El capítulo SGAE del día. Según informa El Economista, La Agencia de Evaluación y Calidad (AEVAL) lleva desde 2008 dando el visto bueno al sistema de gestión colectiva y de reparto de los derechos de autor de la Sociedad de Autores. La agencia, que depende del Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas que dirige Manuel Chaves, asegura que el sistema de recaudación y reparto es una de las formas más eficaces y eficientes para asegurar el cobro de los artistas.

Por su parte, el diario Público detalla la relación que Ramoncín mantuvo con dos de las entidades implicadas en el escándalo de la SGAE: SDAE y Arteria. Según el diario Público, se da la circunstancia de que Ramoncín era, junto con el propio Teddy Bautista y de su mano derecha, Pablo Hernández, el único miembro que formaba parte de los órganos de dirección de ambas compañías. Además, como miembro de estos consejos de administración Ramoncín firmó las cuentas de ambas firmas, entre ellas las del 2009, las últimas entregadas en el Registro Mercantil.

El cantante ha pertenecido a los dos consejos de administración hasta 2009, dos años después de haber abandonado la Junta Directiva de la entidad. Pero conviene recordar que Ramoncín se despedía presumiendo de dejarlo todo encarrilado:

Nosotros podemos apagar ya, podemos convertir SGAE en SDAE en este momento

Pues menos mal, ya que el juez Ruz relata en su auto judicial como la SDAE era una sociedad fantasma sin trabajadores, financiada íntegramente por la SGAE, y que subcontrataba para la realización de sus servicios con Microgénesis de la que Rodríguez Neri fue presidente hasta enero de 2003. Neri, preso en Soto del Real, simultaneó su actividad en la SDAE y en Microgénesis, la puerta de atrás de los fondos de la SGAE que se abría para Teddysound, llegando incluso a mantener activa una tarjeta de crédito de la empresa cuatro años después de “desvincularse de ella”.

Más Información | Público

La Asociación de Internautas quiere que el Ministerio de Industria ejecute las oportunas medidas legales de investigación y control de la concesión de subvenciones, o cualesquiera otro tipo de ayudas, que haya sido realizada con cargo a los Presupuestos Públicos, y que se hayan asignados a proyectos relacionados con la Sociedad de la Información, bien de la SGAE, bien de cualquiera de las empresas privadas que tiene vinculadas, y todo ello, con el fin de determinar si esas ayudas fueron concedidas respetando la normativa vigente y, el principio de igualdad de oportunidades que debe presidir este tipo de incentivos al desarrollo de la Sociedad de la Información.

Asimismo, y en caso de entender que dichos controles no sean suficientes, habrá de proponerse la personación del Ministerio de Industria como acusación particular, en la causa seguida contra la SGAE en la Audiencia Nacional.

Por su interés reproducimos la carta enviada por Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas solicitando una sesión extraordinaria del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

Petición al Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

Por medio de la presente, y en calidad de Presidente de la Asociación de Internautas, a los efectos oportunos ante el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información comparezco, para SOLICITAR la convocatoria de una sesión extraordinaria del Pleno del Consejo Asesor, a fin de estudiar, deliberar y, en su caso, acordar, la necesidad de un pronunciamiento expreso sobre las siguientes cuestiones, que afectan directamente a la política de subvenciones públicas para la Sociedad de la Información:

1º.- Que de las actuaciones y diligencias de actuación seguidas actualmente contra la SGAE, se ha podido conocer (Auto de 4 de Julio de 2011, del Juzgado Central de Instrucción nº 5), la siguiente conversación, mantenida por el Sr. Jose Luis Rodríguez Neri, en la que dice: “Queréis montar ésto de esta manera que estás obligado a hacer una publicación en prensa o comunicárselo a todos los acreedores y tú, no sé si lo sabes, pero tienes de acreedor, por casi dos millones de euros al Ministerio de Industria. (…) Van a recibir una carta que les dice que toda la pasta que han estado metiendo en la SDAE era una puta mentira” (…), con Maria Antonia García Pombo, que añade: “y que es para la SGAE”, y Neri dice: “exactamente”.

2º.- Que además, en la versión digital del Diario El Confidencial, aparece una noticia que titula: “Industria dio 5,3 millones a la trama de la SGAE pero no se personará en el proceso”, y en la que se dice expresamente que así “se desprende de la información pública sobre el Plan Avanza, que el Gobierno puso en marcha en 2005 para impulsar la “sociedad del conocimiento”, basada en las nuevas tecnologías”, cantidades que fueron repartidas entre Microgénesis y SDAE, ambas investigadas actualmente.

En este sentido, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 2. a) del Real Decreto 1029/2002, de 4 de octubre, por el que se establece la composición y el régimen de funcionamiento del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, se entiende que el organismo a que me dirijo, debe proponer al Ministerio de Industria que ejecute las oportunas medidas legales de investigación y control de la concesión de subvenciones, o cualesquiera otro tipo de ayudas, que haya sido realizada con cargo a los Presupuestos Públicos, y que se hayan asignados a proyectos relacionados con la Sociedad de la Información, bien de la SGAE, bien de cualquiera de las empresas privadas que tiene vinculadas, y todo ello, con el fin de determinar si esas ayudas fueron concedidas respetando la normativa vigente y, el principio de igualdad de oportunidades que debe presidir este tipo de incentivos al desarrollo de la Sociedad de la Información. Asimismo, y en caso de entender que dichos controles no sean suficientes, habrá de proponerse la personación del Ministerio de Industria como acusación particular, en la causa seguida contra la SGAE en la Audiencia Nacional.

Fdo.: Víctor Domingo Prieto.
Presidente de la Asociación de Internautas.

De las muchas y más que variopintas ideas que vi hasta hoy para combatir efectivamente el crimen en la red, ésta es la que me parece más interesante. Y no, hoy no hay sarcasmo.

Contando que las anteriores ideas iban desde mandar a la cárcel a tres cuartas partes de la población mundial con acceso a cualquier red de comunicaciones (por infracción de copyright), o crear una bestia digital peligrosamente parecida a la Skynet de Terminator, intentar llevar a juicio a los proveedores de los delincuentes de la red me parece lógico y, muy importante, factible.

Haciendo un pequeño símil con la piratería, con la que tristemente se compara a los usuarios de Internet, la nueva teoría se basa en el fin de la piratería clásica, la de los parches, los loros y las botellas de ron.

Resulta que en el principio eran los corsarios. Capitanes de barco que obtenían un papel del Rey, en el que le autorizaba a ir por los mares y océanos, a saquear y realizar pillaje a cambio de un porcentaje del botín… atacando a barcos y puertos de naciones enemigas del Rey en cuestión.

Cuando algunos de los corsarios, o piratas freelance, empezaron a causar demasiados problemas a sus protectores por atacar barcos de naciones amigas, los reyes y señores les declararon “piratas malos” y empezaron a cortar su acceso a los puertos en los que vendían el botín. Atacando su ecosistema financiero, se empezó a terminar con la piratería clásica.

La nueva teoría de lucha contra el crimen en Internet es bastante parecida. Se trata de ir a por los proveedores de servicio de los delincuentes.

Por ejemplo, según la OCDE, la mitad del SPAM mundial proviene tan solo de 50 Proveedores de Servicio de Internet (ISP), de los más de 5000 que existen, aproximadamente. Cuando se desconectaron los servidores de la empresa de alojamiento McColo, con base en Silicon Valley, el tráfico de SPAM se redujo en un 65% de la noche a la mañana.

El problema es que las mismas empresas que proveen servicios a crackers y delincuentes, también lo hacen a personas normales y corrientes que simplemente se montan su blog, página web personal o de empresa, o pagan por el acceso a la red.

¿Cómo separar el grano de la paja? Permitiendo a los afectados por robos de contraseñas, datos personales, de números de tarjeta o cuentas bancarias que denuncien a los proveedores de los ladrones por el daño que les han causado.

La cosa funcionaría más o menos así:

Se publica una lista de los peores proveedores (peor en el sentido que se sabe que da servicio, e incluso lo promueve, a spammers y crackers

Una vez se ha publicado, las diferentes empresas tienen un tiempo límite para deshacerse de los clientes que realizan actividades punibles.

Si la empresa lo hace, se le dan garantías que no será demandada por las actividades de sus antiguos clientes. Por el contrario, si no reacciona y sigue dando cobijo, se le manda una advertencia.

Si persiste en permitir actividades de envío de spam, ataques de phishing o similares, se abre la veda judicial tanto a la empresa de alojamiento, como al proveedor de acceso a Internet de la misma, teniendo ésta última también oportunidad de enmienda.

Más o menos como las listas negras de los paraísos fiscales, pero con proveedores de servicios de Internet. Obviamente el sistema despierta interrogantes, como el proceso de construcción de la lista negra: ¿quién la hace? ¿con qué premisas? ¿qué debe hacerse exactamente para salir de ella?

Además, la lista solo podría aplicarse para delitos muy concretos y delimitados, como robo, fraude y similares. Esto no se podría aplicar en el ejercicio de la libertad de expresión política (por muy antisistema que fuere) ni, obviamente, en casos de infracción de copyright, ya que la interpretación de ambos casos es muy amplia y como además se ha comprobado, muy susceptible a abusos.

Es decir, para combatir el cibercrimen, no hace falta realizar nuevas leyes para Internet, si no simplemente aplicar las que ya existen, y aplicarlas bien, sin excusarse en la propiedad intelectual para cercenar otros derechos.

Obviamente, la idea nace en los Estados Unidos, y es de aplicación para los Estados Unidos. Otro de los puntos flojos va por aquí. Aún con todas las de la ley, los proveedores podrían empezar a hacer promesas de blindaje y de mantener el contenido de los usuarios ‘maliciosos’ en línea, o simplemente mover sus datos a otros países más tolerantes. Con todo, 20 de las 50 empresas que comentaba al principio tienen base en los Estados Unidos.

Ir a por los proveedores que ya se sabe que alojan a ciberdelincuentes, pero de los de verdad, puede llegar a ser arbitrario y, eventualmente, convertirse en un nuevo sistema de abusos. Pero entre esto y convertir en masa al conjunto de usuarios de Internet por acceder una mera página de enlaces… como mínimo es para pensarlo.

Vía | Wired