Los ciudadanos de Suiza se sorprenden sobre el  “regalo” ha llegado en el correo. Son enviados a 5 millones de paquetes de yoduro de potasio al norte a todos los hogares en los Alpes. La justificación para esta acción,es que  después del desastre nuclear de Fukushima se decidió distribuirlo a todas las casas en un radio de 5 a 20 KM. Esto es admitido oficialmente por las autoridades, que al menos dos tercios de la población suiza se verían afectadas por contaminación radiactiva y por lo tanto son  destinatarios de los comprimidos.

Supuestamente, el yoduro de potasio provoca bloqueo yodo y conduce a una reducción en la captación de yodo radiactivo en la glándula tiroides por un factor de 90. Curiosamente, el grupo de más de 40 años de edad no deben tomar tabletas de yoduro de potasio, ya que puede tener efectos secundarios debido a la toxicidad. De alguna manera esta acción de protección a gran escala parece ridícula, ya que sólo la tiroides está protegidos en una ingestión oportuna. Las pastillas de yodo no protegen contra la radiación directa, que actúa desde el exterior en todo el cuerpo.Habría que buscar inmediatamente refugio subterráneo.

Para Suiza, este no es un problema, ya que es el único país en el mundo, que para el 100 por ciento de la población tiene refugio. Cada casa residencial y de negocios tiene una, incluyendo cualquier casa privada, un búnker hecho de grueso hormigón con sistema de filtración de aire, camas literas, baño químico y es de esperar Notvorrat. Estos túneles de carretera en la mayoría de las ciudades también se expanden como las instalaciones de protección civil. La cuestión que se plantea a partir de cuánto tiempo puede o tiene que permanecer en absoluto en los refugios estrechas, días, semanas o meses?¿Y qué pasa después entonces?

La Suiza tiene central nuclear más antigua del mundo en absoluto, a saber Beznau 1 desde el año 1969

Curiosamente, una acción similar también se acaba de celebrar en Luxemburgo. En Luxemburgo  las pastillas de yodo no enviados a casa, como en Suiza, pero todos los residentes pueden recogerlas en la farmacia más cercana liberadas. Ver folleto que dice: “El Gobierno ha adoptado un nuevo plan de emergencia para accidentes nucleares, que prevé la distribución de precaución de tabletas de yoduro de potasio para todos los habitantes del Gran Ducado de Luxemburgo Tomar estas pastillas es una de las principales medidas de protección ..”

La iniciativa suiza ECOPOP izquierda, tiene por objeto limitar el número de inmigrantes en el país. Pero la iniciativa va asociada de una peculiar manera .Los suizos quieren distribuir píldoras y condones en el mundo, por lo que en todas partes se reduzca la población y la prosperidad luego supuestamente aumente y por lo tanto ninguno más sean bienvenidos en Suiza..Pero  tememos que los condonesno actuen antes de que el acto 99,9 por ciento de los suizos sean etica y ulturlemente enriquecidos!

http://yahel.wordpress.com/2014/11/10/suizaprevencion-ante-todo-desde-tabletas-de-yodo-hasta-condones/

La inteligencia alemana sostiene que un ataque a gran escala en Occidente «sería una continuación lógica» de las acciones del Estado Islámico.

El Servicio Federal de Inteligencia de Alemania (BND, por sus siglas en alemán) ha obtenido datos sobre la posibilidad de que el Estado Islámico perpetre «un atentado terrorista en Occidente a gran escala«, informa ‘Der Spiegel’, citando el informe del servicio.

Según la revista, el BND cree que con un atentado el Estado Islámico intentaría forzar a Occidente aenviar tropas a Siria e Irak.

La inteligencia alemana subraya que los yihadistas propagan ideas del ‘fin del mundo‘, en particular, la de la «batalla final de los verdaderos muyahidines» y «el ejército de los cruzados».

El BND recuerda que desde septiembre el Estado Islámico ha hecho llamamientos para atentar contra los países que se han unido a la coalición. Sin embargo, atentados similares a los de Canadá no han logrado el efecto político que necesitan los yihadistas. Por eso, según opina la inteligencia alemana, un atentado gran escala en Occidente sería una «continuación lógica».

Fuente: Der Spiegel

http://www.laproximaguerra.com/2014/11/inteligencia-alemana-el-estado-islamico-planea-gran-atentado-occidente.html

Juan Carlos Carbonell Mateu

1. Lo que diferencia las acciones de los hechos es que las primeras obedecen a tomas de decisión y los segundos simplemente pasan. Y las tomas de decisión responden, a su vez, a razonamientos libremente adoptados conforme a reglas de las que participan los demás. Por eso, las normas se dirigen a los ciudadanos con la finalidad de interferir en sus conductas, de reconducirlas a un ámbito de compatibilidad entre ellas. Las normas no pueden interferir en los hechos directamente, aunque sí intenten controlarlos precisamente a través de la regulación de las conductas; en otras palabras, pretenden que las acciones eviten los hechos que puedan resultar negativos y fomenten los positivos: no se puede evitar un terremoto, pero sí intentar paliar sus efectos a través de la adopción de las medidas adecuadas; es decir, de acciones humanas que las ponen en marcha.

Sólo la persona actúa, solo el ser humano tiene capacidad para decidir conforme a un orden de racionalidad; orden comprensible, interpretable y normalmente compartido por los demás. Mediante el Derecho intentamos regular esas tomas de decisión señalando lo que se puede o no se puede hacer, regulando la mejor manera de hacerlo y facilitando, en la medida de lo posible, el mejor desarrollo de la libertad. Pero también mediante el Derecho sancionamos aquellas acciones que pretendemos evitar. El Derecho penal constituye el sistema más grave de injerencia del Estado en las decisiones de los ciudadanos; les amenaza con la pérdida de sus derechos si llevan a cabo aquello que se pretende impedir y, llegado el caso, cumple su amenaza. En un sistema democrático sólo deben reprimirse aquellas acciones que inciden de manera intolerable sobre los demás impidiendo que éstos puedan actuar libremente. De ahí que calificara Kant el Derecho como la regulación de la “coexistencia de libertades”. Porque un sistema democrático, en el que las normas son creadas por sus propios destinatarios, el valor superior es la libertad y el objetivo conseguir el máximo para todos.

El Estado de Derecho sólo tiene sentido, por todo eso, a partir del reconocimiento de la persona como un ser dotado de capacidad de decisión; los ciudadanos deben ser considerados libres y deben poder hacer todo lo que quieran sin más límite que la compatibilidad de sus acciones con las de los demás. La Constitución española afirma, en su artículo 10, la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden político y de la paz social. Eso significa el reconocimiento de la legitimidad de las decisiones humanas y el compromiso del Estado para garantizar que éstas son, dentro de lo posible, adoptadas libremente.

2. Para lograr dicho objetivo ha de recurrirse, paradójicamente, a la prohibición de aquellas conductas que invaden las libertades ajenas. Por eso se criminalizan los ataques a la vida, la salud, la libertad y todos aquellos valores que son expresión de los derechos individuales declarados por la Constitución, incluyendo, por cierto, los colectivos que constituyen el ámbito en que es posible el ejercicio de la libertad, irrealizable sin unos niveles aceptables de igualdad y justicia social; por eso hay delitos contra la Hacienda pública y la seguridad social, el medio ambiente o el patrimonio cultural. Para que la criminalización de una conducta se ajuste a los parámetros que acabamos de señalar y sea, por consiguiente, adecuada a una concepción democrática y, por tanto, plural, es preciso que sea, siquiera potencialmente, capaz de negar la libertad de los demás. Criminalizar una conducta que no reúna dichas características supone una invasión ilegítima de la libertad de los ciudadanos, una limitación injustificada de su capacidad de decidir y una negación, por ello, de su dignidad –única razón, no se olvide, de la propia existencia del Estado de derecho-.

Podría decirse que la comprobación de que el Código penal de un Estado obedece exactamente a estos principios y carece de cualquier figura que limite innecesariamente la capacidad de decisión de sus ciudadanos es la prueba más importante de su carácter democrático de que ese Estado está configurado de acuerdo con la cultura de la libertad. Si, por el contrario, la prueba no se supera; si se criminalizan conductas que no inciden en las libertades de los demás, si se coarta el libre desarrollo de la personalidad sin razón en el respeto y la tutela de los demás, es porque rige la cultura de la sumisión; porque se pretende  imponer modos de comportamiento o valores que niegan innecesariamente el libre desarrollo de la personalidad y, por tanto, la dignidad. Lo que invalida la propia legitimidad del Estado.

3. La criminalización, en nuestro Código penal, de la intervención en el suicidio ajeno y, muy especialmente, de la eutanasia, difícilmente supera una prueba de ese calibre. Por supuesto es función indeclinable del Estado tutelar con toda la intensidad democráticamente posible la vida humana, derecho fundamental y, como ha dicho el Tribunal Constitucional, “soporte ontológico” de todos los derechos: sin vida no hay capacidad de decisión; no hay libertad. Por eso está prohibido matar, se amenaza con una pena privativa de libertad al que mate y se ejecuta dicha pena cuando un Tribunal declara que un ciudadano ha matado –o intervenido en su muerte- a otro.

Pero no es esa la cuestión. La tutela de la vida –indeclinable obligación del Estado- es consecuencia de su reconocimiento como derecho fundamental de la persona en cuanto ser digno y libre. Y, conviene volver a recordarlo, tales dignidad y libertad son el fundamento del propio Estado de Derecho. Y tales dignidad y libertad presuponen el respeto a su capacidad de decidir en torno a todo lo que no niegue las de los demás. Por eso no puede negarse la capacidad de decidir sobre la propia vida; hacerlo significa negar la dignidad misma, con lo que todo el edificio se desmorona; estamos negando el fundamento último del Estado de derecho.

4. El Código penal español prohíbe intervenir en un suicidio libremente decidido. La razón aparente de esa criminalización es que la vida es un valor absoluto, que debe protegerse aún en contra de la voluntad de su titular. Nada puede hacerse para interferir en la toma de decisión de un suicida; sencillamente porque quien ha llegado a eso no va a verse afectado por amenaza de futuro alguna. Pero el Estado, a través del Derecho penal, amenaza y castiga a quien induzca o colabore en un suicidio. Podría discutirse, por más que renunciando a la coherencia, si está o no justificado tratar de evitar la inducción, ya que ésta supone hacer nacer en el suicida una decisión que no habría adoptado sin esa influencia. Y, sin embargo, la criminalización sólo puede fundamentarse si tal suicidio deja de ser una acción en el sentido más arriba señalado: una toma de decisión propia y libre.

Y si el suicidio es una toma de decisión propia y libre, entonces no puede legitimarse la criminalización de la colaboración de un tercero en el mismo. Porque la única razón por la que se castiga a quien colabora en una acción de otro es porque ésta es ilegítima al invadir la esfera de libertad de los demás: no se puede colaborar en un homicidio porque es contribuir a la negación de la vida de otro. Pero nada de esto sucede en el suicidio. Es lógica, valorativa y democráticamente incoherente prohibir la cooperación en la ejecución de una toma de decisión que ha sido libremente adoptada.

La consideración de la vida como un valor absoluto no es, por otra parte, admisible desde la concepción que venimos defendiendo. Los valores son expresión de los derechos que componen la dignidad. Y que se reconocen precisamente desde ésta. La imposición de la vida más allá de la voluntad de su titular supone precisamente la negación más grave de su libertad que quepa imaginar. La vida es un derecho; no un deber. Los valores son emanación de esos derechos y convertirlos en deberes de obligación es pervertir su propia esencia. Por eso no es legítimo criminalizar conductas que pretenden hacer efectiva una toma de decisión libremente adoptada. Es verdad que la vida es un valor y su negación no lo es; no se reconoce un “derecho a morir” porque eso no tendría sentido: supondría valorar positivamente la muerte y negar el valor de la vida. Pero tal afirmación, realizada por cierto, por el Tribunal Constitucional, no significa que no deba valorarse el inalienable derecho a decidir si se quiere seguir viviendo o se quiere dejar de hacerlo, porque ésa es la manifestación más rotunda de la dignidad.

5. Particularmente grave resulta, como es obvio, criminalizar dicha conducta cuando consta que la decisión ha sido adoptada en circunstancias de sufrimiento físico o psíquico, es decir, cuando consta fehacientemente la voluntad de quien desea ser ayudado a morir dignamente. Si se pretende que nuestro Derecho sea el propio de un Estado democrático fundado en la dignidad y la libertad no puede criminalizarse la eutanasia conforme a la voluntad del ciudadano. La regulación jurídica ha de ir destinada a garantizar que dicha voluntad se ejecuta precisamente con la máxima libertad. Ni siquiera hay, en estos casos, como a veces se pretende, un conflicto entre valores: vida y libertad no son antagónicos sino que se implican, la vida no puede imponerse contra la voluntad. Por eso es también función del Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar que la decisión es libre regulando adecuadamente la expresión de la misma a través de los instrumentos jurídicos pertinentes, tales como las declaraciones previas, los documentos de últimas voluntades y, en todo caso, la constancia de cualquier manera de la decisión propia cuando ésta pueda ser emitida.

Y es también el libre desarrollo de la personalidad el fundamento de las tomas de decisión en orden a preservar la dignidad que puedan adoptarse por terceros cuando resulta imposible recabar la voluntad del sujeto o cuando ésta simplemente no puede existir. La imposición del mantenimiento de la vida con alto grado de sufrimiento o de vidas carentes de dignidad, es decir, sin el menor nivel de libertad, no son funciones de las que deba apropiarse el Estado porque eso también supone una invasión en la capacidad de decisión de quienes pueden y deben hacerlo por proximidad o por profesión. Sin duda que deben perseguirse las actuaciones contrarias a los intereses de la persona en nombre de la cual se actúa y cuya voluntad se suplanta, pero eso constituye una cuestión muy diferente que no puede justificar la vigencia del actualartículo 143 del Código penal español.

6. Consecuencia, por otra parte, de la dignidad de la persona y del libre desarrollo de la personalidad como fundamentos del Estado de Derecho ha de ser la consideración de la maternidad como fruto de la libre elección de la mujer. Su imposición contra la voluntad de ésta supone una suerte de instrumentalización que desnaturaliza su condición de persona, para convertirla en una especie de incubadora humana, lo que resulta absolutamente incompatible con su dignidad. Sólo desde sentimientos de culpabilidad o de consideraciones religiosas cuya obligatoriedad es inadmisibles en un Estado plural cabe la imposición de una maternidad no deseable. Por eso una regulación adecuada de la interrupción voluntaria del embarazo tiene que respetar el derecho a decidir de la mujer, porque sólo así la continuidad del embarazo y la consiguiente maternidad serán una acción y no un hecho impuesto contra su dignidad.

La vida prenatal es un interés constitucional que deriva de la valoración de la vida consiguiente al reconocimiento del derecho a ésta. Y los derechos, como ha recordado el Tribunal Constitucional, sólo son predicables de los ciudadanos, condición que se adquiere con el nacimiento. La vida prenatal es, por tanto, un valor, un interés constitucional que deriva justamente de la viabilidad, de ser una vida postnatal potencial. La vigente L0 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazoadopta un sistema que permite, durante las catorce primeras semanas de embarazo, interrumpir éste por voluntad de la mujer siempre que se le haya facilitado información adecuada, se realice en un centro público o privado autorizado y se cumplan determinados trámites.

La ley ha sido objeto de un recurso de inconstitucionalidad en este momento pendiente de resolución. Lo que está en cuestión es si la impunidad del aborto en el sistema del plazo con información es o no ajustada a la Constitución. En un recurso similar, el Tribunal Constitucional alemán, en su Sentencia de 28 de mayo de 1993, consideró adecuado a la Ley Fundamental el sistema del plazo con asesoramiento: la obligación de someterse a un proceso que informa a la embarazada de los beneficios que puede obtener si decide continuar con el embarazo, llevada a cabo con la pretensión de conseguir dicha continuidad constituye, a decir del tribunal alemán, una alternativa adecuada a la penalización, durante la primera fase de la gestación.

Se resalta, en este sentido, que la relación existente entre los bienes en conflicto –libre desarrollo de la personalidad de la embarazada y vida del concebido y no nacido- no es la misma que la que pueda darse entre dos derechos fundamentales que puedan coexistir sometidos a una ponderación en caso de conflicto en que se respete su “contenido esencial” (como ocurre, por ejemplo, con el honor y las libertades de expresión e información). Y no es la misma, precisamente, porque en este caso no es posible salvar el “contenido esencial”: la resolución del conflicto obliga a sacrificar uno de los bienes: o se obliga a la embarazada a continuar el embarazo y parir en contra de su deseo, lo que significa concebir la maternidad como una obligación- o se autoriza matar al concebido y no nacido en nombre de la consideración de la maternidad como una opción libre y voluntaria. Este particular conflicto -“dualidad en la unidad”- sólo puede ser resuelto atribuyendo la prioridad a cada uno de los bienes según el momento en que haya que decidir: la dignidad de la embarazada se impone durante la primera fase; la vida del concebido, durante el resto del embarazo –salvo que subsista alguno de los supuestos que hacen particularmente inexigible la continuidad del mismo-.

El Gobierno español acaba de retirar del Parlamento el Proyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada que pretendía sustituir la ley vigente por un muy restrictivo sistema de las indicaciones o supuestos; tan restrictivo que imponía la continuidad del embarazo en casos de graves malformaciones en el feto y hasta próximos a la inviabilidad. El “Proyecto Gallardón”, que se ha cobrado la vida política de su mentor, era una expresión sumamente radicalizada de un sistema que, ya de por sí y aun en sus versiones más amplias, resulta insatisfactorio. La impunidad del aborto se produciría exclusivamente cuando se dieran los supuestos recogidos en la ley y que suponen en todo caso circunstancias excepcionales de inexigibilidad a la mujer en la continuidad de su embarazo. Pero impone la maternidad cuando no se dan tales circunstancias. No hay, por tanto, opción en los supuestos ordinarios. Se desconoce con ello el libre desarrollo de la personalidad de la embarazada.

Por todo ello cabe entender que la ley vigente en España no sólo es plenamente constitucional sino que es la expresión del único sistema de regulación del aborto que se ajusta a las exigencias del Estado democrático de Derecho, porque es el único que reconoce la maternidad como resultado de la libre decisión de la mujer; es decir, el único compatible con su dignidad, fundamento del propio Estado democrático.

La dirección nacional del Partido Popular confía en mantenerse como primera fuerza política en las elecciones municipales y generales previstas para el año que viene, ya que espera que la expectación generada por Podemos se desinfle a medida que se acerque la fecha de los comicios por el miedo a la «izquierda radical». Dimite el concejal del PP que deseó en Facebook «un tiro en la nuca» a Pablo Iglesias

Este es el análisis que hacen altos cargos del PP y que se está trasladando a responsables regionales y municipales del partido en reuniones a puerta cerrada en las que se están empezando a diseñar la estrategia para los diversos comicios de 2015, en los que la formación que lidera Mariano Rajoy corre el riesgo de perder la hegemonía.

Fuentes presentes en estos encuentros que en ellos se ha puesto de manifiesto la «enorme preocupación» que existe entre alcaldes, presidentes autonómicos y presidentes de diputación por el efecto adverso que los constantes escándalos de corrupción pueden provocar en las elecciones del año que viene.

Sin embargo, la cúpula del partido intenta enviar un mensaje de tranquilidad a sus cargos públicos, muchos de ellos nerviosos ante la irrupción de un nuevo partido como Podemos y la posibilidad de perder el poder en la cita con las urnas prevista para mayo de 2015.

El mensaje que la dirección nacional traslada internamente es que el auge de la formación que lidera Pablo Iglesias, que en las recientes europeas sorprendió con más de 1,2 millones de votos y cinco escaños, responde a un «momento puntual» y está propiciado por el hastío actual de un amplio sector de la ciudadanía ante la situación económica y los casos de corrupción.

«Izquierda radical»

El PP sostiene que, cuando llegue la hora de la verdad, muchos ciudadanos que ahora manifiestan cierta simpatía hacia Podemos se lo pensarán dos veces y «no darán su voto a la izquierda radical» que, a su juicio, representa esta formación.

Los dirigentes más cercanos a Mariano Rajoy confían en que el miedo a las medidas que Podemos pretende poner en marcha si llega a gobernar acaben frenando su respaldo en las urnas y, sobre todo, empuje a votar a un sector del electorado del PP que ahora mismo manifiesta un cierto reparo.

El PP espera una reacción de la «derecha moderada», la que bajo ningún concepto querría ver a Podemos en La Moncloa y estaría dispuesta a perdonar a Mariano Rajoy sus errores, hasta el punto de volver a confiar en su gestión para la próxima legislatura.

Dentro de este pensamiento se enmarcan las declaraciones que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, realizó hace unos días contra Podemos, al que definió como un partido político «muy peligroso para la democracia» porque «se basa en la demagogia».

«Además de estar a la contra, no sabemos a favor de qué están. Son muy peligrosos para la democracia, para la división de poderes, para el principio de la justicia, para la libertad de prensa y para todo lo conseguido. Lo creo firmemente», advirtió Cospedal.

Además, insistió en definir a Podemos como «un partido situado en la extrema izquierda» con unas propuestas «muy generalistas» como la renta mínima o no pagar la deuda que luego han retirado y con un modelo de país como el de Venezuela.

Leer más:  La estrategia del PP para hacer frente a Podemos: usar el miedo a la «izquierda radical» – EcoDiario.es  https://selenitaconsciente.com

El primer ministro indio Narendra Modi nombró este lunes a 21 nuevos ministros y secretarios de Estado, entre ellos un ministro del Yoga cuya misión será promover las medicinas y prácticas ascéticas tradicionales en el país.

Modi, un nacionalista hindú que llegó al poder en mayo tras una amplia victoria en las elecciones, nombró también un nuevo ministro de Defensa, Manohar Parrikar, que tendrá el objetivo de negociar la reforma del ejército.

El gobierno de Modi, un vegetariano que practica el yoga cada día, tiene el objetivo de poner en marcha reformas para estimular la economía del país.

«Felicitaciones a todos los colaboradores que han prestado juramento hoy. Espero trabajar con ellos para acelerar el viaje de India hacia el desarrollo», escribió Modi en Twitter.

El nuevo ministerio del Yoga tendrá bajo su cargo la promoción de las medicinas tradicionales y la práctica del ayurveda, el yoga, el Unani, el Siddha y la homeopatía.

Modi había pedido en septiembre en la ONU la creación de un día mundial del yoga y también habló de esta práctica tradicional con el presidente estadounidense Barack Obama.

El nuevo gobierno cuenta ahora con cuatro nuevos ministerios y 17 nuevos secretarios de Estado, lo que lleva a un total de 66 los miembros del ejecutivo, incluyendo el primer ministro.

También fue nombrado un nuevo ministro de Ferrocarriles, Suresh Prabhu, un puesto clave en un país donde millones de personas toman cada día el tren.

Leer más:  India hace cambios en el gobierno: el presidente crea el Ministerio del Yoga – EcoDiario.es  https://selenitaconsciente.com

Farsa, desafío, propaganda, proceso antidemocrático… El nacionalismo español no ha ahorrado juicios negativos sobre la consulta del 9N en Cataluña.

La voluntad de votar de los catalanes acerca de su independencia ha quedado manifiesta con rotundidad en las urnas. En democracia, depositar un voto debería de ser la norma en cuestiones de especial relevancia ciudadana, pero los principales partidos (PP y PSOE) tienen una opinión diferente de lo que es un sistema verdaderamente participativo y democrático.

Ahora bien, los referendos tendrían que ser lo habitual en asuntos de gran calado político, no solo cuando hablamos de autodeterminación y derecho a decidir. Decisiones graves que afectan a la sanidad, la educación, el trabajo, la guerra, la hacienda pública y otras de similar interés o importancia también deberían pasar por el tamiz del sufragio colectivo. No basta con las elecciones generales porque se ha demostrado hasta la saciedad que los programas políticos de los partidos son papel mojado, simples eslóganes publicitarios para atraer el voto durante las campañas electorales.

Del 9N salen como grandes triunfadores el pueblo catalán y Mas, presidente de la comunidad autónoma y máximo jerarca de la coalición de derechas CiU. Más dudoso resulta que la izquierda vaya a recoger algún dividendo futuro del proceso independentista.

CiU ha capitalizado, tanto con Pujol como con Mas, todos los enfrentamientos con Madrid, salvo en puntuales ocasiones. Es su forma de hacer política, mantener la tensión, arengar a las masas contra el adversario externo, diluir el conflicto social mientras tanto y convocar comicios en función de sus necesidades particulares.

Lo que no se dice de modo abierto o se esconde de manera táctica es que CiU y el PP postulan políticas de corte similar, tanto en su doctrina ideológica como en su implementación práctica. Una vez amortizado el 9N, el día después hay que aterrizar en la cruda realidad cotidiana. Y la realidad es como sigue.

Cataluña tiene 7,5 millones de habitantes y 800.000 parados. Desde 2008 la pobreza ha crecido en un 50 por ciento. En la actualidad hay más de 400.000 pobres y 1,3 millones de trabajadores que ingresan al año menos de 9.000 euros. El Banco de Alimentos catalán atiende a 250.000 personas y 200.000 familias no registran ningún ingreso por parte de sus miembros.

Ahora dos datos de suma importancia. Cataluña es la comunidad autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias (desahucios) de España y la que menos invierte en salud por habitante.

Más datos de la realidad catalana. El presupuesto de 2014 de la Generalitat sufrió 3.500 millones de euros de recortes totales con respecto al ejercicio anterior, casi un 6 por ciento en sanidad y un 10 por ciento en educación.

Desde que CiU accedió al poder en 2010 hay 3.000 profesores menos en plantilla en las escuelas, 1.300 menos en las universidades y las tasas universitarias han subido casi un 70 por ciento.

En la sanidad pública, los médicos han perdido desde 2010 un 30 por ciento de poder adquisitivomientras que las mutuas privadas cuentan con un 2 y medio por ciento más de clientes asegurados.

La deuda de Cataluña era en 2006 de 14.800 millones de euros. Ahora es de más de 50.000 millones. Este año la Generalitat paga en intereses por este concepto 2.200 millones de euros, un 14 por ciento superior a la cantidad de 2013.

Todas las informaciones recabadas son públicas, de Gestha (sindicato progresistas de técnicos de Hacienda) y de estadísticas oficiales de organismos estatales y catalanes.

Como vemos, las políticas de PP y CiU son calcadas y complementarias. ¿Ha puesto demasiadas energías la izquierda transformadora y crítica en el proceso independentista marginando los aspectos sociales más urgentes? ¿Era el momento idóneo para plantear una consulta o referéndum? ¿Quiénes salen fortalecidos del 9N? ¿Qué significado profundo o estético tiene el abrazo entre la derecha, Mas y CiU, y la izquierda presuntamente rebelde de Fernández y CUP?

La izquierda real de Catalunya tiene muchas preguntas que responderse a sí misma. Y ya es 10N.

http://www.diario-octubre.com/2014/11/10/catalunya-del-9n-al-10n/

La cautividad de especies autóctonas preocupa a varias organizaciones ambientales

¿Sabía usted que las tortugas de tierra mediterránea son animales silvestres y que su cautiverio no permite el equilibrio del ecosistema natural? Por esta y muchas otras especies salvajes, autóctonos y exóticos cuyo hábitat de origen corre peligro la asociación Acción por el Mundo Salvaje (AMUS) ha puesto en marcha una campaña de sensibilización para erradicar su tenencia ilegal. Estos, además de ser tratados como «mascotas ilegales», son frecuentemente liberados de manera intencionada o escapan a lugares alejados de su territorio habitual. La iniciativa llamada Mascotas prohibidas, que tiene por colaborador al Instituto de Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, busca preservar el equilibrio de los ecosistemas locales.

Según un informe publicado por AMUS, la adquisición ilegal de especies exóticas se ha convertido en un problema de primer orden que afecta tanto a Administraciones públicas, instituciones científicas u organizaciones de conservación de la Naturaleza. «Más de un 20% de las entradas de fauna en el hospital de AMUS son atribuibles a este hecho. En el centro veterinario estas especies son admitidas regularmente en condiciones realmente dramáticas», señala el documento.

AMUS denuncia que en la provincia de Badajoz los casos de tenencia ilegal de especies protegidas autóctonas —tales como lechuzas, cernícalos, mochuelos, ratoneros y milanos— es bastante frecuente. Estos aseguran además que la inexistencia en la zona de un centro de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) imposibilita la recepción de las especies incautadas. «Esto agrava aún más la situación y conduce, en muchas ocasiones, a un largo e incierto peregrinaje de los ejemplares autóctonos, que acaban en zoológicos o en centros de recuperación», sentencia la asociación.

En el análisis Mascotismo ilegal de los animales nativos publicado por AMUS, la asociación asegura que «estas prácticas son más habituales cuanto más cercana al medio rural está la población, por eso los porcentajes entre centros varían tanto. Se estima que entre 5.000 y 8.000 animales nativos ingresan cada año en los centros de recuperación de todo el país», reza en el análisis. De estos, algunos han sido devueltos voluntariamente por los propietarios al percatarse de su actividad ilegal y el resto han sido rescatados por la Guardia Civil.

La portavoz de la asociación AMUS, Sara Díaz Viñuelas, explica que esta problemática se debe a «una errónea práctica que viene de antaño». Esta que dice que «si encuentro un pollo de lechuza o de Cernícalo Vulgar es mío y me lo puedo llevar a casa. Pero si cuidas a una especie salvaje autóctona desde que es pollo la conducta que va a adquirir va a ser la humana. Y por muy sano que aparentemente crezca dicho animal, no vamos a ser capaces nunca de devolverlo a la libertad».

Cernícalo en el interior de una jaula. /AMUS

Para Díaz, no lo solo la tenencia ilegal de especies exóticas supone un problema para el mantenimiento de los ecosistemas, sino también el comercio ilegal de estas que genera «un número considera de divisas a las mafias». En este sentido, los continentes de África y Sudamérica son los principales exportadores que venden parte de su fauna a Europa, Estados Unidos y Asia. En este proceso de compra y venta de animales varios de estos «mueren antes de llegar a sus lugares de destino porque habitualmente son transportados hacinados en aviones o barcos». Un negocio ilegal, que según la asociación, es visto como uno de los más rentables en el mundo solo después de las drogas, la prostitución en mafias y las armas.

En el transcurso del presente año unos 70 ejemplares de cernícalo primilla que han ingresado en mal estado al hospital de la asociación AMUS han sido liberados en su hábitat natural en la provincia de Extremadura.

Los responsables del proyecto Mascotas prohibidas tiene previsto para mañana una reunión informativa con representantes de asociaciones protectoras de animales de la provincia de Badajoz, tales como ADANA (Badajoz), El Refugio de Brawn (Zafra), ANIMA (Villanueva de la Serena), Dejando Huella (Cáceres) y El Prado (Don Benito) en el hospital de AMUS.

Las especies más raptadas

Cernícalo vulgar que ha sido víctima de la tenencia ilegal. / (AMUS)

Cernícalo Vulgar y Cernícalo primilla: es común que los pollos caídos de ambas especies acaben sus vidas en una jaula. Esto puede provocar al animal daño físicos y psíquicos irreversibles.

Vencejo común: los polluelos suelen caer a la calle o patios interiores debido a que la hembra habitualmente cría en los agujeros de antiguas edificaciones.

Grajilla: esta especie suele ser cazada por los granjeros por dañar sus cultivos.

Jilguero: cerca de un millón de este ejemplares son cazados anualmente en España para ser adiestrados para el canto.

Ratonero común: es una de las rapaces más comunes del territorio español que suele asentarse en áreas periféricas a zonas rurales. Instala su nido en árboles altos como eucaliptos, pinos o encinas.

Milano negro: la promoción de espectáculos con rapaces y el auge en la práctica de la cetrería ha favorecido que en ciertos casos estos expolios y esta tendencia a cuidarlos en cautividad sean cada vez más frecuentes.

Águila calzada: su cuidado ilegal se debe posiblemente al uso incorrecto de la cetrería.

Lechuza común: es encontrada frecuentemente en las oquedades de iglesias o graneros.

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