Cinco meses después del comienzo de “la revolución” del 25 de enero, como siguen llamándola los egipcios, revolucionarios o no, el devenir político de Egipto sigue siendo incierto.

El derrocamiento del régimen de Mubarak en tanto que tal no es revocable, y la apertura y pluralización del espacio y el proceso político egipcio a corto y medio plazo tampoco. Sin embargo, no está nada claro qué fuerzas lograrán imponerse en dicho espacio, y en qué medida condicionarán, e incluso revertirán, su incipiente democratización.

Un factor clave en este proceso es el Consejo Supremo de las Fuerzas Armada (CSFA), que recibió las muy importantes prerrogativas presidenciales del propio Mubarak tras su renuncia.

Aunque dichas prerrogativas son en principio provisionales, y han sido levemente recortadas a instancias del propio CSFA, dejan en manos del alto mando militar la facultad última de decidir en tanto que no se celebren elecciones legislativas y presidenciales y no se promulgue una constitución permanente.

Y mientras no suceda esto, que está aun sujeto a un fuerte debate relativo al calendario y el carácter de las reformas, a pesar de que aquellas avanzan a un ritmo relativamente rápido y según una secuenciación en principio ya definida -pero contestada-, no será posible comenzar a extraer conclusiones definitivas acerca de la naturaleza y, en su caso, la profundidad del cambio en el sistema político egipcio.

Ha de quedar claro en primer lugar que, si bien es cierto que el CSFA tiene las riendas del poder, su poder, al menos todavía, depende del “pueblo”. El pueblo, al menos en su mayor parte, fue quien exigió la renuncia de Mubarak y ”la caída del régimen”, y consiguió la primera y ahora lucha por lograr la segunda, con las dificultades que presentan la resistencia de aquel y las diferencias en el seno de las fuerzas políticas de oposición acerca de qué régimen político desean.

El papel decisivo que ahora desempeña el CSFA es el precio que los revolucionarios tienen que pagar por apostar por un cambio relativamente pacífico, a pesar de los más de 1000 muertos y muchos miles de heridos que costó la revolución.

El CSFA, o al menos sus principales dirigentes, entre ellos su presidente, Mohammed Huseyn al-Tantawi, que había sido ministro de Defensa de Mubarak ininterrumpidamente desde 1991, formaban parte del régimen de Mubarak.

En sus manos estaba dejarlo caer o sostenerlo, y optaron por lo primero, probablemente con gran satisfacción porque precisamente la sucesión en la presidencia era una cuestión candente desde hacía 7 u 8 años, dada la avanzada edad de Mubarak y bajo ella latían los enfrentamientos derivados de la transformación interna del régimen. Pero para tomar esa decisión necesitaron del valeroso empuje de la población, que rompió el equilibrio de fuerzas interno al régimen en su favor.

El CSFA tiene el mando, como antes lo tenía Mubarak, pero su poder, su auténtico poder, depende del apoyo que tenga o, dicho de otra manera, de su legitimidad. El apoyo de los altos dirigentes del aparato coercitivo, de gobierno y administrativo es fundamental para el mantenimiento en el poder de un gobernante, pero la posibilidad de que lo conserve sin recurrir a la violencia absoluta está directamente relacionada con el apoyo social que haya tras él. La mejor prueba de ello es lo sucedido con el régimen de Mubarak.

El CSFA se declaró desde el primer momento depositario del poder del pueblo y de la nueva legitimidad del “25 de enero”. Lo mismo hizo el primer presidente del gobierno nombrado por el CSFA, Esam Sharaf, que había participado desde los primeros días en las concentraciones de la plaza Tahrir.

A partir de entonces, según ambos, se han limitado a intentar interpretar, y traducir en su acción de gobierno, las directivas y deseos de “la revolución” o del pueblo. Las verdaderas intenciones del CSFA no pueden ser presupuestas. Sólo cabe juzgar sus actos, y entender que la evolución política de Egipto dependerá del balance de las diferentes fuerzas políticas y corrientes ideológicas existentes en Egipto, de su naturaleza y sus intenciones, de su grado de organización e inteligencia política, así como de los apoyos que obtengan.

Cambios en el elemento humano y socioeconómico del régimen

Las actuaciones del CSFA relacionadas con el exigido cambio de régimen pueden ser divididas en tres apartados: el cambio de régimen en tanto que cambios en su componente humano -y sociológico-, el cambio de régimen en tanto que estructuras y prácticas políticas, y el cambio de régimen en tanto que entramado legislativo de orden superior (constitución, sistema político, etc).

Cabría añadir a estos apartados el orden económico y social. Sin embargo, en este terreno las acciones de gobierno han sido menores y son transitorias, a pesar de la importancia que ha tenido y tiene para la población y sus deseos de cambio, a la espera de que se clarifique la configuración de los otros tres apartados.

En lo que respecta al primer apartado (y una parte del segundo, las estructuras), los tres principales pilares del régimen de Mubarak: el Servicio de Seguridad del Estado (servicios secretos de inteligencia no militar), el Partido Nacional Democrático y las cámaras legislativas y representativas estatales y locales han sido desmantelados, mientras que los otros órganos del sistema político han sido depurados.

Varias decenas de altos dirigentes del régimen, ministros y exministros, y principales responsables del anterior partido gobernante, han sido detenidos y juzgados, o esperan juicio, acusados de corrupción o de ordenar el asesinato de manifestantes.

Lo mismo ha sucedido con muchos grandes hombres de negocios asociados al gobierno y al partido. La propia familia de Mubarak ha sido arrestada e interrogada con cargos similares, y sus dos hijos, Gamal y Alaa, serán juzgados a partir del próximo 3 de agosto.

En los puestos altos e intermedios del aparato del estado, numerosos dirigentes han sido remplazados, incluyendo los del aparato de información y comunicación estatal, que se compone no sólo de la radio y la televisión públicas, sino también de un poderoso entramado de medios de prensa.

La eliminación del régimen de Mubarak propiamente dicho en términos humanos y socioeconómicos no tiene vuelta atrás. Aquel era un determinado conglomerado de personas y fuerzas socio-económicas cuya configuración, sin duda, no se va a repetir tal como era.

Sin embargo, otra cuestión es en qué medida podría producirse una restructuración de dichas fuerzas en torno a un nuevo núcleo hegemónico, liderado o vigilado o no por el CSFA, o en alianza o no con fuerzas políticas de la oposición conservadores, como por ejemplo los Hermanos Musulmanes.

La segunda cuestión clave es en qué medida dichas fuerzas podrían conseguir perpetuar, incluso bajo el lema de la lealtad a “la revolución”, la presencia del autoritarismo, la corrupción y el clientelismo en el nuevo panorama político, aunque fuera por medio de su triunfo en futuras contiendas electorales.

En este sentido, lo que hay que vigilar son, frente a los numerosos cambios, las continuidades con el régimen anterior. En el terreno de las personas, y de los sectores socioeconómicos que representan, como veníamos diciendo tan sólo el aparato militar se mantiene incólume (ya que el poder judicial, incluso en sus altas instancias, incluye a partidarios de Mubarak y opositores), junto a algunos gobernadores civiles.

En el resto de los órganos de gobierno, e incluso en los legislativos provisionales, el CSFA ha procurado situar a personas que pudieran presentar un currículo limpio, o relativamente limpio, de partidarios declarados de Mubarak. Pero la continuidad o no con el régimen anterior ha de medirse también, y quizás sobre todo, en las estructuras y las prácticas políticas, y en el entramado constitucional y legislativo que subyace a ellas.

Como decíamos anteiormente, aunque en última instancia la evolución política del país dependerá del peso de las fuerzas en presencia, a corto plazo el mayor o menor equilibrio entre aquellas se verá condicionado por el ritmo, el orden y el carácter de las reformas que afectan a todo el entramado legislativo e institucional, en particular las que tocan al sistema político.

Resumiéndola en los elementos básicos de la organización del poder, la cuestión es que tras el triunfo de la revolución son necesarias una nueva presidencia de la República, una nueva constitución y un nuevo parlamento. Y esta cuestión es como la del huevo y la gallina.

La reforma de las leyes y del sistema político, y las fuerzas políticas en presencia

En lo que toca a la presidencia de la República, que debía al menos en principio ser la gestora del resto de las reformas, el CSFA declinó desde un primer momento cederla a un consejo presidencial transitorio compuesto mayoritariamente por civiles, como demandaban la mayor parte de las fuerzas políticas, en particular las liberales y de izquierdas. Aunque esta reivindicación se mantiene, apenas cuenta ya con posibilidades de prosperar.

El primer paso de calado del CSFA en el terreno de las reformas legislativas fue encargar a una comisión la elaboración de una serie de enmiendas a la constitución anterior, que serían votadas en referéndum el 19 de marzo.

Las enmiendas propuestas incluían una serie de aspectos considerados positivos por el conjunto de las fuerzas políticas: posibilidad de presentarse directamente como candidato a la presidencia de la república (anteriormente había una serie de requisitos que hacían muy difícil hacerlo desde fuera del régimen), limitación del mandato presidencial a un total de ocho años, supervisión por los jueces de todos los procesos electorales, reducción de los poderes del presidente de la república, mayores restricciones a la declaración del Estado Excepción, etc.

Sin embargo, las fuerzas liberales y de izquierdas manifestaron su decisión de oponerse en el referéndum alegando fundamentalmente que los poderes presidenciales seguían siendo demasiados, que la declaración del Estado de Excepción seguía siendo demasiado discrecional, y que la composición de la Comisión Electoral que decidiría en todos los aspectos relacionados con las contiendas electorales la hacía demasiado dependiente del poder presidencial.

Además de estos importantes aspectos, otro factor fundamental determinó la polarización de fuerzas ante el referéndum: la permanencia del artículo 2 de la constitución anterior, que establecía que la ley islámica era la principal fuente de legislación.

Las enmiendas se ganaron el apoyo en el referéndum de un frente variado y aparentemente contranatura: por un lado los ciudadanos simplemente conservadores, temerosos de los cambios radicales y relativamente satisfechos con el statu quo, por otro los restos del régimen anterior, por otro los Hemanos Musulmanes, y, finalmente, también el de los grupos islamistas más radicales que se habían opuesto violentamente en el pasado al régimen de Mubarak.

El resultado del referéndum, que según reconocieron todos los actores y observadores políticos se celebró con una limpieza casi absoluta, arrojó unos resultados de un 77,2% de los votos a favor de las enmiendas, y un 22% en contra. No obstante, sólo votaron el 41% de los electores potenciales.

Estos resultados permiten hacerse una idea aproximada de la distribución las de fuerzas políticas en Egipto: en primer lugar, el 60% de la población no tiene una orientación política claramente establecida. Aunque la mitad de esa porcentaje, como mínimo, es previsible que no participe a corto ni medio plazo en ningún proceso electoral, la otra mitad podría ser decisiva. En segundo lugar, hay tres fuerzas sociopolíticas mayores diferenciadas entre la población más o menos movilizada política y electoralmente:

Una, la de quienes buscarían algún tipo de continuidad con la situación política anterior, pero realizando reformas: una combinación del control del estado y el autoritarismo con el liberalismo político y económico, un cierto “laicismo religioso”, un cierto panarabismo tranquilo, etc.

En definitiva, una solución conservadora y semiautoritaria que excluyera las amenazas tanto a la posición de la burguesía burocrática como a la del sector privado, que evitara las derivas islamistas sin abandonar el islam tradicional y burgués (protegiendo también a los cristianos coptos), que cumpliera en política exterior con los requisitos formales de la buena conciencia árabe e islámica sin caer en radicalismos, etc.

Esta tendencia, que aún no cuenta con un partido político claramente asociado a ella, podría partir de un 10 o un 15% de los votos para llegar hasta un 30%, según su éxito en la fórmula lograda y las personalidades atraídas a ella.

Dos, el conjunto de fuerzas del islamismo político. En la época de Mubarak, a efectos puramente políticos se solía circunscribir esta a la organización de los Hermanos Musulmanes.

Sin embargo, la revolución trajo la sorpresa de la velocidad, la confianza en sí mismas y la organización con la que emergían, amparadas por el “liberalismo político” del CSFA, otras corrientes y grupos, algunos de los cuales, los llamados salafíes, se habían limitado anteriormente al proselitismo religioso y la acción social, mientras que otros, los llamados yihadíes, se habían enfrentado con las armas al régimen de Mubarak en los años 80 y 90.

Hasta ahora, la gran ventaja comparativa del islamismo político era su organización, su disciplina militante y la relativa unidad de quienes lograban participar en el juego político cuando el régimen de Mubarak lo permitía (básicamente, los Hermanos Musulmanes y algunos activistas salafíes actuando independientemente).

Ahora las cosas no están tan claras: los Hermanos Musulmanes han formado el Partido de la Justicia y la Libertad, pero han surgido otros nuevo partidos “de referente islámico”, que en principio competirán en todo el espectro electoral interesado por ese referente: desde quienes defienden un estado y unas políticas plenamente civiles, pero inspiradas por los principios del islam, hasta quienes propugnan un estado islámico.

Es previsible que los Hermanos Musulmanes forjen alianzas electorales con el arco central de este espectro, pero los extremos pueden hacerle más daño que los beneficios que puedan traerle esas alianzas. Anteriormente los Hermanos Musulmanes gozaban del “privilegio” de ser la única fuerza política islamista tolerada aunque ilegal, y a veces perseguida, y eso se traducía en votos cuando el régimen lo permitía.

Las fuerzas del islamismo “más civil” representadas por el partido al-Wasat (Partido del Centro), son tal vez susceptibles de entrar en alianza con otras fuerzas antes que con los Hermanos Musulmanes, mientras que el entendimiento con las corrientes yihadíes resultará imposible, más aún cuando estas podrían caer de nuevo en la ilegalidad si sus adeptos continúan con las actividades radicales e incluso violentas que han vuelto a poner en marcha al amparo de la situación de confusión y deterioro de la seguridad generada por el triunfo de la revolución, o tal vez, según algunos, de la permisividad del CSFA e incluso de la agitación de los remanentes de los servicios secretos del Estado.

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