Juan Torres López– Consejo Científico de ATTAC.

Ya han empezado a salir a cotización en bolsa las primeras cajas de ahorros “bancarizadas” según el proceso establecido por el gobierno en la Ley de Cajas y en el decreto posterior de reforzamiento del sistema financiero.

De esta manera se está cerrando otro hito en la historia de los robos al Estado en nuestro país perpetrado por quienes teóricamente están a su servicio. Y lo están haciendo de la única manera en que lo puede hacer, saltándose a la torera las preferencias sociales, sin consultar con la población y entregándose sin más a los intereses privados. Hasta alguien tan poco sospechoso de radicalismo como el presidente de la confederación de cajas de ahorros de España, Alfonso Quintás, reconocía en diciembre de 2009 que los intentos de privatizarlas se estaban llevando a cabo de modo “repudiable desde el punto de vista democrático”, al margen del Parlamento (El País, 6-12-2009).

Me parece que la bancariación de las cajas es un auténtico robo al Estado y al pueblo por varias razones.

Para facilitar la entrada de capital privado, que lógicamente será el de los financieros más ricos y poderosos de dentro y fuera de España y no el de la gente normal y corriente, se han llevado a cabo expedientes de regulación de empleo claramente fraudulentos que van a representar una pérdida de empleo cifrada por lo bajo en más de 15.000 empleos y por lo alto en unos 30.000.

Esa pérdida de empleo puede suponer al Estado un coste de 100.000 euros por puesto de trabajo, la mitad por tener que sufragar las cotizaciones durante el tiempo de desempleo y la otra mitad por la pérdida de ingresos fiscales que se va a producir.

Solo en Caja Madrid se van a destruir 4.000 empleos, el 15% de la plantilla, sin más razón que hacer el nuevo banco más rentable para sus nuevos propietarios.

Las cajas han consumido además cuantiosos recursos públicos en los últimos meses, y los seguirán recibiendo en el futuro, que ahora simplemente van a servir para que el capital privado obtenga altos rendimientos.

Con la excusa de la mala gestión de los políticos ahora se ponen las cajas en manos de los especuladores y del capital privado, algo realmente contradictorio porque las cajas no se han comportado peor que los bancos en la crisis (de hecho su “crisis” no ha costado sino una parte minúscula de la de los bancos privados si se computa la de los años 90), mantienen más empleo que estos últimos (representan el 50% del mercado y ocupan a un 20% más de trabajadores), y realizan inversiones sociales mucho en mucha mayor medida que los bancos privados.

De hecho, lo cierto es que, quitando a las que han sido intervenidas, que no son las más grandes y una de ellas (Cajasur) por razones derivadas al comportamiento corrupto de la jerarquía católica, siguen dando beneficios. Y si algo han hecho mal las cajas en los últimos años ha sido precisamente que se hayan limitado a copiar el modo de funcionamiento y la lógica de los bancos privados. Si se hubieran comportado como lo que deben ser, como entidades financieras al servicio de intereses sociales, no se hubieran encontrado en la situación actual que, como digo, ni siquiera es peor que la de los bancos. Todo el mundo sabe que quien ha provocado la crisis ha sido la banca privada y no la pública de modo que privatizar ahora el escaso sector financiero de carácter semi público que queda es avanzar justamente en la dirección contraria a la razonable para evitar nuevas crisis en el futuro.

Con la bancarización progresiva de las cajas no solo se pone en manos del capital privado a bajo precio el capital y el patrimonio social acumulado durante años sino que además se terminará pronto con su labor social que, aunque sea un simple paliativo, al menos ha podido mantener líneas de ayuda al tercer sector que han sido fundamentales en la lucha contra la exclusión social.

Y no habrá que esperar mucho para ello: incluso antes de convertirse en bancos son muchas las cajas de ahorros que ya han reducido el presupuesto de la Obra Social, o que han cerrado centros de atención a mayores, educativos y de servicios sociales de todo tipo.

La bancarización también conlleva el desarraigo de las cajas respecto de los territorios en los que operaban, algo que ha sido fundamental en los últimos decenios para garantizar, incluso a pesar de su negativo comportamiento reciente, que se mantuvieran inversiones más pegadas al terreno y a los intereses de sus clientes.

La bancarización se ha querido justificar en los altos sueldos de los directivos de las cajas y en la excesiva politización pero lo que ocurre al convertirse en bancos es que éstos se han asignado sueldos mucho más elevados.

Los 10,5 millones de euros que puede ganar Rodrigo Rato y otros directivos en Bankia son buena prueba de que se está produciendo un auténtico y vergonzoso expolio y algo que no solo debiera merecer el reproche moral de la ciudadanía sino la condena penal de esos directivos si en España hubiera leyes decentes que impidieran que los más poderosos se lucren aún más todavía con el dinero de la gente.

Y, por si hubiera que poner alguna guinda al robo y despilfarro de recursos públicos que supone la bancarización de las cajas, resulta que de esta manera no se está garantizando que aumente la financiación de la economía. Al revés, al concentrar aún más la propiedad financiera y al someter aún en mayor medida al antiguo sector de las cajas a la lógica de la banca privada, que evidentemente es más restrictiva puesto que exige más rentabilidad, lo que se producirá será un mayor racionamiento del crédito y una mayor deriva aún de recursos hacia las actividades especulativas que provocan crisis y pérdida de empleo y de riqueza productiva.

Por eso, la bancarización también pone de relieve el servilismo y la torpeza de la patronal española y su auténtica desconexión con las empresas que de verdad crean empleo porque éstas saldrán claramente perjudicadas por la conversión en bancos de las cajas a reducirse así la competencia en el sector financiero y reducirse las posibilidades de obtener financiación más abundante y a menor coste.

Todo esto no ha sido fruto de la casualidad ni de la improvisación. El robo al Estado y al pueblo ha sido estratégicamente calculado y bien pensado. La pinza entre el Partido Popular y el PSOE (aunque no solo esa, pues lamentablemente incluso los representantes de Izquierda Unida en Caja Madrid han apoyado su privatización) ha forjado una clase política cómplice de los intereses financieros más poderosos y ha actuado a su servicio extendiendo la alfombra por la que van a entrar limpiamente para a hacerse con el patrimonio y el capital acumulado durante años por cientos de miles de pequeños y medianos ahorradores.

La ciudadanía debe reaccionar ante este nuevo expolio y hacer que paguen sus responsables. Hay que exigir que se cree una comisión que investigue el coste real de esta operación y sus beneficiarios, que se paralicen inmediatamente las privatizaciones de las cajas y el uso de los fondos públicos que han recibido para salir de la crisis en beneficio del capital privado. Hay que reclamar su nacionalización para crear un nuevo tipo de banca pública, ética, transparente, comprometida con la financiación a las empresas y la creación de riqueza. Y hay que obligar a los directivos que se han auto concedido premios, sueldos y bonus millonarios a que devuelvan ese dinero a las cajas.

Los ciudadanos tenemos poder suficiente para paralizar estos procesos de privatización de las cajas. Nosotros somos los dueños de sus recursos así que podemos expresar nuestro rechazo recurriendo a de muchas formas de sabotaje pacífico: sacando los depósitos, haciendo manifestaciones de protesta antes las sucursales, por ejemplo, acudiendo días determinados sencillamente a pedir información sobre los nuevos propietarios de las cajas o sobre el destino de los ahorros, a preguntar si las cajas utilizan tienen fondos en paraísos fiscales o si realizan inversiones en armas o en negocios especulativos. Y también reclamando una ley de responsabilidad financiera que ponga a los banqueros en su sitio, que les impida que actúen por encima de las instituciones representativas y, en suma, que ponga las finanzas al servicio de las personas.

El movimiento 15-M tiene en este aspecto una tarea fundamental porque el robo que lleva consigo la privatización de las cajas no es solo un problema financiero. Se ha podido producir porque nuestra democracia falla, porque no es verdadera, y por eso impedir que se produzca sería un paso decisivo para avanzar hacia la democracia real a la que aspiramos.

Este artículo de librered.net demuestra, que si la gente mira un poco, se da cuenta no solo de lo importante que es, sinó el pilar que supone de esta falsa democracia, que como todo el mundo está empezando a averiguar, no es otra cosa que la dictadura de aquellos a los que se nos obliga a pedir el dinero prestado con intereses, que deciden ellos y por ley. Por eso el nuevo director del BCE (Mario Draghi), es un ex-vicepresidente de ¡Goldman Sachs!

¿Pero quien manda aquí: El pueblo, «Demos» o un cártel de BANKSTERS Globalistas?… pues que vamos a pensar si encima los politicos hacen las leyes para condenarnos a la Deuda Odiosa Eterna.

…lo cual es la causa principal de la quiebra progresiva de los Estados, de los recortes sociales y del final del Estado de Bienestar.

Es la mayor compañía de compraventa y producción de materias primas y alimentos del mundo

Imaginen un país invisible, que no sale en los mapas, y que controla el 50% del mercado mundial de cobre. Que cuenta con un PIB de 145.000 millones de dólares, cercano al de Marruecos, por el que pasa el 10% del trigo global y casi el 25% de la cebada, el girasol y la colza de todo el mundo. Un ente sin fronteras que influye de forma notable sobre el precio de las materias primas y que aún así vive en el limbo de lo desconocido para la gran mayoría de la opinión pública. Ese país existe: se llama Glencore, y como tituló Reuters un reportaje sobre la empresa, se trata de «la gran compañía de la cual jamás ha oído hablar».

A imitación de la confidencialidad de los bancos helvéticos, la compañía se ha caracterizado desde su nacimiento por el hermetismo y la escasa aparición en los medios. Esta falta de publicidad no repercute en sus beneficios. Radicada en el paraíso fiscal de Zug (Suiza), Glencore tiene el honor de ser la mayor compañía de compraventa y producción de materias primas y alimentos del mundo. Sin embargo la empresa ha copado en las últimas semanas más titulares de lo habitual. Hace un mes el enorme tamaño de la empresa hizo tambalear el parqué londinense: la compañía protagonizó la mayor salida de la historia de la Bolsa de Londres al colocar un 20% de sus títulos en los mercados. Entonces comenzaron a desvelarse algunos de los detalles de una compañía infranqueable, empezando por sus dueños. El español Daniel Maté, desconocido poseedor de un 6% de las acciones de la compañía, se convertía en la cuarta mayor fortuna patria según «Forbes», con 2.500 millones de euros.

Muchos albergaron la esperanza de que la salida a Bolsa de la empresa conllevara un aumento de la transparencia sobre algunas de sus operaciones. Junto a su inmenso patrimonio, Glencore presume de contar con una variada lista de causas pendientes en todo el mundo, lo que le hizo merecedora en 2008 del «Public Eye Award», galardón que condecora a las empresas «con un comportamiento ecológico y social más nefasto». Después de que en agosto de 2010 Rusia cerrase sus exportaciones de grano, «Financial Times» publicó en abril de este año que Glencore había urgido públicamente al Gobierno ruso a que tomase dicha medida tras diversos movimientos de la compañía en el mercado que apostaban por un alza de los precios de los cereales. John Meyer, analista de materias primas de Fairfax, reconoce en declaraciones a Empresa que Glencore «siempre se ha caracterizado por conseguir negocios de alto riesgo, donde otros son incapaces de entrar».

Esta cualidad también ha entrañado consecuencias negativas para la empresa. Según Reuters, la filial colombiana de Glencore, Prodeco, fue multada con 700.000 dólares en 2009 por violaciones medioambientales. No han sido las únicas penalizaciones que ha recibido la empresa. Hace cuatro semanas, las acusaciones de evasión fiscal y contaminación del Gobierno de Zambia hacia las operaciones de Glencore en el país, motivaron la congelación de nuevos créditos para la compañía por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI), institución de crédito de la Unión Europea.

Almira Cemmell, activista de la ONG internacional Global Witness, resalta el hecho de que Glencore cotice en dos índices bursátiles, el de Londres y el de Hong Kong. Debido a las exigencias del Hong Kong Stock Exchange, Glencore deberá publicar todos los movimientos de capital entre Gobiernos extranjeros y la compañía, «lo que permitirá a los contribuyentes ver cuánto dinero reciben sus Gobiernos de Glencore, además de verificar que el dinero no se desvía a otras causas». Según Cemmell, «este aumento de transparencia en un sector tan turbio como el de las materias primas es una gran noticia, pero aún así debemos asegurarnos de que Glencore cumple estas condiciones». John Meyer, sin embargo, no cree que la empresa vaya a cambiar su política de transparencia con su début en el parqué.

En una época en la que el exsecretario de Defensa británico John Reid ya han alertado del riesgo de «guerras por los recursos», conseguir aumentar el control sobre aquellos que los controlan es todo un desafío. La semana pasada el G-20 acordó medidas para aumentar la transparencia de los países en los mercados de las materias primas. No así para las compañías agroalimentarias. Y a pesar de su tamaño, Glencore no es un país: es una empresa.

Fuente: ABC