o aeropuertos cada cada vez que hacemos un viaje.

El discreto Pacto de El Pardo sobre el impulso político a la retención de datos de los viajeros cumple este mes “con la primera fase de lo acordado”, por eso la próxima semana los ministros del Interior de la UE quieren anunciar sus primeras decisiones y propuestas que van a ir más allá de la directiva (pdf) sobre los PNR defendida por la comisaria Cecilia Malmström. Una directiva que ha sido muy criticada pero que a Rubalcaba le parece insuficiente. Esto es:

Tener acceso a 19 datos de identificación de aquellos pasajeros que entren o salgan de la UE en vuelos internacionales. Estos 19 datos son proporcionados por los pasajeros en el momento que adquieren el billete e incluyen, entre otros, el itinerario o la dirección de correo electrónico, número de teléfono móvil y de tarjeta de crédito. La datos serán conservados durante cinco años y compartidos con EE.UU.

En el caso de menores de 18 años también se retendrán los datos del sexo, edad, idiomas y responsables del menor a la salida y llegada del vuelo. Los mismos serán transmitidos a una “unidad de información” dispuesta en cada uno de los 27 Estados que conforman la UE, y podrán ser requeridos por las autoridades a cargo de la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

A Rubalcaba le parece poco. Le apoyan 17 ministros del Interior que quieren incluir todos los vuelos dentro o fuera de la UE e incluso ampliar la retención de datos a los viajes en ferry y en tren. Se opone, en principio, el Parlamento Europeo, diversas asociaciones y think tanks, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el gobierno alemán por la presión de los liberales. También el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) y más que probablemente, si se pasan con la receta que les suministra El Pentágono, lo volverá a hacer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Si bien EE.UU espera que su ministro más eficaz vuelva a demostrar de lo que es capaz. Frente a Rubalcaba, obsesionado con internet y la retención de datos, un joven eurodiputado verde, Jan Philipp Albrech, siempre vigilante a la hora de defender y garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos. Dos generaciones frente a frente. Pero no es una cuestión de edad.

Una de las nuevas propuestas del congreso de los Estados Unidos para controlar (censurar) los sitios ilegales que ellos consideren no cuenta con el apoyo de todos los implicados. El objetivo COICA, que es el nombre que recibe la presunta regulación, es el de siempre, un permiso para poder cerrar las web de comportamiento dudoso que no les agrade.

El problema es que uno de los principales actores en realizar ese trabajo de censura sería Google, y desde el buscador no están por la labor. No les importaría colaborar contra lo ilegal, pero “no todo lo que hay en The Pirate Bay es ilegal” y en la práctica es imposible de perseguir.

Kent Walker, responsable de la compañía, decía que no estaban dispuestos a aceptar extorsiones de empresas privadas con intención de provocar cambios en el comportamiento del buscador. Ellos no van a ser “juez, jurado y verdugo” de lo que ocurra en la red.

“Los políticos (…) deben tener cuidado de no hacer a los intermediarios responsables de los abusos de sus sistemas que no se pueden prevenir razonablemente. La legislación no debe incluir la invitación a ‘trolls’ que extorsionan a los intermediarios pese a que están haciendo esfuerzos de buena fe para cumplir con la ley.”

Para justificar este tipo de actitud denominada “derecho de acción” los representantes del lobby del copyright afirman que estan sencillo como “escribir en el buscador free mp3 Taylor Swift, y la primera página entera de los resultados vinieron de lugares sin licencia.” También se quejan de que el autocompletado sugiere en ocasiones contenido protegido gratis (al escribir película, por ejemplo, Google añade “peliculas gratis online”). Pero nada, parece que Larry Page y los demás siguen trabajando duro para, en beneficio de todos, lavar la imagen de la compañía.

Los periodistas griegos empezaron hoy una huelga de cuatro días en protesta por el despido de decenas de reporteros y técnicos de diarios, emisoras de radio y canales de televisión en las últimas semanas.

La medida de fuerza, una de las mayores de la historia de Grecia en el sector mediático, dejará al país sin cobertura informativa hasta la mañana del lunes. Además de los despidos ya efectuados, la asociación de empresas mediáticas planea recortes salariales de al menos un 15 por ciento.

En la radio y la televisión no hubo hoy informativos desde las seis de la mañana (hora local). «Las próximas noticias serán emitidas el lunes a las seis de la mañana», señaló la asociación de periodistas en un comunicado.

Los periódicos volverán a circular el martes. Una portavoz de la asociación de periodistas dijo el jueves que se trata de una de las mayores huelgas desde los años 70.

Un representante de la federación de editores de diarios, por su parte, señaló que la situación del sector es crítica, ya que los ingresos por publicidad alcanzan sólo un tercio de lo registrado en 2009.

Todavía causa estupor recordarlo. Más ahora que lo han vuelto a hacer. Dicen que se despistaron ayer como cuando pusieron su firma en la Declaración trampa que promovía la retención de datos.

Aquella declaración se les presentó a los eurodiputados como una iniciativa para la “defensa de los niños” pero en la práctica defendía el almacenamiento de datos telefónicos, e-mails, SMS y como novedad con respecto a la legislación europea vigente, los términos de búsqueda (Google). Un ardid del Grupo Popular en el que cayeron algunos eurodiputados de otros grupos por “despiste”. Intentaron enmendar el error, eso dijeron, pero ya era tarde.

La eurodiputada sueca Cecilia Wikstrom (ALDE) tuvo al menos el coraje de reconocer que cayó en una trampa de los populares. Ella firmó la Declaración (pdf) contra la pornografía infantil y la pedofilia sin reparar en que ésta “escondía” una propuesta que atentaba doblemente contra la filosofía liberal expresada en otras ocasiones por el Parlamento Europeo manifestándose en contra de la retención de datos.

Juan Fernando López Aguilar y Francisco Sosa Wagner también se “despistaron” entonces. Como ayer.

Los recientes acontecimientos en el norte de África y los acontecimientos relacionados con el caso Wikileaks han demostrado claramente cómo el acceso a los contenidos de Internet y los servicios pueden ser fácilmente alterados. Internet puede ser apagado, y quitar a millones de personas la posibilidad de comunicarse o acceder a la información. El derecho fundamental a la libertad de expresión puede estar en peligro y los valores de la democracia puede ser puestos en cuestión. En este contexto, ¿qué tipo de responsabilidad tienen los Estados para defender Internet?

“Is a global treaty needed to protect Internet freedom?” es el título que llevan unas conferencias organizadas por el Consejo de Europa que tienen como objetivo valorar el papel de los distintos países dentro de la defensa de la libertad de Internet. Es decir, debatir sobre cuánto podrían controlarlo.

La propuesta es del todo positiva, aunque habrá que ver que opinan nuestros políticos respecto a la neutralidad de la red, por decir un ejemplo. Para ayudar en esta tarea contarán con otros representantes “del sector privado (Telefónica o Verizon, por ejemplo), la sociedad civil y técnicos, examinarán, entre otras cuestiones, los principios de la gobernanza” de una Internet transfronteriza.

La universalidad de Internet, la integridad y la transparencia son otros temas a tratar y esperemos que lo que se decida sea seguir unos pasos marcadamente distintos de los de Estados Unidos, cada vez con más intromisión en el medio. Definitivamente, habrá que estar atento a lo que se dice el 18 y 19 de este mismo mes en Estrasburgo.

Esta trama no estaría servida sin ciertas universidades públicas que han sacado pingues beneficios dando cobertura “honorable” a los intereses del “lobby de la industria cultural”, por definirla de alguna forma. No han tenido vergüenza de usar incluso sellos y marcas de la propia universidad, para servir a los intereses que les pagaban. Ellas han dirigido millonarias investigaciones, financiadas con dinero público, sin más resultado que apoyar unos intereses privados. Ellas han firmado y avalado “estudios a la carta” o peritajes para apoyar los intereses del lobby de turno. – Josep Jover

La coordinadora del portal del Área de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alicante especializado en el Derecho de propiedad industrial e intelectual y en los aspectos jurídicos de la Sociedad de la Información ha celebrado el éxito del seminario internacional que ha organizado sobre la materia y también la aprobación de la Ley Sinde porque así “España se ajusta a los parámetros de Estados Unidos”. Eso le ha contado Lydia Esteve a la prensa local.

También ha contado lo que nunca dejan de repetir los expertos del lobby: “España es uno de los países europeos con mayor índice de infracciones de propiedad intelectual de los programas de ordenador”.

Lo que no ha contado, la profesora, es que el seminario y su portal jurídico se debe a un acuerdo de colaboración suscrito con el centro de estudios de una universidad de Washington que tiene como principal patrocinador a Microsoft y algunos destacados despachos de abogados a nivel mundial que no destacan precisamente por mantener una línea de defensa en materia de propiedad intelectual alejada de los intereses del lobby que representa el gran patrocinador.

En relación con los patrocinios públicos y privados que son propiamente del proyecto UAIPIT hay que ponerse en contacto con Richard MacBride que es el director ejecutivo de este proyecto sobre propiedad intelectual de la Universidad de Alicante dependiente de la Generalitat Valenciana que preside Camps. Lydia Esteve es la directora académica.

Afortundamente otras universidades españolas parecen despertar de un letargo cómplice ante la crisis de un modelo que vienen denunciando desde el ámbito universitario fuera de nuestras fronteras.

Por cierto, que el rector de la Universidad de Alicante, Ignacio Jiménez Raneda, muy orgulloso de sus acuerdos con Microsoft, defendía el desembarco de Microsoft en su provincia, recordando el caso de Irlanda, que gracias a la llegada de un buen número de multinacionales pasó del furgón de cola a la cabeza de la UE en desarrollo, según explicaba el rector amigo de Microsoft.

Los jóvenes del PP celebran los días 15 y 16 de abril en Zaragoza su XIII Congreso. En el mismo elegirán un sustituto del actual presidente de NN.GG., Nacho Uriarte. El diputado popular que votó a favor de la Ley Sinde y que ahora ve como sus “juventudes” se declaran contrarias a dicha ley en la ponencia ideológica que deberá ser ratificada o rechazada por los compromisarios que asistan al Congreso.

La ponencia que lleva por título “España: un país en libertad” ha sido elaborada por la secretaria ejecutiva de Universidades, Andrea Levy, y los presidentes en el País Vasco y Asturias, Leticia Comerón y Pablo Álvarez-Pire. El texto es susceptible de recibir enmiendas por parte de los compromisarios hasta este lunes, y luego deberá debatirse y finalmente votarse en el Congreso de Zaragoza.

Entre los aspirantes a suceder a Uriarte sonó el nombre de la propia Andrea Levy, autora de la ponencia antiSinde. Si bien es la presidenta de los jóvenes populares andaluces, Beatriz Jurado, la candidata que parece contar con el favor de Génova y el apoyo entusiasta de Javier Arenas y el PP de Andalucía que ha tenido el detalle de incluirle en las lista municipal de Córdoba junto a la actriz y modelo Eva Pedraza, miss España 1988, y el ex guardameta Miguel Reina, padre del portero Pepe Reina.

¿Estamos antes un brindis al sol, un gesto pactado o una revuelta de unos críticos con principios y sin miedo a no salir en la foto?. Como no sale, por cierto, la referencia antiSinde en el resumen de la ponencia que ha hecho el PP en su web.

En menos de quince días se sabrá como queda la ponencia. Un documento que no se ha hecho público pero que no puede ser más claro al calificar de “completamente inútil” la llamada Ley Sinde que apoyaron los propios parlamentarios populares en el Congreso y el Senado, entre ellos el actual presidente de Nuevas Generaciones, el “defensor” de la red Esteban González Pons y Mariano Rajoy.

La “polémica” ponencia ataca también las “regulaciones análogas” a la Ley Sinde como las desarrolladas en Francia o el Reino Unido y advierte de que “todo cuanto pueda ser digitalizado fluirá de forma libre por la Red”. La ponente considera que el intercambio de archivos entre usuarios forma parte del derecho a la libertad de expresión, que está amparado por el derecho al secreto de las comunicaciones privadas”.

El texto sugiere “una reconversión de la industria que avance hacia las oportunidades y no que quiera detener el futuro permanentemente”. Además exige “una reforma en profundidad de la Ley de Propiedad Intelectual que elimine las barreras existentes para la distribución de contenidos a través de Internet”.

La ponencia parte de la idea de que el mundo actual es el resultado de las grandes revoluciones industriales y tecnológicas y enmarca en esta evolución histórica lo que ha supuesto Internet para el progreso de la civilización, llegando a afirmar que:

Si las constituciones occidentales se redactaran hoy día dedicarían un espacio relevante a Internet como derecho básico de los ciudadanos.

NN.GG ensalza el valor de la red en el que “gente anónima se puede convertir en el primer y principal canal informativo”, lo cual convierte al poder mediático en “el más democrático”. Por eso hace un llamamiento a todos los partidos políticos a “abrirse a procedimientos participativos a través de Internet” y a liberar todos sus datos y documentos.

Las juventudes del PP rechazan en su ponencia ideológica, pendiente de ser aprobada o modificada, que Internet sea concebido como un foco especial de peligros y amenazas, y por tanto se oponen a cualquier restricción de libertades de carácter excepcional.

Ya era hora de que se acabara la barra libre de descargas en Internet. Se le pueden poner puertas al campo y se las vamos a poner. Luis Cobos.

El presidente de la entidad de gestión musical Artistas Intérpretes y Ejecutantes (AIE), Luis Cobos, se muestra seguro de su capacidad para delimitar los usos que los ciudadanos pueden hacer de la red. Está convencido de que “se va a ir generando un marco de derechos y deberes en Internet”.

En un desayuno del Foro de la Nueva Cultura, el músico ha definido la cultura como una industria y un sector económicamente muy potente, lo que, según él, lleva a que la propiedad intelectual “no sea un problema sectorial, sino de Estado”. Con su afirmación, Cobos se olvida de que no es el sector lobista el que hace las leyes, sino el Gobierno. En todo caso, quien pondrá las puertas al campo será el ejecutivo.

Efectivamente, Luis Cobos está en lo cierto cuando dice que se le pueden poner puertas al campo. Lo que no sabe es que son puertas de barro que los usuarios y ciudadanos saben cómo eludir. No se trata de prohibir, sino de ofrecer. No hay que enfocar el tema con negativas, como ha hecho la industria –y sigue haciendo–, sino mediante vías positivas y nuevos modelos de negocio.

Cobos también ha afirmado que la AIE recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional que anula el canon digital. Según dice, el Tribunal de Estrasburgo resolvió que la compensación por copia privada es legal. No obstante, hay que recalcar que la supresión del canon por parte de la Audiencia es debido a aspectos formales de su tramitación, no entra en el fondo del asunto.

El presidente de la AIE también dice que “sólo el 20% de los artistas independientes viven de los recursos que les da la música”. Cabe preguntarse cómo se calculan los porcentajes en artistas independientes, porque si son independientes significa que hay una parte importante de ellos, si no la mayoría, que no forman parte de discográficas y majors.

Cobos también denuncia que los últimos diez años “ha desaparecido el 70% del negocio musical” debido a los “grupos de saboteadores”. No debe haber leído el informe de la London School of Economics, que defiende con pruebas que la caída de las ventas musicales no tiene nada que ver con las descargas. Saboteadores. Otro insulto a añadir a la lista.