Este jueves trascendía que el ministro de Agricultura, Luis Planas, está siendo investigado«por su participación en un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente» por consentir desde 2009 a 2012, como máximo titular de la Consejería andaluza de Agricultura y Pesca, el uso indebido de agua en unas parcelas de Almonte.
Planas, efectivamente, fue procesado en mayo de 2017 junto a otras 17 personas y siete entidades, si bien la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva ya ha anunciado que no presentará acusación en su contra. Estas son las claves del caso en el que aún está inmerso el ministro y por el que la oposición ha exigido explicaciones a Pedro Sánchez.
¿Por qué está investigado?
Según el auto de 11 de mayo de 2017 por el que se transformaron las diligencias en procedimiento abreviado, a Planas se le atribuye textualmente, junto a dos exresponsables de la Consejería de Agricultura de la Junta (María Isabel Salinas García, exsecretaria general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y Judit Anda Ugarte, exdirectora general de la Producción Agraria), «haber consentido durante el periodo 2009 a 2012 el uso del agua de las parcelas del paraje Matalagrana, de las que es titular dicha Consejería, con conocimiento de la falta de regularización de los pozos y de la falta de autorización tanto del Ayuntamiento de Almonte como de los agricultores como cesionarios para utilizar el agua de los pozos construidos dentro del plan Almonte-Marismas».
Se le considera responsable junto a Salinas y Anda «de no iniciar trámites de regularización de las explotaciones y de permitir el uso continuado de estos recursos hídricos con conocimiento de la afectación del acuífero 27 y el deterioro subsiguiente del medio natural del Parque de Doñana mediante su reducción injustificada».
¿Qué delito se le imputa y quién debe también responder?
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Palma del Condado (Huelva) considera a los exregidores Francisco Bella (PSOE) y José Antonio Domínguez Iglesias (PP) partícipes en un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, el mismo del que deben responder el exconsejero Luis Planas y otras 14 personas, administradores de explotaciones agrícolas de cultivo de frutos rojos desde mediados de los años 90 y, en lo que afecta al procedimiento judicial, al menos entre 2009 y 2012, «haciendo uso indebido de los recursos hídricos disponibles en la zona».
La actuación de los investigados provocó «un perjuicio irreparable al medio ambiente de una zona especialmente protegida al provocar la reducción de las cantidades de agua disponibles para la supervivencia de animales y flora natural del espacio protegido conforme a los informes obrantes en autos», concluía el auto judicial.
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