Dos proveedores del Instituto Nóos han asegurado ante el juez José Castro que los trabajos que realizaron no tenían nada que ver con los fallidos Juegos Europeos que impulsó la Generalitat valenciana,aunque la entidad presidida por Iñaki Urdangarin giró las facturas al gobierno autonómico.
Así lo han asegurado a Efe fuentes judiciales, después de que este lunes el juez José Castro interrogara en Barcelona como testigos a una veintena de proveedores del Instituto Nóos para dilucidar si las facturas que emitieron se corresponden con servicios reales efectuados para la entidad.
En concreto, según las mismas fuentes, el juez trata de seguir el rastro de una serie de facturas que constaban en un libro de apuntes contables sobre los convenios que el Instituto Nóos estableció con los gobiernos de Baleares y Valencia y que fue incautado durante el registro policial al entramado de sociedades del Instituto Nóos en Barcelona.
La mayoría de los testigos que han comparecido durante la mañana ha confirmado que efectivamente prestaron servicios para el Instituto Nóos, relacionados con la traducción, la publicad y la comunicación, entre otros, aunque uno de ellos ha asegurado que no facturó para el instituto y otro ha apuntado que el importe de la factura no se corresponde con el que aparecía en el apunte contable, según las mismas fuentes.
Además, según dichas fuentes, otros dos testigos han corroborado ante el juez, como ya hicieron en su declaración policial en septiembre pasado, que los trabajos que prestaron para el Instituto Nóos no tenían ningún tipo de relación con la preparación de los fallidos Juegos Europeos, que impulsaba el gobierno autonómico valenciano cuando estaba presidido por Francisco Camps.
Las declaraciones de estos testigos se sitúan en la línea que mantiene el fiscal del caso, Pedro Horrach, en el sentido de que el Instituto Nóos pudo presentar certificados y facturas falsas al gobierno valenciano para cobrar parte del convenio sobre los Juegos Europeos, por trabajos que realmente no se llevaron a cabo.
Este convenio entre el Instituto Nóos y la Generalitat valenciana se firmó el 26 de diciembre de 2005, cuando el gobierno autonómico estaba presidido por Francisco Camps, y fue rubricado por el actual responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, entonces consejero de la Presidencia valenciana.
Pese a que el convenio preveía un máximo de 5 millones de euros para Nóos, esta entidad únicamente facturó por valor de 382.000 euros al gobierno valenciano, en mayo de 2006, por unos informes sobre los contactos que había mantenido con federaciones deportivaseuropeas para tantearles sobre la necesidad de que se crearan los Juegos Europeos.
De hecho, en la anterior ronda de comparecencias de testigos en Barcelona, el portavoz de Compromís Enric Morera le trasladó al juez José Castro sus sospechas de que parte de los 382.000 euros que el gobierno valenciano pagó al Instituto Nóos fueron a parar realmente a una empresa de comunicación valenciana «cercana al PP»,presidida por uno de los imputados en la causa, que había trabajado en el proyecto y que había registrado el nombre de «European Games».
Por su parte, el abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha sido preguntado por los periodistas por si es cierto que el Instituto Nóos pudo falsificar algunas facturas y ha respondido con un escueto: «Que yo sepa, no».
