Los chinos cada vez están más indignados. Y no les faltan razones: discriminación étnica, abusos a emigrantes rurales, contaminación letal, autoritarismo político, corrupción, expropiaciones injustas y un largo etcétera que ha demostrado que hasta la paciencia de la población china tiene un límite. Tanto que, en vista de que las protestas pacíficas no surten el efecto deseado, muchos han decidido echarse a las barricadas. Han comenzado a saltar las chispas que podrían prender la mecha de la compleja bomba de relojería que es la sociedad china.

Esa ha sido siempre la peor pesadilla del Partido Comunista Chino, que acaba de celebrar su 90 cumpleaños con la obligación de apagar fuegos por todo el país. A finales de mayo, justo cuando parecía que los dirigentes chinos habían conseguido desactivar el conato de la Revolución del Jazmín, y la detención del artista Ai Weiwei había pasado a un segundo plano, un camionero de la etnia mayoritaria atropelló y mató a un pastor de la minoría mongola que trataba de bloquear el paso del transporte de carbón a través de la frágil estepa. El suceso encendió los ánimos de miles de mongoles que se echaron a la calle para hacer oír demandas similares a las que incendiaron Tíbet en 2008 y Xinjiang un año después.

Más de 2.000 personas desafiaron a las autoridades en las calles de Xilinhot, y los gritos se trasladaron días después a Hohhot, la capital de la región autónoma especial de Mongolia Interior, poco poblada pero rica en recursos. En primera instancia, el Gobierno hizo lo de siempre: cerrojazo informativo, tropas en la calle, y mano dura con los «alborotadores».

Pero, a largo plazo, los dirigentes chinos son conscientes de que esta estrategia no resulta sostenible. Así que para aplacar los ánimos sentenciaron a muerte al conductor del camión en un juicio exprés de seis horas y, pocos días después, presentaron un ambicioso plan para robustecer el desarrollo económico de la zona. Es la fórmula mágica de China: dinero para acabar con demandas de todo tipo, desde libertades políticas hasta beneficios laborales. Pero no todos se venden. Las Madres de Tiananmen aprovecharon el 22 aniversario de la matanza, celebrado el pasado día 4, para informar de que el Gobierno había tratado de comprar «el silencio, la dignidad y el respeto».

Las disputas económicas siguen estando en el ojo del huracán de la mayoría de casos. El de Qiang Mingqi es uno de los más llamativos de los últimos meses. Este campesino de 52 años, harto de que las autoridades no le hicieran caso, decidió a finales de mayo emprenderla a bombazos con los edificios gubernamentales de la ciudad de Fuzhou. Hizo detonar tres explosivos que mataron a otros tantos funcionarios. Él también fue víctima de la última deflagración que puso la ciudad patas arriba. Y todo porque habían expropiado su hogar y la compensación recibida estaba muy lejos del valor de mercado de la propiedad. Este hecho, muy frecuente en el país, desató una ola de simpatía hacia Qiang, que se quejaba en su microblog de la inoperatividad de los mecanismos para pedir cuentas al Estado. Una vez más, después de calificar de «terrorista» a Qiang, los poderosos tuvieron que agachar la cabeza ante la rabia que había desatado el caso en el ciberespacio, y dos altos cargos fueron destituidos. Puede que su ejemplo esté detrás del ataque que otro hombre llevó a cabo días después en la ciudad de Tianjin «para vengarse de la sociedad».

Paliza a una embarazada

Claro que estos casos aislados de furia son migajas si se comparan con lo sucedido en la ciudad de Zengcheng, situada en la provincia sureña de Guangdong. Este centro manufacturero, uno de los muchos que engrasan la fábrica del mundo, estalló el pasado día 10 después de que una joven emigrante embarazada, que tenía un puesto ambulante, fuese apaleada por varios agentes de policía. En cuestión de horas, Zengcheng estalló. Cientos de trabajadores, procedentes de las zonas más depauperadas y cansados de sufrir la arbitrariedad de las fuerzas de seguridad, pusieron a la Policía en su diana. El Ejército se vio obligado a desplegar fuerzas especiales en las calles. La tensión todavía continúa.

Algo parecido sucedió pocos días antes en Hubei, a más de 2.000 kilómetros de distancia, cuando Rang Jiaxing, un político conocido por su lucha contra la corrupción, murió al cabo de diez días de ser arrestado en la localidad de Lichuan. Las fotos de su cadáver, evidentemente torturado, volvieron a incendiar internet, el medio que ni siquiera un ejército de censores es capaz de acallar. La primera acción tuvo como objetivo un letrero en el que se leía el eslogan más famoso del Partido Comunista: ‘Servir al pueblo’. Y las tanquetas salieron de nuevo a la calle.

No hizo falta llegar a tal extremo con los familiares de los niños envenenados con plomo que pretendían fletar autobuses para viajar a Pekín y llevar a cabo una protesta frente a los mandamases del país, después de que un informe de Human Rights Watch confirmara que millones de personas sufren algún tipo de problema derivado de esta contaminación que se ceba en los más pequeños, en quienes provoca discapacidades mentales.

Aunque gobiernos de las provincias más afectadas han decidido echar el cierre de muchas industrias que producen baterías de plomo y ácido, la corrupción y el falseo de tests son comunes, denuncia la ONG. Evitar que esta información salga a la luz y que los manifestantes lleguen a la capital parece haberse convertido en otra de las muchas batallas que libra ahora el Gobierno.

Es evidente que el crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida ya no son suficientes para legitimar el autoritarismo comunista que los ha propiciado. La indignación va en aumento, y las cifras reflejan este hecho de forma contundente. Según estadísticas oficiales, en 2006 se contabilizaron en el gigante asiático 60.000 actos de protesta. En 2007, la cifra se elevó hasta superar los 80.000. Entonces, la Academia de Ciencias Sociales dejó de publicar datos. No obstante, los números filtrados por diferentes fuentes estiman que en 2008 más de 127.000 manifestaciones mostraron un descontento creciente, y el diario Financial Times estima que el año pasado, con la inflación en niveles históricos, la suma de incidentes alcanzó los 180.000. Casi 500 al día. Y de nada sirve que periódicos como Global Times traten de apaciguar al personal pidiendo que no se utilice la ley de la selva.