La comunidad más sureña de España, Andalucía, ha visto cómo estos últimos meses televisiones y periódicos van preñados de noticias sobre presuntos casos de corrupción y apropiación indebida de inmensas cantidades de fondos públicos, en una de las regiones más subvencionadas de Europa, con una altísima tasa de desempleo y gobernada por los socialistas desde la llegada de la democracia en España hace más de 30 años.

En un principio, los observadores acogieron con cautela el goteo de denuncias ante la idiosincrasia de la jueza que instruye el caso principal, Mercedes Ayala, y por coincidir las filtraciones de los autos con “hitos institucionales y orgánicos” del PSOE andaluz, como ha criticado Juanjo Cornejo, secretario de Organización del partido regional.

© Cortesía de Pilar Casanova

Pilar Casanova

Andalucía ha recibido decenas de millones de euros de Bruselas, Madrid y Sevilla (la capital política andaluza). El Gobierno autonómico distribuía este dinero público entre su sindicato hermano, la Unión General de Trabajadores (UGT), empresas, diputaciones, ayuntamientos y asociaciones sin el “control político” que exigen las leyes, según la jueza Mercedes Ayala.

Ayala instruye desde hace más de tres años la macrocausa con más imputados de la historia de España. De momento, más de 210 personas, muchos de ellos políticos aforados (protegidos por un fuero especial, de forma que sólo les puede procesar el Tribunal Supremo).

El caso principal es el denominado de los ERE, en referencia a los temidos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE o despidos masivos para reducir drásticamente las plantillas de las empresas) que se han aplicado masiva e implacablemente en estos años de crisis económica y que han llevado a España a liderar las tasas de paro más elevadas de la Unión Europea.

A partir de 2008, las empresas, reforzadas desde hace dos años por la nueva reforma laboral del Gobierno conservador de Mariano Rajoy, han puesto en la calle a decenas de miles de españoles.

El ‘caso ERE’ es el paradigma de la corrupción.

Primero, el Parlamento andaluz emitió una ley especial para ayudar a las compañías andaluzas en las indemnizaciones que debía pagar a los trabajadores despedidos.

La intención era buena, pero esa ayuda acabó creando un circuito paralelo, en donde las comisiones de los intermediarios eran cada vez más alta y los desvíos monetarios crecían exponencialmente. Uno de los fraudes era el de los “intrusos”, personas que “cobraban indemnización de empresas en las que nunca trabajaron”.

Además, los líderes de la trama confiesan un absoluto desenfreno con el dinero público, que se gastaban en juergas, comilonas, coches, chóferes, drogas o prostitución.

Pero de esta investigación ha arrancado otra igual de explosiva: la de las facturas falsas de UGT. Un entramado que está intentando desenmarañar ahora la Policía. La envergadura que alcanzó esta vía paralela, según explicó a los investigadores el ex trabajador del sindicato socialista Francisco Mateos, “fue tal que escandalizaba a todo el mundo”. Los propios empleados “comentaban entre ellos que esta práctica no podía continuar y que iba a explotar”.

Las palabras “sobresueldos, bote, comisiones, rápel (descuentos que la UGT concedía a las empresas que trabajaban para ellos) o mordidas” han sido las más habituales en las conversaciones de los militantes de una histórica organización que se ha visto forzada a ‘limpiar’ sus estructuras sindicales y a renovar la cúpula de poder dos veces consecutivas en sólo un año. El sindicato llegó a crear un ‘software’ que permitía controlar dos contabilidades paralelas, para computar la ‘caja B’ de fondos ilícitos.

El caso UGT, con 3.516 folios en el sumario, revela “una estructura levantada para el fraude” que se prolongó más de 10 años y fue creada para financiar ilegalmente al sindicato y, paralelamente, abonar “sobresueldos” de entre 900 y 3.000 euros mensuales a sus dirigentes.

El tercer escándalo que protagoniza la comunidad más poblada de España, con 8,5 millones de habitantes y con el índice de paro más alto de Europa (34,71%), ha estallado esta misma semana, pero las raíces son las mismas: las subvenciones públicas y su casi nulo control político. “Por falta de funcionarios”, se ha excusado ahora la Junta de Andalucía.

La jueza Ayala acusa al Gobierno socialista andaluz de “otorgar 950 millones de euros en subvenciones” para la formación de desempleados entre 2008 y 2011, que en 2013 “seguían sin justificar”. La magistrada imputa al ex consejero de Empleo del Ejecutivo andaluz “malversación y prevaricación continuados”, en un auto judicial que está en la frontera entre “la irregularidad administrativa y la infracción penal”, según han escrito varios articulistas en los medios locales. La Administración pública seguía otorgando nuevas subvenciones sin reclamar previamente a nadie la justificación del dinero concedido anteriormente.

La ciudadanía asiste entre atónita e indignada a este goteo constante de corruptelas que padece España, ya sean las del dinero negro y sobresueldos fraudulentos del Partido Popular, en el poder, o los escándalos con las subvenciones públicas de los socialistas. Una corrupción endémica que infecta a los dos partidos mayoritarios que gobiernan en España desde 1978.

El movimiento cívico progresista Podemos, partido revelación de las últimas elecciones, tacha de “casta” a los dirigentes conservadores y a los socialistas que se repartieron el poder en España durante cuatro décadas de postfranquismo. O que lo ostentaron en las nacionalidades históricas, como Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Catalunya durante 23 años, quien acaba de confesar que mantuvo millones ocultos en paraísos fiscales durante tres decenios.

Hoy, la ciudadanía ha tomado conciencia de esa arrogante rapiña de los líderes del bipartidismo, y sus dirigentes históricos, que hasta ahora se creían impunes, han pasado a ser auténticos descastados para el electorado, que parece dispuesto a hacer la revolución en las urnas y barrer toda la escoria política del pasado.

*Pilar Casanova (Lleida, 1957), corresponsal en Moscú (1986-1992) y en Washington (1992-1996), enviada especial en muchos conflictos internacionales (Tien’an’men, Camboya, Nagorno-Karabaj…). En más de 30 años de experiencia fundó dos periódicos (Diario de Sevilla y El Observador), dirigió la edición de otros tres, fue asesora de los gabinete de comunicación de la Generalitat de Catalunya y de la Comunidad de Madrid. Es autora de un libro sobre las repúblicas bálticas y la URSS. Ahora, inicia una etapa más en Nóvosti y la Voz de Rusia.

http://sp.ria.ru/opinion_analysis/20140726/160981740.html

Cuando en 1984 el fiscal del Estado presentó una querella contra Pujol y otros responsables de Banca Catalana, el entonces presidente de la Generalitat acababa de ganar sus segundas elecciones. El día de su investidura salió al balcón de la plaza Sant Jaume y dijo: «Nos han hecho una jugada indigna. De ahora en adelante, de ética y de moral hablaremos nosotros».

Treinta años más tarde, el lunes 7 de julio, después de que revelara EL MUNDO que la familia Pujol había ingresado en apenas un mes 3,4 millones de euros en un banco de Andorra, el patriarca del clan acudió al Palau de la Generalitat a hablar con su actual inquilino y le confesó que la información de EL MUNDO era cierta.

Ese lunes 7 de julio de 2014, Artur Mas y Jordi Pujol pactaron la estrategia de hacer dimitir a Oriol Pujol definitivamente de sus cargos en CDC y el Parlament, y de que su padre diera una explicación pública para tratar de salvar los muebles. Así se selló el pacto de la vergüenza.

Después de años de dar lecciones a todo el mundo, de explicarnos cómo teníamos que hacer las cosas y de venderse como un referente ético; después de décadas de hablar de valores y moral, de atreverse a juzgar a los demás con una arrogancia que la Biblia no prevé ni para el Juicio Final, Jordi Pujol i Soley confesó el viernes que durante 23 años Cataluña estuvo gobernada por un evasor fiscal y que la máxima autoridad del Estado en la comunidad, y encargado máximo de hacer cumplir la ley, era el primero que no la cumplía.

Pero lo más grave, y lo que acabará de destruirle, es que tampoco anteayer dijo toda la verdad, ni siquiera su parte más significativa. Suponiendo que sea cierta la historia de la herencia de su padre, el grueso de lo que a los Pujol les han encontrado en el extranjero, y lo que les irán encontrando, corresponde a las comisiones que cobró su hijo mayor a cambio de concesiones y favores del Govern mientras su padre lo presidió, y al rendimiento de los negocios e inversiones que con este capital se hicieron con posterioridad.

Fue Jordi Pujol padre quien expresamente destinó al mayor de sus hijos -precisamente el más brillante y el más dotado para la política- a la zona oscura de la financiación del partido; fue Jordi Pujol padre quien estableció desde su llegada a la Generalitat el principio cínico de que otros se mancharan las manos para poder él hacerse el impoluto.

El ex presidente y la verdad tienen una relación escasa. Después de años de conocerle he llegado a pensar que cree que está sobrevalorada. Pujol tenía el pacto tácito con el Estado -forjado con los socialistas, pero que Aznar respetó- de mantener bajo mínimos el latido independentista a cambio de que se le respetara la pompa del cargo y de que nadie se metiera con su familia. Cuando decidió prescindir de Miquel Roca y éste, en una demostración más de su calaña y su sentido de la lealtad, fue a ver al ministro Solchaga para contarle los turbios manejos de Jordi Pujol hijo, Solchaga no movió ni un dedo en cumplimiento de este pacto.

Para no quedar como un traidor y en su afán por legar su figura con la mayor épica posible a la eternidad, Pujol acabó abrazando el independentismo. El Estado entendió entonces que su virrey más fiel rompía unilateralmente el trato y a partir de ahí le aplicó la legislación vigente con el conocido resultado.

En un intento desesperado por salvar su honorabilidad, Pujol mintió cuando dijo que había utilizado el dinero de Banca Catalana «para el país», cuando en realidad lo usó para comprar favores que le aseguraran su elección como presidente.

También falta a la verdad en su confesión al presentarse como una víctima entre la última voluntad de su padre y la protección de los intereses de sus hijos, pues él fue quien institucionalizó el sistema de cobros del partido designando como jefe de operaciones a su primogénito, y él es, por lo tanto, el responsable moral de todo lo comisionado durante los 23 años que ostentó su cargo.

Igualmente, causó el mayor fraude moral jamás visto a nacionalistas e independentistas atizando el odio contra una España con la que había pactado para exprimir los réditos de este engaño. Tan o más descomunal ha sido su ingratitud con el Estado.

Sabremos durante el otoño más cosas y más graves. Se sumarán estampas al gran mural de la jugada indigna. Mas decía que es un asunto «estrictamente privado y familiar» mientras por la línea dos llamaba a Oriol Pujol para exigirle su dimisión.

De todos modos, a nadie extraña que el actual presidente de la Generalitat considere la evasión fiscal un tema familiar si pensamos que él fue consejero de Economía con firma en la cuenta suiza de su padre. Todo es familiar y privado en CDC y así ha funcionado durante años. También el caso Palau es un asunto familiar. Cuando Maragall acusó a CiU de cobrar el 3% de comisión de la contratación pública, se equivocó, porque con el 3% no se va a ninguna parte.

Cataluña es en el fondo un asunto familiar y para ser justos con Pujol, y hasta con Mas, hay que decir que han contado con la colaboración de una ciudadanía que lo sabía todo y a la que ya le iba bien hacer ver que no veía. Cuando en septiembre el juez tire del hilo de las facturas de Jordi Pujol júnior se verá que media Cataluña le pagaba la mordida. Cuando se conozcan los detalles de la trama del Palau, se verá que si la otra mitad no pagaba era porque para el Domund ya había dado.

Querer independizarnos de España es un simulacro para no tener que admitir que de quien queremos huir es de nosotros mismos.

https://selenitaconsciente.com

El trabajador humanitario Kent Branly, que ejerce como director médico de un centro en Liberia de la ONG estadounidense Samaritan’s Purse, ha dado positivo en el virus del ébola, según ha informado la propia organización en un comunicado.

Brantly, casado y con dos hijos, está bajo tratamiento en un centro de aislamiento en un hospital liberiano. «Samaritan’s Purse se compromete a hacer todo lo posible para ayudar al doctor Brantly durante este momento de crisis», ha indicado la ONG.

La enfermedad del ébola, con una tasa de mortalidad del 60 por ciento, ha provocado la muerte de 660 personas en Guinea, Liberia y Sierra Leona desde que el brote fue identificado por primera vez en febrero.

 https://selenitaconsciente.com