Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado hoy, con el voto a favor del PP y el rechazo de los socialistas, la reforma de la ley electoral de la comunidad, que supone reducir de 49 a 33 el número de diputados en las Cortes autonómicas.
La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha defendido, en una intervención del pleno de las Cortes, esta norma, que ha calificado de «justa, plural, objetiva, representativa, equilibrada y adecuada» para los tiempos de crisis.
Para Cospedal, la reducción de parlamentarios es un «paso histórico», que permite a los políticos «tener un comportamiento ejemplar con los ciudadanos», y una medida que acerca la política a la ciudadanía.
La reforma de la ley electoral para reducir el número de parlamentarios autonómicos llega tras la modificación del estatuto de Castilla-La Mancha, que cifró en una horquilla de 25 a 35 el número de diputados, frente al anterior intervalo que recogía de 47 a 59 parlamentarios.
Con esta ley, que ha llegado al Parlamento autonómico sin ninguna enmienda por parte de los grupos parlamentarios, cada provincia tendrá tres escaños fijos, mientras que el reparto de los restantes, que se hará en proporción a la población de cada provincia, no se conocerá hasta que aparezca especificado en el Decreto de convocatoria de elecciones.
De acuerdo a la población actual de Castilla-La Mancha, Toledoquedaría con 9, Ciudad Real con 8, Albacete con 6 y Cuenca yGuadalajara con cinco escaños cada una.
Justificación del PP
La presidenta regional, María Dolores de Cospedal, ha tomado la palabra al finalizar el debate parlamentario para asegurar que la nueva ley es «justa, plural y representativa», y ha puesto en valor que «se está dando un paso histórico».
Además, ha recordado que en la reforma electoral del año 1986 hubo un «consenso» de todos los grupos parlamentarios, algo que fue posible porque «en la oposición estaba el PP», tras lo que ha lamentado que hoy ese consenso «no sea posible porque todo lo que propone el PP no es del gusto del PSOE«.
«Pero a pesar de ello tenemos la responsabilidad de profundizar en el acercamiento de la política a los ciudadanos», ha argumentado. A su juicio, esta ley es más justa que la anterior, «que permitía que un partido que perdiera en cuatro provincias pudiera gobernar». «Y con esa ley electoral, para sorpresa del PSOE, ganó el PP las elecciones, aunque era difícil», ha remachado.
Para la líder del Ejecutivo, «es importante dar respuestas desde la política a los retos que se plantean», algo a lo que ayudará «una ley equilibrada que conjuga la representación del territorio». La objetividad de esta medida reside, para Cospedal, en que «no habrá ciudadanos que pesen más que otros a la hora de decidir quién gobierna».
Cospedal ha incidido además en la pluralidad de la nueva ley, asegurando que si se extrapolan los resultados de las últimas elecciones al Parlamento Europeo, «Izquierda Unida nunca habría tenido tanta representatividad en esta Cámara», ya que tendría dos diputados.
En este punto, ha hecho referencia a la propuesta del PP de que gobierne en los municipios el alcalde del partido más votado. «Entiendo que no les guste. Si fuera así, el alcalde de Toledo no habría gobernado en su primera legislatura», ha indicado.
Por otro lado, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular,Francisco Cañizares, ha criticado que el PSOE «defienda que son necesarios más diputados» y, en cambio, «no haya presentado enmiendas» a esta reforma electoral, lo que, a su juicio, «es una negativa a debatir». A juicio de Cañizares, esta reforma «establece un criterio de asignación automática del número de diputados y ya no dependerá de las voluntades políticas», sino que «será el INE quien dé el dato de población que se establezca, y con ese dato saldrá el número de diputados para cada provincia», ha recalcado.
Críticas de la oposición
Para el portavoz parlamentario del PSOE, José Luis Martínez Guijarro, esta reforma electoral, llevada a cabo tras reformar el Estatuto de Autonomía de la región como paso previo a reducir el número de diputados, se ha producido «faltando el respeto a todos los grupos políticos de España», ya que la reforma del Estatuto no obtuvo ningún apoyo en el Congreso de los Diputados.
Martínez Guijarro, que ha aclarado que no se han presentado enmiendas al texto para «no ser cómplices de este pucherazo», ha lamentado que la nueva ley «va contra el pluralismo político e impedirá la presencia de las minorías», ya que a partir de ahora «hay provincias donde serán necesario el 18 por ciento de los votos».
Ha alertado además que con la nueva ley «un 25 por ciento de los ciudadanos se pueden quedar sin representación en estas Cortes» y ha criticado que se haya fijado el número de diputados a elegir en 33. «Han hecho cuentas y han cogido lo que les viene bien».
El socialista ha aseverado también que, en el caso de que el Tribunal Constitucional acepte el recurso presentado este mismo lunes por los socialistas contra la reforma del Estatuto de Autonomía, «podría haber un marco de inseguridad jurídica». «Si se declara inconstitucional, ¿con qué normativa vamos a las elecciones?», se ha preguntado.
«Aprueben la ley que les dé la gana, nosotros trabajaremos para ganar las elecciones para devolver a Castilla-La Mancha a la senda en la que debe estar», ha subrayado.
Por otra parte, el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha rechazado esta reforma porque, según su criterio, se ha aprobado «el mayor pucherazo electoral de la democracia». En una rueda de prensa celebrada en la sede de IU, Lara se refirió a la reforma del Estatuto de Autonomía que hoy ha sido aprobado en el Parlamento castellanomanchego, y cuya modificación del artículo 10.2 establece una reducción de escaños, fijándolo en 33 para una región que tiene 5 provincias y más de dos millones de habitantes.
«Lo que pretende el Partido Popular en Castilla-La Mancha es garantizarse la mayoría robando la voluntad democrática de los ciudadanos», aseguró Lara, quien criticó que esta reforma fije para la comunidad que gobierna María Dolores de Cospedal el mismo número de escaños que La Rioja, que no llega a 500.000 habitantes.
Lara apostilló que el PP «quiere mantener la mayoría a costa de lo que sea y mantener el bipartidismo» para frenar el crecimiento de formaciones como IU. Asimismo, criticó que, por esa razón, el PP pretende «retorcer» la voluntad popular con su propuesta de elección directa de alcaldes. A su juicio, «el PP se ha convertido en un problema para la democracia». «Quieren seguir gestionando este país como si fuera su cortijo particular», denunció.
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