El lobby le ha puesto los sellos de su tinglado global a la carta en la que advierte a los eurodiputados de las consecuencias – otra amenaza más -de no firmar ya ACTA. Están todos. Las televisiones privadas de la concesión o licencia gubernamental, la MPAA (Hollywood), la BSA (los que equiparan el software libre con la piratería), EGEDA (los de Cerezo). Los representantes de un modelo no competitivo asociado con los dos grandes partidos y “las viejas clases de linaje” (David de Ugarte dixit).

El poder que no se vota pero tiene voto. Es la democracia representativa de lobby. Klaus-Heiner Lehne presente. Capaces de todo. De cualquier cosa. Frente a ellos este político de la minoría que no se cuadra ante ellos y su poder. No es casualidad que sea el eurodiputado más joven y tampoco lo es que sea un dirigente de Los Verdes alemanes.

Jan Philipp Albrecht considera que ACTA excede el ámbito de aplicación de la legislación comunitaria y quiere que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamine al respecto. Le apoyan algunos eurodiputados libres y un buen grupo de juristas que han avanzado un dictamen que considera que ACTA está fuera de la ley y atenta contra el acervo comunitario. Por eso antes de votarse y en su caso firmase el acuerdo, Jan Philipp Albrecht quiere que lo “vea” el Tribunal de Justicia de la UE. Un garantista y europeista de verdad. Un revolucionario del sentido común. Un tipo peligroso.

Pues bien, los del lobby han enviado la carta que encabeza este post avisando de que esa iniciativa del eurodiputado verde retrasaría la adopción de ACTA y debilitaría la posición de Europa de cara a sus socios internacionales, como un líder que propone y apoya la protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual a nivel global.

Pero el problema no es el lobby, son los políticos que le sirven y están debilitando la idea de Europa y de la democracia misma. Ha llegado el momento de elegir. Uno u otro. Democracia de ciudadanos o Partitocracia de un lobby. Los ciudadanos europeos tienen la palabra y el poder… del voto.

Internautas franceses dicen que varias operadoras de telecomunicaciones del país limitan el libre acceso al mayor portal de vídeos de la red, YouTube. Según afirman, Orange, SFR y Free castigan dicha web de forma que ver un vídeo puede tomar entre cinco y 15 minutos de carga.

Las operadoras rechazan la acusación de los internautas y dicen que los problemas vienen de parte de Google, propietario de YouTube. Sin embargo, las denuncias se basan en un boicot encubierto a la compañía con sede en Mountain View para que pague la tasa que las operadoras le reclaman desde hace tiempo para contribuir al desarrollo de las infraestructuras de la red.

No se antoja nada descabellado que las tres operadoras francesas capen, en cierto modo, YouTube. Meses atrás ya se descubrió algo parecido con la velocidad de descarga de portales como Megaupload, aunque las telecos lo negaron. No obstante, las pruebas están ahí. Además, las multas por prácticas monopolísticas y la falta de competencia en el mercado de las telecomunicaciones es el pan de cada día.

Más allá de la reclamación que hacen las operadoras, la campaña que llevan a cabo es dañina para el desarrollo de Internet. Es un ataque en toda regla a la neutralidad de la red, aquella que la Unión Europea decía que quería proteger. Es un paso atrás en el avance para un Internet libre y sin trabas que se suma a la errática legislación de los gobiernos, que pretenden controlar y regular la red.

Sin embargo, en medio de esta campaña de boicot hacia Google, el diario francés Les Echos afirma que Orange habría obtenido una retribución “simbólica” del gigante de la red. Por su parte, los de Mountain View no quieren que la noticia se haga pública, puesto que sentaría un peligroso precedente para ellos: si han pagado a una, aunque sea poco, las demás querrán el mismo trato. No obstante, Orange está en la lista de las operadoras que presuntamente dificultan el funcionamiento de Google. ¿Quieren más dinero?

Si una cosa diferencia a la Unión Europea con la Unión Americana es que en la vieja Europa existen ciertas leyes que, presuntamente, protegen los datos personales de sus ciudadanos. Teóricamente, ésto debería ser una cosa buena para nosotros, habitantes de la Unión Europea. En realidad, no lo es tanto.

A Viviane Reding la conocimos cuando era Comisaria Europea de la Sociedad de la Información, coincidiendo con el asunto de las enmiendas torpedo. Sobre el papel, Reding ha realizado pasos importantes en pos de la privacidad y la seguridad de nuestros datos, como cuando, no hace demasiado, anunció nuevas normas mucho más estrictas para proteger el derecho al olvido y destinadas a que tanto proveedores de Internet, buscadores y sitios web de redes sociales, almacenen la menor cantidad posible de datos personales: cuantos menos datos en danza, mas seguros van a estar.

Tras la debacle que está sufriendo Sony estas semanas, Reding comentó que, además, iba a proponer una serie de normas para toda la Unión con tal de regular la forma en que se tratarán las brechas de seguridad y privacidad en banca online, videojuegos, comercio en línea y en el uso de software de redes sociales. Entre las nuevas normas, podría estar una que obligara a empresas como operadoras de telefonía, viejas conocidas de Reding, a informar inmediatamente a sus clientes de cualquier problema con la seguridad de sus datos.

Sony tardó siete días en informar del robo de los datos de 70 millones de sus clientes. Para Reding, fueron muchos. Demasiados. Y si vamos viendo los acontecimientos, mejor preparar algo de picar.

Pero lo que podría ser, como comentan en el New York Times, un indicio que Europa va a la cabeza en lo que a privacidad de datos se refiere, podría darse el caso completamente contrario. Casos recientes como el de Tom Tom, que cedió los datos registrados por sus navegadores GPS a la policía holandesa que, a su vez, los utilizó para poner radares en puntos estratégicos, o no tan recientes pero si igual o más preocupantes, como las dobles varas de medir ponen el tema en el candelero: ¿a quien pertenecen los datos? ¿quién debe custodiarlos? ¿durante cuanto tiempo? ¿quién puede acceder a ellos, y bajo que condiciones?

Todas estas preguntas no tienen respuesta aún, ya que otra comisaria europea anda revisando directivas y alterando fechas arbitrariamente (que para eso es miembro de una Comisión arbitraria…)

Crear nuevas normas en la Unión Europea puede generar muchos problemas, como se ha demostrado con la Directiva de Retención de datos, que en vez de ser revocada completamente por ser un fiasco, se ha revisado y muy posiblemente acabe ampliando su marco de actuación, poniendo aún más trabas legales a los ciudadanos europeos para poder tener acceso a sus datos y vigilar que tratamiento se les dan.

Y en lo que comentábamos al inicio, sobre las diferencias entre Europa y América… pues también hay cosas que nos unen… casualmente las políticas de retención de datos draconianas que nos van a salvar del terrorismo internacional que, por si no lo sabían ustedes, no existiría de no ser por Internet.