La semana pasada, la policía boliviana encontró dos toneladas de supuesto uranio cargado en camiones, a sólo metros de la embajada de Estados Unidos en La Paz. La inteligencia brasileña anunció que está investigando “rumores” de una ruta clandestina de tráfico de uranio hacia la República Islámica de Irán, que según autoridades bolivianas incluiría a Chile.
El martes 28 de agosto, una operación dirigida por el ministro de Gobierno boliviano, Carlos Romero, y el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez, dio con el hallazgo de dos toneladas de material radiactivo en pleno centro de La Paz. La policía montó un vasto operativo para remover el material, aunque sin los más mínimos procedimientos de seguridad.
El operativo generó suspicacias en varios expertos y analistas bolivianos. Según la geóloga Elena Gorinova, no se habría cumplido el protocolo de manipulación de elementos. “Lo primero que se debía hacer, es sacar el mineral en el camión lo más lejos de la población, fuera de la ciudad, y después comenzar el trabajo de investigación”, dijo a la prensa.
Seis individuos fueron detenidos. Entre ellos se encontraba un ingeniero de apellido Espinoza, quien portaba un informe de laboratorio emitido por la firma química Spectrolab. El análisis químico cuantitativo que portaba el sospechoso, solicitado con fecha 11 de abril de 2011 a nombre de la Empresa Minera Galeano, consignaba la presencia de dióxido de uranio (UO2) con una concentración aproximada de 72,35%.
Este documento fue citado por las autoridades bolivianas, específicamente por el ministro Romero, para demostrar la existencia de uranio en las cargas incautadas.
El funcionario de gobierno fue más allá y apuntó inmediatamente a una red clandestina de tráfico del material, supuestamente desbaratada en el operativo. “El gobierno dijo que existen indicios de que el probable cargamento de uranio fuera traído de Brasil para ser llevado a Chile u otros países”, informó La Capital de Argentina.
Sin embargo, la versión oficial debió ser cambiada sólo horas después, cuando los peritajes determinaron que el material incautado no era uranio, sino un mineral llamado tantalio que se utiliza en la fabricación de teléfonos celulares y ordenadores. La cantidad de material radiactivo detectada no superó el 0,01%.
A esto se sumó un comunicado de la firma Spectrolab, la cual negó haber realizado el análisis químico referido por el gobierno boliviano y denunció que las firmas presentes en el documento estaban falsificadas.
La gerente general de Spectrolab, Rosario Mena de Bascopé, señaló que ni el papel membreteado ni la firma de Jenny A. Espinoza, jefe de laboratorio, corresponden a registros de la empresa. “No existe la numeración de los informes correlativos (…) nunca se habría hecho un informe certificando un 72.35 por ciento de la existencia de dióxido de uranio”, consignó El Diario de Bolivia.
El viernes pasado, citando fuentes en el gobierno brasileño, el diario Valor Económico informó que la Policía Federal del país y la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) estaban investigando una posible ruta de contrabando de uranio extraído de tierras brasileñas hacia Venezuela, que podría tener como destino final Irán.
“La sospecha es que el uranio entre de manera ilegal a Bolivia y se exporte como otro mineral a Chile”, reportó Página Siete de Bolivia. “A continuación, sigue a Venezuela y desde allí a Irán, el régimen aliado del presidente venezolano, Hugo Chávez, y que está bajo embargo por las sospechas internacionales de que su programa nuclear está destinado a la construcción de una bomba atómica”.
Considerando las incoherencias que dan cuenta de falsificaciones intencionales en el peritaje del material incautado por las autoridades bolivianas, ¿podríamos estar frente a una operación de inteligencia, que pretende introducir un nuevo foco de la “guerra contra el terrorismo” en Latinoamérica, a los pies de una eventual guerra preventiva de occidente contra Irán?
No es la primera vez que se ha intentado. En febrero de 2012, el ex funcionario de la administración Bush, Roger Noriega, escribió una columna para el Washington Post, titulada “¿Existe una red terrorista de Chávez a las puertas de Estados Unidos?”, la cual vinculaba al gobierno venezolano con el paquistaní Saif Khan, detenido injustamente en Chile a través de una campaña de desprestigio coordinada por el Ministerio del Interior de Hinzpeter.
“Una fuente chilena de alto rango me informó que, antes de su arresto, Khan vivió y se asoció con personas de origen egipcio, saudí y libanés – muchos de los cuales portaban pasaportes venezolanos”, escribió Noriega. “Uno de los oficiales acusados de emitir tales documentos de identificación venezolanos a extranjeros sospechosos es el confidente de Chávez, Tarek Zaidan El Aissami”.
El supuesto hallazgo de uranio en La Paz no pasó inadvertido para las autoridades chilenas. El gobernador de Iquique, Felipe Rojas, confesó a Soychile.cl que “estamos atentos a este tipo de circunstancias, observantes de la situación y vigilantes con respecto a cualquier material peligroso que pudiera pasar por la frontera”.
De explotarse esta nueva histeria, podríamos estar frente a un resurgimiento de la “guerra contra el terrorismo” en el hemisferio, alimentada comunicacionalmente por la CIA y el Mossad en su afán de justificar una intervención militar contra la República Islámica de Irán.
Fuente : Verdad Ahora
http://libertadparalahumanidad.wordpress.com/2012/09/03/advierten-sobre-trafico-de-uranio-desde-chile-a-iran-montaje-de-eeuu/
