El jefe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, informó al Congreso que la deuda soberana del país alcanzó su ‘techo’ establecido en un nivel de 14.294 billones de dólares. El funcionario halló en la suspensión de inversiones presupuestarias en dos de los mayores programas de financiación de jubilaciones un remedio seguro, aunque temporal, para evitar que el endeudamiento siga creciendo.

La medida drástica facilitará que la administración de Barack Obama acuda a unas nuevas prestaciones en el extranjero y refinancie de este modo los pagos previstos para el próximo período. De no haberla adoptado, los poderes ejecutivo y legislativo tendrían que acordar la elevación del límite para la deuda en un plazo fijo dentro de los próximos dos meses y medio, es decir antes del 2 de agosto, según afirmaron en varias ocasiones tanto el presidente Obama, como su secretario del Tesoro. Por su parte, los congresistas republicanos estipularon su visto bueno a la medida, durante los recientes debates, con unas importantes reducciones de gastos que exigieron de la Casa Blanca.

Geithner, por cierto, no considera la morosidad de los fondos de pensiones como una reducción definitiva, sino como una medida provisional para aplazar el peligro del incumplimiento de pagos obligatorios y, como consecuencia, de la bancarrota de EE. UU. Mientras tanto, uno de los congresistas independientes, Joe Boner de Alabama, el único que represente del Partido de la Unión en la Cámara de Representantes denunció que “no observaba avances reales” en la resolución del problema.

El volumen neto de los activos adquiridos por los inversores extranjeros, de acuerdo con el comunicado de Geithner, desminuyó en marzo en unos 3.200 millones de dólares en comparación con febrero (de 27.200 millones a 24.000 millones). Se destaca que por quinto mes consecutivo fue China el estado que más redujo sus subvenciones en el sector financiero estatal estadounidense.

Por otra parte, el secretario del Departamento descartó la probabilidad de impagos, en un futuro próximo, de las jubilaciones y las pensiones a causa de la suspensión de transferencias estatales a las cajas de compensación. Solo se pronostica el agotamiento de los mismos fondos para el 2036, un año antes de lo previsto, dijo.

La tensa situación que se está desarrollando entre los poderes no es un caso único en la historia presupuestaria del país norteamericano. De manera similar los legisladores pospusieron ampliar el techo de la deuda durante varios meses en 1985 y otra vez en 2002. Y en ambas ocasiones el proceso de negociación llevó a unas concesiones remarcables en materia de gasto.

La práctica de acordar periódicamente el aumento del límite legal de la deuda ha sido parte del sistema de contenciones y contrapesos en la política estadounidense. La primera vez que el Congreso tenía que adoptar el límite al endeudamiento federal data de finales de la I Guerra Mundial, en aquel entonces la administración de Thomas Woodrow Wilson (1913-1921) emitió una serie de bonos de largo plazo con motivo del ingreso de EE. UU. a la guerra, para financiar sus actividades bélicas.

Sin embargo, Barack Obama admitió el pasado miércoles que el país corre el riesgo de padecer una recesión aún peor que la sufrida en 2008 en caso de que el Congreso no eleve el techo de la deuda permitida. En una reunión con votantes el mandatario advirtió: “Si los inversores mundiales piensan que el crédito y la buena fe de EE. UU. no está respaldada, si piensan que podemos renegar de nuestros compromisos crediticios, todo el sistema financiero podría colapsarse”.

“Está claro que en muchos gobiernos regionales las cifras oficiales no reflejan la realidad”, asegura un estudio de Freemarket Corporate Intelligence del que se hace eco el diario y elaborado por la consultora que capitanea Lorenzo Bernaldo de Quirós, un economista españoñ muy crítico con el Gobierno español.

“También parece claro que las nuevas administraciones, si hay cambios de poder, no se van a hacer cargo de la deuda heredada sin aclarar los detalles”, apunta el informe. No es el único en manifestarse en este sentido, ya que ayer, Madhur Jha, economista dek HSBC también se manifestaba en esta línea. Y aseguraba que si tras las elecciones aflora más déficit será preocupante «y aumentará los temores en torno a los programas de austeridad puestos en marcha por España.

Preguntada por estas informaciones, la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha descartado que las comunidades autónomas afloren déficit oculto tras las elecciones. «No, en absoluto», ha dicho.

Los últimos datos del Banco de España, en línea con los de la UE, cifran en más de 115.000 millones de euros la deuda de las 17 comunidades autónomas, una cantidad que se habría duplicado desde 2008. La deuda municipal y local, por su parte, se habría incrementado hasta 35.000 millones, mientras que la del Gobierno central ascendería a 488.000 millones.

Fuerte endeudamiento de las empresas públicas

Freemark recuerda que las empresas de titularidad pública, tanto local como regional, también están fuertemente endeudadas y que las cifras de muchas de ellas no están incluidas en los cálculos de la UE. “De hecho, hay cerca de 5.200 entidades regionales y locales con unas deudas que no están incluidas en las cifras oficiales y que ascenderían a 26.400 millones de euros”, apunta.

“Otro método popular de ocultar deuda pública durante la crisis financiera y fiscal de los últimos tres años ha sido dejar de pagar las facturas. Las compañías farmacéuticas y otros proveedores de los hospitales españoles, de los cuales, los gobierno regionales son responsables, tienen, por ejemplo, 4.200 millones en facturas atrasadas”, señala el informe de Quirós.

La prima de riesgo de las CCAA duplica la de España
El informe destaca además cómo la prima de riesgo de estas regiones ha duplicado la del Estado español, lo que estaría sugiriendo que los mercados tienen poca confianza en su capacidad para hacer frente a esas deudas y se muestran reacios a refinanciarlas en los próximos meses.

El mercado de deuda pública soberana acepta que España ha hecho mejor los deberes para controlar su endeudamiento y su déficit que otras economías periféricas como Grecia y Portugal. Pero asegura que la inseguridad se ha instalado en los mercados en los últimos meses ante la imposibilidad de Comunidades como Cataluña, de hacer frente a sus elevados déficits.

De hecho, estas dudas se han traducido en numerosas ocasiones en mayores exigencias por parte de los inversores en las diferentes subastas realizadas por el Tesoro Público español y en un incremento de la prima de riesgo, que se mantiene por encima de los 215 puntos básicos. Precisamente hoy el Tesoro ha acudido al mercado con una emisión de letras a 12 y 18 meses. Ha colocado 5.500 millones a menor interés que hace un mes.

Suspender pagos (default, en inglés) es el proceso por el cual se incumple el pago de una deuda, ya sea en cuantía o vencimiento (plazo de devolución). Grecia será el primer país en suspender pagos dentro de la zona euro. El presidente del Eurogrupo, Jean Claude Juncker, confirma este martes que el país heleno precisa de una “suave reestructuración” de su deuda pública, que consistirá en alargar los plazos de devolución de sus bonos a los acreedores privados. Sin embargo, en principio, los inversores se podrán acoger de forma voluntaria a dicha ampliación de vencimientos.

Juncker ha señalado que Bruselas plantea alargar de forma voluntaria los plazos de devolución de la deuda helena si Atenas se embarca en reformas más profundas y acelera las privatizaciones previstas. “Grecia debe privatizar rápidamente 50.000 millones de euros en activos para que su deuda pública a medio y largo plazo sea sostenible, porque en este momento no lo es”, afirmó Juncker. “Si realizan todos estos esfuerzos, entonces veremos si es posible realizar una reestructuración suave de la deuda griega”, informa Reuters.

Tal declaración contradice parcialmente las afirmaciones lanzadas el lunes por el máximo representante del Eurogrupo. Y es que, Juncker no excluyó ayer la posibilidad de aplicar una “reprogramación” (“reprofiling”, en inglés) de la misma, en la que se pediría a los bancos privados que extiendan de forma voluntaria el plazo de vencimiento de los bonos griegos. Asimismo, advertía de que “una amplia reestructuración de la deuda no es una opción”.

Sin embargo, esta mañana Juncker ha sustituido el término “reprogramación” por el de una “suave reestructuración”. La cuestión es que más allá de los regates lingüísticos propios de los políticos, Grecia incumplirá los compromisos adquiridos con sus acreedores, ya que alargará los plazos de pago.

Así pues, se abre un nuevo escenario en el que habrá que negociar con los tenedores de bonos la ampliación del vencimiento (devolución) de los bonos públicos, lo cual certifica de paso el fracaso del rescate soberano aprobado el pasado año por las autoridades internacionales, consistente en un crédito blando (con mejores condiciones de las que exige el mercado) de 110.000 millones de euros.

Por el momento, se descarta la aplicación de quitas (descuentos en el valor de los bonos) a la deuda helena, pero el mero alargamiento de plazos podría constituir tan sólo el inicio de una reestructuración griega mucho más amplia, al estilo del Plan Brady aplicado a los países latinoamericanos a finales de los 80.

La “reprogramación” de Uruguay en 2003

La mera opción de alargar vencimientos recuerda mucho al proceso llevado a cabo por Uruguay en 2003. Entonces, su Gobierno también optó por extender los plazos de pago, en un proceso al que los acreedores se acogieron de forma voluntaria. En concreto, los tenedores de deuda contaron con dos opciones: canjear los antiguos bonos por otros nuevos con un cupón similar y un plazo de devolución cinco años mayor de media; o bien optar por un bono de referencia con plazos de devolución incluso más largos, pero de mayor liquidez (con más garantías).

La extensión de plazos logró reducir la carga efectiva de su deuda pública en cerca de un 15%. Poco después, Uruguay pudo volver a financiarse en los mercados internacionales. Sin embargo, esta posibilidad cuenta con importantes matices a tener en cuenta en el complejo caso griego.

En primer lugar, la deuda pública de Grecia, superior al 140% del PIB en 2010, amenaza con elevarse hasta el 160% en 2012, casi dos veces más que la registrada entonces por Uruguay. Además, el país latinoamericano logró crecer a tasas medias del 6% anual, lo cual posibilitó hacer frente a los pagos. De momento, nada indica que la economía helena pueda alcanzar tal ritmo de crecimiento, más bien al contrario (el FMI prevé que Grecia acabe este año nuevamente en recesión y con leves repuntes del PIB en los próximos ejercicios.

Es decir, en el mejor de los casos, alargar los vencimientos tan sólo permitiría a Grecia ganar algo más de tiempo antes de aplicar quitas, al estilo del Plan Brady de los años 80. Curiosamente, el proceso de reestructuración latinoamericana siguió un proceso similar al que parece ahora adoptar Bruselas con Grecia.

El Plan Brady

A finales de los años 80, la exposición de los grandes bancos de Estados Unidos a América Latina era sustancial, con el consiguiente riesgo de causar grandes agujeros en sus balances ante la aplicación de una quita (devolver menos de lo que se debe).

Fue entonces cuando surgió el llamado Plan Baker, por el nombre del entonces secretario del Tesoro de EEUU, James Baker. Este programa ofrecía a los países latinoamericanos con problemas financieros una “reprogramación temporal” para extender los plazos de pago -similar a la que ahora plantea Juncker para Grecia-. De este modo, los bancos estadounidenses contaron con más tiempo para tratar de reforzar sus balances y cubrir así potenciales pérdidas en sus carteras de deuda pública.

Sin embargo, el peso de la deuda hizo fracasar el plan. Las finanzas públicas de esos países se mostraron insostenibles. Fue entonces cuando surgió el Plan Brady (1989), bajo el nombre de otro secretario del Tesoro estadounidense, Nicholas Brady.

Esta segunda fase contemplaba ya el impago parcial de la deuda contraída mediante la aplicación de quitas (descuentos en el valor de los bonos). Numerosos analistas consideran que ésta es la única salida factible para la deuda helena. De hecho, las autoridades internacionales ya barajan un Plan Brady para Grecia, por lo que esta “suave reestructuración” que ahora se pretende tan sólo sería la primera fase de la quiebra de Grecia. Y es que, dicha quita sobre el principal de la deuda podría reducir sustancialmente las cargas financieras que soporta el Estado heleno.

En este sentido, el banco de inversión JP Morgan indicó que, si bien alargar plazos otorgaría algo de tiempo, “lo más probable es que muchos agentes del mercado se sumarían a la sensación de que una quita al estilo de Argentina es inevitable al final”.

La banca aprovecha la prórroga de Grecia

Y esto es, precisamente, lo que parece estar ocurriendo en estos momentos. El rescate soberano de Grecia pospuso la quiebra del país durante un año. La concesión de los 110.000 millones de euros por parte de Bruselas y el FMI en 2010 evitó su inminente suspensión de pagos.

Sin embargo, 12 meses después el rescate ha demostrado ser un fiasco, ya que no ha resuelto el problema -se ha tapado deuda con más deuda en un mero proceso de refinanciación-, sólo ha pospuesto su resolución. La necesidad de un segundo rescate ha abierto la puerta a la participación de los inversores privados. Por el momento, la “suave reestructuración” que ahora se baraja se limitará a alargar los plazos de devolución, concediendo así una nueva prórroga, no sólo a Grecia, sino sobre todo a sus acreedores (bancos).

Efectivamente, los datos demuestran que en los últimos meses el rescate ha sido aprovechado por la banca para reforzar su capital y limitar su exposición a la deuda pública de Grecia (similar a los que pretendía el Plan Baker ya descrito).

En concreto, los bancos de la zona euro han empleado esta primera prórroga para ampliar sus reservas de capital en 200.000 millones de euros, un 12% más respecto a finales de 2009. Asimismo, en el último año han reducido de media un 20% su exposición directa a la deuda de Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia, según datos del Banco Internacional de Pagos.