En la España de hoy ha desaparecido la presunción de inocencia si es una mujer la que denuncia a un hombre acusándole de violencia de género. A un varón se le puede mantener detenido hasta 72 horas sin más requisito que dicha acusación.

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Y con la desaparición de la presunción de inocencia, la de la igualdad ante la ley, ya que no se aplica la misma norma en caso de que sea el hombre el denunciante y la mujer la denunciada, ni está igualmente penada la agresión de un hombre a una mujer que la de una mujer a un hombre. Una violación del artículo 24.2 de la Constitución en el primer caso y del 14 en el segundo, que solo cabe calificar de obscena.

El evidente desequilibrio en la presunción de inocencia solo se explica en función de la presunción de veracidad que se otorga a la mujer que denuncia. La mujer agredida no miente, se nos insiste, de donde parece inferirse que toda denuncia implica su automática veracidad, algo absurdo puesto que lo que hay que demostrar es que quien denuncia ha sido, efectivamente, agredido.

Nadie, que yo sepa, está diciendo que la mujer agredida mienta. Aunque, por supuesto, incluso entre las mujeres agredidas también se pueden dar mentirosas; en proporción más o menos igual que la que se da entre los hombres agredidos. Simplemente, por su condición humana. Pero esa no es la cuestión.

La cuestión es que una legislación que otorga privilegios a una parte de la sociedad sobre la otra estimula el abuso de la parte privilegiada. Pues si basta una denuncia por maltrato en un proceso de divorcio donde se ventila la custodia de los hijos para otorgar esta al denunciante, la acusación probablemente se producirá. Y es estúpido sostener que la mujer, o el hombre, o los astronautas, no mienten. Sobre todo, cuando la ley incentiva la mentira.
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Uno de lo artículos nucleares de nuestra vigente Constitución es el catorce, puesto que al consagrar la igualdad de todos los españoles ante la ley está sentando las bases de la democracia liberal y del Estado de Derecho. El principio de no discriminación por razón de sexo, raza o religión constituye un pilar fundamental de nuestra convivencia, y se erige tanto en una guía como en un límite infranqueable para la actuación de los poderes públicos.

Sin embargo, el actual gobierno socialista no lo ve así. La vicepresidenta Carmen Calvo se ha convertido en una suerte de adalid contra el machismo constitucional, y en contra del criterio de la práctica totalidad de juristas de este país, ha afirmado con total desparpajo que: “la Constitución solo tiene un lenguaje masculino, y eso no se corresponde con una democracia desarrollada”, y llegó incluso a advertir a la RAE que la reforma se haría con o sin su asesoramiento.

Se está usando la reforma del artículo 49 de la Constitución a modo de caballo de Troya para introducir la discriminación por razón de género en nuestra constitución

Y en ello están. Esta pasada semana el Gobierno aprobó el anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución, relativo a las políticas de protección de las personas con discapacidad, que forma parte del núcleo de principios rectores de la política social y económica. Cierto es que la reforma del artículo es conveniente, a fin de adaptarlo a la Convención sobre derechos de las personas discapacitadas de diciembre de 2006 ratificado por España. Lo que es absolutamente criticable es que se use la reforma sobre un tema tan sensible a modo de caballo de Troya con el que introducir la discriminación por razón de género en nuestra constitución.

El apartado segundo del nuevo artículo 49 dispone que: “los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. Estas políticas representarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad. Se atenderán particularmente las necesidades especificas de las mujeres y niñas con discapacidad”.

Esta mención singular a la atención PARTICULAR de las necesidades específicas de las mujeres y niñas frente a la de los discapacitados varones determina, a todas luces, unadiscriminación constitucional por razón de género.

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