Por Corriente Roja
El “cabreo” de la ministra de trabajo al enterarse de la constitución del sindicato de “trabajadoras sexuales” OTRAS, que está en vías de impugnación, ha dejado al descubierto las discrepancias al respecto en su equipo, pero sobre todo el cinismo, la hipocresía y la actitud cobarde de este gobierno ante la prostitución.
Se multa a los clientes o a quienes venden su cuerpo en la vía pública, pero ningún gobierno quiere enfrentar a los empresarios de la industria del sexo, incluidos proxenetas y traficantes de personas, que amparados por el vacío legal y el limbo jurídico en que se encuentra esta actividad, hacen caja a costa de nuestros cuerpos. España es el país de la UE que más prostitución “consume”.
Una industria que mueve miles de millones al año y cuyos ingresos son contabilizados dentro del PIB. Dueños de locales y clubes de alterne están registrados en la Dirección General del trabajo desde 2004. Según el Código penal, el proxenetismo solo es delito si se demuestra la imposición de “condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas”, aunque la mayoría de las víctimas de explotación sexual son localizadas en establecimientos regentados en régimen de proxenetismo consentido.
Un discurso abolicionista que es una pantomima. ¡Organicémonos para luchar ya!
Este gobierno que se dice feminista, supedita los recursos contra la desigualdad y la violencia machista y para poner en marcha flamantes Pactos de Estado, a la aprobación de su senda del déficit, lo que supone mantener los recortes y planes de austeridad que llevamos años sufriendo y que recaen sobre todo en nosotras.
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