Publicamos hoy en el blog la carta que el profesor Navarro ha enviado a Menéame y a la revista World Revolution. Se ruega a los lectores ofendidos por este comportamiento profundamente antidemocrático que se movilicen en defensa de la integridad del trabajo del profesor Navarro.
Ustedes han publicado un artículo bajo mi firma que es una forgería de un artículo mío originalmente publicado en la revista Sistema (21/10/2011) en la cual maliciosamente se ha manipulado el texto. En mi artículo original, comentaba un escrito del New York Times en el que se criticaba la laxitud de la justicia española hacia el fraude fiscal, citando el caso Botín, presidente del Banco Santander, como ejemplo. En la copia fraudulenta que ustedes han publicado, se añade toda una larga lista de personalidades españolas que ni estaban en el artículo del New York Times ni en mi artículo original. Este acto de manipulación del texto de un artículo publicado en otra revista, además de ser un acto delictivo, es una canallada y deshonra su revista al consciente o inconscientemente publicarlo. Tengo que exigirle que, retire inmediatamente la copia fraudulenta que lleva mi firma y ponga el original publicado en Sistema, añadiendo una nota en su publicación alertando a sus lectores de la manipulación existente en el artículo que bajo el mismo título ustedes publicaron.
Atentamente,
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universitat Pompeu Farbra
El New York Times ha ido publicando una serie de artículos sobre Emilio Botín, y otros grandes defraudadores españoles, con un volumen de evasión de impuestos similar al déficit del Estado.
Emilio Botín, presentado por tal rotativo como el banquero más influyente de España, y Presidente del Banco de Santander, que tienen inversiones financieras de gran peso en Brasil, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, además de en España. En EEUU el Banco de Santander es propietario de Sovereign Bank.
Lo que le interesa al rotativo estadounidense no es, sin embargo, el comportamiento bancario del Santander, sino el de su Presidente y el de su familia, así como su enorme influencia política y mediática en España. Un indicador de esto último es que ninguno de los cinco rotativos más importantes del país ha citado o hecho comentarios sobre esta serie de artículos en el diario más influyente de EEUU.
Es de suponer que si se escribieran artículos semejantes, por ejemplo, sobre el ex presidente Zapatero, tales reportajes serían noticia. No así en el caso Emilio Botín. Una discusión importante de tales artículos es el ocultamiento por parte de Emilio Botín y de su familia de unas cuentas secretas establecidas desde la Guerra Civil en la banca suiza HSBC.
Por lo visto, en las cuentas de tal banco había 2.000 millones de euros que nunca se habían declarado a las autoridades tributarias del Estado español. Pero, un empleado de tal banco suizo, despechado por el maltrato recibido por tal banco, decidió publicar los nombres de las personas que depositaban su dinero en dicha banca suiza, sin nunca declararlo en sus propios países.
Entre ellos había nada menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la vida política y empresarial (entre ellos, por cierto, el padre del President de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas; José María Aznar; Dolores Cospedal; Rodrigo Rato; Narcís Serra; Eduardo Zaplana; Miguel Boyer; José Folgado; Carlos Solchaga; Josep Piqué; Rafael Arias-Salgado; Pío Cabanillas; Isabel Tocino; Jordi Sevilla; Josu Jon Imaz; José María Michavila; Juan Miguel Villar Mir; Anna Birulés; Abel Matutes; Julián García Vargas; Ángel Acebes; Eduardo Serra; Marcelino Oreja…).
Según el New York Times, esta práctica es muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme. Según la propia Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y los autonómicos) no ingresa.
Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la cifra del déficit de gasto público social de España respecto la media de la UE (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que España debería gastarse en su Estado del Bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Y una de las causas de que no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado por estos colectivos citados en el New York Times.
El resultado de su influencia es que el Estado no se atreve a recogerlos. En realidad, la gran mayoría de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra en los autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa -según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español- sólo el 8% del fraude fiscal total.
Es también conocida la intervención de autoridades públicas para proteger al Sr. Emilio Botín de las pesquisas de la propia Agencia Tributaria. El caso más conocido es la gestión realizada por la ex Vicepresidenta del Gobierno español, la Sra. De la Vega, para interrumpir una de tales investigaciones. Pero el Sr. Botín no es el único. Como señala el New York Times, hace dos años, César Alierta, presidente de Telefónica, que estaba siendo investigado, dejó de estarlo.
Como escribe el New York Times con cierta ironía, “el Tribunal desistió de continuar estudiando el caso porque, según el juez, ya había pasado demasiado tiempo entre el momento de los hechos y su presentación al tribunal”. Una medida que juega a favor de los fraudulentos es la ineficacia del Estado así como su temor a realizar la investigación. Fue nada menos que el Presidente del Gobierno español, el Sr. José Mª Aznar, que en un momento de franqueza admitió que “los ricos no pagan impuestos en España”.
Tal tolerancia por parte del Estado con el fraude fiscal de los súper ricos se justifica con el argumento de que, aún cuando no pagan impuestos, las consecuencias de ello son limitadas porque son pocos. El Presidente de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur Mas, ha indicado que la subida de impuestos de los ricos y súper ricos tiene más un valor testimonial que práctico, pues su número es escaso. La solidez de tal argumento, sin embargo, es nula. En realidad, alcanza niveles de frivolidad.
Ignora la enorme concentración de las rentas y de la propiedad existente en España (y en Catalunya), uno de los países donde las desigualdades sociales son mayores y el impacto redistributivo del Estado es menor. Los 44.000 millones de euros al año que no se recaudan de los súper ricos por parte del Estado hubieran evitado los enormes recortes de gasto público social que el Estado español está hoy realizando.Pero otra observación que hace el New York Times sobre el fraude fiscal y la banca es el silencio que existe en los medios de información sobre tal fraude fiscal.
Tal rotativo cita a Salvador Arancibia, un periodista de temas financieros en Madrid, que trabajó para el Banco Santander, que señala como causas de este silencio el hecho de que el Banco Santander gasta mucho dinero en anuncios comerciales, siendo la banca uno de los sectores más importantes en la financiación de los medios, no sólo comprando espacio de anuncios comerciales, sino también proveyendo créditos -aclara el Sr. Salvador Arancibia- “…medidas de enorme importancia en un momento como el actual, donde los medios están en una situación financiera muy delicada”.
De ahí que tenga que agradecer al diario que se atreva a publicarlo, porque hoy, artículos como los que publica el New York Times y el mío propio, no tienen fácil publicación en nuestro país. Es lo que llaman “libertad de prensa”.
Vicenç Navarro
http://periodismoalternativoblog.wordpress.com/2012/10/20/el-new-york-times-destapa-a-los-grandes-defraudadores-espanoles/
«Emito una orden de toque de queda con efecto inmediato para el conjunto del personal militar estacionado en Japón, definitivamente o de manera temporal», declaró el jefe de las fuerzas armadas estadounidenses en Japón, general Sam Angelella.
Cuesta dos días y cinco reuniones decidir una nueva guerra en Líbia, pero está costando varias décadas el asumir una cifra que está fijada desde hace mucho como objetivo: 50.000 millones de dólares. La cifra que el PNUD (Programa de las Naciones para el Desarrollo) estableció como necesaria para erradicar el hambre en el mundo.
