Un Importante comité de la junta directiva del Banco Mundial rechazó las solicitudes para modificar un borrador de declaración política que, según un centenar de organizaciones de la sociedad civil, implicaría un retroceso de varias décadas en las disposiciones que protegen de abusos a las poblaciones indígenas, los pobres y los ecosistemas frágiles. Si bien […]

Niñas y niños indígenas, como estos del pueblo uwottyja de la Amazonia venezolana, podrían quedar fuera de la protección del Banco Mundial si prospera la polémica propuesta en debate. Crédito: Humberto Márquez/IPS

Por Jim Lobe
WASHINGTON, Aug 1 2014 (IPS)

Un importante comité de la junta directiva del Banco Mundial rechazó las solicitudes para modificar un borrador de declaración política que, según un centenar de organizaciones de la sociedad civil, implicaría un retroceso de varias décadas en las disposiciones que protegen de abusos a las poblaciones indígenas, los pobres y los ecosistemas frágiles.

Si bien el Comité de Efectividad en el Desarrollo no respaldó formalmente el documento, lo aprobó el 30 de julio para su posterior consulta en los próximos meses con los gobiernos, las oenegés y otros interesados, en lo que constituirá la segunda ronda de una revisión de las políticas sociales y ambientales del Banco Mundial que llevará dos años.

Está en juego un borrador de marco de garantías que fue diseñado para actualizar y fortalecer las políticas implementadas en los últimos 25 años para asegurar que los proyectos financiados por el Banco Mundial en los países en desarrollo protejan a las poblaciones vulnerables, los derechos humanos y el ambiente.»La propuesta de ‘exclusión voluntaria’ de las protecciones para los pueblos indígenas, en particular, socavaría la legislación internacional de derechos humanos vigente»: Joji Cariño.

“Las políticas que tenemos ahora fueron útiles, pero los problemas que enfrentan nuestros clientes cambiaron en los últimos 20 años”, declaró Kyle Peters, vicepresidente del Banco Mundial de operaciones políticas y servicios en los países.

Peters subrayó que las disposiciones del marco previsto también ampliarán las políticas de garantías de la institución con sede en Washington, para promover la inclusión social, la antidiscriminación, los derechos laborales y la lucha contra el cambio climático.

Pero un grupo de organizaciones de la sociedad civil sostiene que el proyecto, que se filtró el 26 de julio, no refuerza esas garantías sino que, muy al contrario, las debilita sustancialmente en algunos casos.

“El Banco Mundial se comprometió en repetidas ocasiones a producir un nuevo marco de garantías que no dé lugar a la dilución de las salvaguardas existentes y que refleje las normas internacionales vigentes”, según un comunicado enviado el 28 de julio a los directores ejecutivos de la institución multilateral por Apuesta por los Derechos Humanos (BHR, en inglés), una red con sede en Washington integrada por 23 organizaciones de desarrollo, humanitarias y ambientalistas.

“En cambio, el proyecto de marco de garantías representa una profunda dilución de las salvaguardas existentes y socava las normas internacionales de derechos humanos y de las mejores prácticas”, advierte la carta firmada por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Foro de ONG del Banco Asiático de Desarrollo, entre otras organizaciones.

Una de las disposiciones previstas permitiría la “exclusión voluntaria” de los gobiernos prestatarios de la Norma de los Pueblos Indígenas, que fue desarrollada por el Banco Mundial para asegurar que sus proyectos de financiación protejan los derechos fundamentales de las poblaciones autóctonas sobre la tierra y los recursos naturales.

“Hace más de 20 años que colaboramos con el Banco Mundial en el desarrollo de las garantías sociales y ambientales y nunca vimos una propuesta con un potencial tan negativo de repercusiones generalizadas para los pueblos indígenas de todo el mundo”, afirmó la filipina Joji Cariño, directora de Forest Peoples Programme, una organización con sede en Gran Bretaña que defiende los derechos de las poblaciones autóctonas.

“La propuesta de ‘exclusión voluntaria’ de las protecciones para los pueblos indígenas, en particular, socavaría la vigente legislación internacional de derechos humanos y los avances significativos que se observan en el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en las leyes nacionales”, agregó.

Pero Mark King, director de normas ambientales y sociales del Banco Mundial, insistió que el marco planteado representa un “fortalecimiento de la política existente” que, entre otras disposiciones, incorpora el  “consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas” para todos los proyectos financiados por el organismo multilateral.

“En circunstancias excepcionales cuando existe el riesgo de exacerbar las tensiones étnicas o los conflictos civiles, o cuando la identificación de los pueblos indígenas es incompatible con la Constitución del país, en consulta con las personas afectadas por un proyecto en particular proponemos un enfoque alternativo para la protección” de esas poblaciones, señaló Peter.

El funcionario agregó que el directorio del Banco Mundial debe autorizar esas excepciones.

El organismo, que desembolsa hasta 50.000 millones de dólares al año en subsidios y préstamos, sigue siendo una fuente clave de financiación de proyectos en el Sur en desarrollo, aunque en los últimos 20 años surgieron otras fuentes importantes, especialmente de capitales privados y, más recientemente, China y otras economías emergentes, que suelen imponer menos condiciones a sus préstamos.

Ante esta competencia, el Banco Mundial busca la forma de atraer a los prestatarios mediante, por ejemplo, facilidades en sus operaciones.

Sin embargo, algunos de sus detractores temen que el organismo multilateral también esté dispuesto a ejercer una mayor flexibilidad en la aplicación de sus normas sociales y ambientales, algo que sus funcionarios rechazan públicamente, a pesar de la reciente divulgación de correos electrónicos internos que confirmarían esos temores.

Bajo la insistencia de las oenegés y algunos gobiernos occidentales en los años 80 y 90, el Banco Mundial lideró el proceso de adopción de políticas sociales y ambientales progresistas.

Más recientemente, sin embargo, “se rezagó ante los bancos regionales de desarrollo y otras instituciones internacionales de desarrollo en cuanto a la protección de los derechos humanos y el ambiente”, aseguró Gretchen Gordon, coordinadora del BHR.

“El Banco tiene la oportunidad de recuperar su posición de líder en el ámbito del desarrollo, pero lamentablemente este proyecto es un retroceso en la última década de progreso”, dijo.

“Esperamos que la próxima ronda de consultas sea sólida y accesible para la gente y las comunidades más afectadas, y que… el Banco y sus Estados miembros adopten un marco de garantías sólido que respete los derechos humanos”, exhortó.

BHR elogió el renovado interés del Banco Mundial por la discriminación y los derechos laborales, pero criticó lo que consideró el desplazamiento del marco de garantías de “uno con base en el cumplimiento de los procesos y las normas establecidas, a otro de orientación vaga y abierta”.

Según el comunicado de la sociedad civil, el borrador pone en peligro la protección de poblaciones a las cuales proyectos financiados por el Banco Mundial podrían desplazar de sus hogares.

También permitiría que los gobiernos prestatarios e incluso bancos privados “intermediarios” apliquen sus propias normas para la evaluación, compensación y reubicación de las comunidades desplazadas “sin criterios claros sobre cuándo y cómo eso sería aceptable”, según BHR.

Además, el marco previsto no incorpora ninguna protección que evite que los fondos del Banco Mundial apoyen las apropiaciones de tierras que desplazaron a poblaciones indígenas, pequeños agricultores, comunidades de pescadores y pastores en países pobres para dar paso a grandes proyectos agroindustriales, añade la alianza.

“Teníamos la esperanza de que las nuevas garantías incluyeran requisitos fuertes para impedir que gobiernos como el de Etiopía abusen de sus poblaciones con los fondos del Banco”, expresó Obang Metho, director ejecutivo del Movimiento de Solidaridad por una Nueva Etiopía, una organización que llamó la atención internacional sobre las apropiaciones de tierras etíopes con el respaldo del organismo financiero.

“Pero en cambio nos asombró que el Banco abriera las compuertas a nuevos abusos”, concluyó.

Editado por Kitty Stapp / Traducido por Álvaro Queiruga

http://www.tendencias21.net/Banco-Mundial-pretende-excluir-proteccion-a-poblaciones-fragiles_a36076.html

EEUU bloqueó la reforma del Fondo Monetario Internacional acordada por el G20, declaró hoy el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Riabkov.

“El FMI requiere una reforma. Lo importante es que ya fue acordada una por el G20. (…) Creemos que el grupo refleja de la mejor manera posible el actual equilibrio de fuerzas, incluidas las económicas, en el gran escenario. El problema es que las decisiones tomadas no se cumplen, ante todo, por la Administración de EEUU que bloquea la reforma del fondo”, dijo el diplomático a Nóvosti.

Esta situación no corresponde a la posición que ocupan los países del BRICS en el mundo, agregó.

“Por lo tanto la creación del Banco de Desarrollo del BRICS y de un fondo de reservas es un modo de responder a esta situación, o sea, crear una herramienta que (…) permita ocuparse de las tareas de estabilización financiera, así como aportar fondos para proyectos de importancia”, agregó Riabkov.

Destacó, que el FMI y el Banco de Desarrollo del BRICS no son competidores.

“No hay rivalidad. Primero, porque los recursos acumulados en el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo y el FMI no se puede comparar con lo que tiene BRICS. Segundo, por ser distintos los objetivos (de las entidades)”, señaló.

Subrayó la necesidad de reducir la dependencia de BRICS de “los llamados institutos de Bretton Woods”.

“De la misma manera que necesitamos un sistema nacional de pagos. No se sabe cómo puede cambiar la política de Visa o MasterCard hacia Rusia. No podemos seguir bajo la amenaza de las decisiones arbitrarias y absurdas que Washington impone a sus propias empresas”, concluyó el viceministro.

http://sp.ria.ru/economy/20140804/161114707.html

Miembros de la asistencia de primeros auxilios ayudan a uno de los heridos en el bombardeo israelí a la escuela de la localidad de Beit Hanún, en el hospital de Kamal Adwan en Beit Lahiya en Gaza. EFE

«Las empresas españolas administradas/gestionadas por Oleguer Pujol Ferrusola suelen tener como socio único a una sociedad BV radicada en los Países Bajos, la cual es administrada por otra/s sociedad/es (pantalla), radicada/s en Luxemburgo, y cuyos gerentes o administradores suelen estar residiendo en Londres, quienes a su vez son directores o ejecutivos de la empresa que crea el fondo inmobiliario principal».

Este párrafo mareante figura tal cual en un informe policial que laUnidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía ha elaborado para la Fiscalía Anticorrupción, y tras su mera lectura cualquiera se ve abocado a sospechar del hijo de Jordi Pujol. La propia Udef extrae la misma conclusión en otro párrafo de su informe: «No parece congruente con la práctica mercantil normal tener que emplear gran cantidad de ellas [«empresa sita en territorio offshore, múltiples sociedades pantalla en Luxemburgo, Países Bajos o Londres…»] para gestionar un solo fondo inmobiliario»; a no ser «que exista un ánimo oculto de dificultar el contenido exacto de las operaciones». Y eso, precisamente eso, es lo que piensa la Policía, que llama la atención sobre el hecho de que «el escaso patrimonio» («tres propiedades de no mucho valor», una de ellas compartida con sus seis hermanos?) que el hijo del ex president de la Generalitattiene en España «induce a pensar que la parte elevada [sic] del mismo se encuentra fuera (en paraísos fiscales?), y que es a través de la utilización de estructuras societarias instrumentales gestionadas por Oleguer Pujol Ferrusola donde se producirían las fases de ocultación, transformación e integración del dinero procedente de la evasión de impuestos».

Después de que el patriarca de la familia Pujol y ex referente del nacionalismo catalán confesara haber cometido delito fiscal durante 34 años, estos párrafos adquieren una luminosidad especial, a la que contribuye el recordatorio, incluido en el informe policial, de que Oleguer, uno de sus siete hijos, ha regularizado recientemente ante Hacienda tres millones de euros. Todo, en definitiva, apunta en la misma dirección.

Operaciones altamente sospechosas

La Udef concluye que la forma de operar descrita más arriba convierte en altamente sospechosas siete operaciones inmobiliarias realizadas por Oleguer Pujol (ver gráfico adjunto) y por las cuales adquirió oficinas del Banco Santander, inmuebles del Grupo Prisa, terrenos del cuartel militar Valenzuela (en Melilla), sucursales de Bankia (en dos tandas), un activo inmobiliario de la sociedad Costa Canaria y el edificio general de la abogacía; por un importe total próximo a los 3.000 millones de euros. No obstante, añade que «la labor indagatoria se ha centrado en el estudio de una pequeña serie de operaciones» del hijo del ex presidente de la Generalitat.

Los investigadores de la Policía han identificado los diversos actores societarios del entramado: podemos empezar en España, donde vinculan a Pujol y a su socio Luis Iglesias Rodríguez-Viña con 17 sociedades, entre las que destaca Drago Capital, una suerte de matriz de la que cuelga buena parte de las 16 restantes. En el otro extremo de la arquitectura societaria sospechosa aparece Mare Nostrum Capital Managers LTD, el llamado fondo inmobiliario principal, una sociedad -o trust- radicada en la isla de Guernsey, reconocido paraíso fiscal. Entre ésta y la primera, una cuarentena de sociedades domiciliadas en los Países Bajos que participaron activamente en las siete operaciones de compraventa.

Todo queda en casa

Se da la circunstancia de que Drago Capital tenía en el periodo analizado (2007-2012) un «cuadro directivo» formado por una serie de personas que, llamativamente, aparecen también como representantes de las sociedades holandesas que participaron directamente en las adquisiciones inmobiliarias citadas. Por poner un ejemplo, en la compra de las oficinas del Santander por parte de la española Samos Servicios y Gestiones, desempeñaron un papel importante sociedades de los Países Bajos representadas porCristina Calvo Ortega, a la que podemos encontrar también como directiva de Drago Capital. Todo, aparentemente, quedaba en casa.

Esta adquisición ejemplifica la complejidad de la estructura y la omnipresencia de las mismas personas. Así, tres empresas extranjeras del entramado (la propia Samos, NPI Limited y Pearl Assurance) prestan 2.199 millones de euros, junto con ocho bancos, a Cuius Holding BV. Pues bien, Cuius, NPI y Pearl Assurances están representadas por Cristina Calvo. Es decir, que ella «cede y recibe crédito a través de las empresas que representa».

Además, Cuius BV es el dueño entonces de Samos (representada por Oleguer Pujol), la empresa que adquiere las sucursales al Santander.

Más aún, el gerente de Cuius es Stephen Anthony Farrugia y el director, Marc Nicholas Jonas… que son, a su vez, los creadores del fondo inmobiliario principal, Mare Nostrum Capital Managers. Todo, aparentemente, sigue quedando en casa…

Cuando EL MUNDO empezó a publicar noticias sobre los negocios oscuros de Oleguer Pujol, éste abandonó todos los cargos en Samos Servicios y Gestiones, que fueron asumidos por Farrugia, Drago Capital y Luis Iglesias Rodríguez-Viña.

‘Persona interpuesta’

En definitiva: «Son Oleguer Pujol Ferrusola y Luis Iglesias Rodríguez-Viña, a través de Drago Capital y del entramado societario gestionado y creado por ambos, quienes canalizan los activos financieros y la posible evasión de impuestos hacia la sociedad o trust radicada en Guernsey», reza el informe de la Udef, que en otro punto añade a Farrugia para conformar el trío que «controla todo el proceso» de «ocultación/defraudación desde su inicio a su finalización». «En la mayoría de los casos, es Oleguer Pujol Ferrusola quien realiza la operación inmobiliaria, utilizando para ello una empresa creada o adquirida días antes, o sin actividad, a través de persona interpuesta. En esta empresa puede actuar como administrador único, poseer el control del Consejo de Administración o societario de la misma o bien controlar las sociedades pantalla a través de personas fiduciarias o interpuestas», se puede leer en el informe policial que obra en poder de la Justicia.

Y es entonces cuando la Udef recuerda que «el Código Penalespañol regula (…) los delitos contra la Hacienda pública y contra la Seguridad Social, entre los que se encuentra el delito fiscal»; y también que para los casos en que se utilice «a una persona con la finalidad de ocultar al verdadero obligado tributario, la condena será de tres a cinco años de prisión y multas desde tres veces la cantidad defraudada hasta seis veces dicha cantidad».

En el caso que nos ocupa, la Policía estima que si se diera el caso de «poder determinar la comisión previa del delito fiscal (…), no existiría ninguna duda de que posteriormente se daría un delito de blanqueo de capitales» o, como dice más adelante, «autoblanqueo».

No obstante, la Udef matiza que «quedará exenta de responsabilidad penal aquella persona que regularice su situación delictiva»… «siempre y cuando ésta sea antes de que se inicie cualquier actuación o procedimiento contra su persona».

https://selenitaconsciente.com

Ni la pretendida apertura a la sociedad de las primarias socialistas ni el estreno de medidas como un militante un voto han librado al PSOEde caer derrotado ante el imparable fenómeno de Podemos, que les supera en intención de voto directo -un 11,9% votaría a Pablo Iglesiasy un 10,6% a Pedro Sánchez– y se les acerca peligrosamente en el resultado global de la última encuesta del CIS.

En ella, con los datos ya tratados por el equipo del Centro de Investigaciones Sociológicas, el balance es que Podemos se convierte en tercera fuerza política de España con un 15,3% de respaldo. A muy poca distancia, el PSOE logra un 21,2% y el PP, un 30%.

Para los socialistas es una bajaba de 5 puntos respecto a los datos de abril, para el PP de 1,9. Pero, sin duda, la sorpresa del última CIS es la de Podemos, que repite a nivel nacional el éxito de las europeas. El pasado 25 de mayo fueron cuartos, por detrás de IU y en estos momentos ya les superan. El CIS otorga a IU una representación de 8,2% en el caso de que las elecciones generales fueran ahora.

UPyD se queda rezagada en el 5,9%. En abril, antes de que España supiera quién es el chico de la coleta, el CIS concedía a IU un 10,9% en intención de voto y un 8,9% al partido de Rosa Díez.

La cuarta parte de quienes dijeron haber votado a IU e Iniciativa per Catalunya (ICV) en las elecciones generales de 2011 prefirieron apostar por Podemos en las últimas elecciones europeas, según se refleja este barómetro del CIS.

En esos comicios, entre los votantes de PSOE y UPyD de 2011 también se produjo un desvío de votos a Podemos, cifrado en el 15% cada uno. Además, un 16,9% de los electores socialistas y el 16,1% de los de UPyD piensan votar al nuevo partido en las próximas elecciones generales.

El voto nulo de las generales de 2011 es otro banco de electores para Podemos. Un 22,2% de quienes utilizaron esa vía apostaron este año por la lista de Pablo Iglesias y piensan repetir con Podemos en las próximas legislativas. Con estas cifras, quien menos sufre la aparición de Podemos es el PP.

Aunque los datos válidos son la estimación de voto que calcula el CIS, los socialistas han otorgado mucha importancia en el último año al voto directo para trasladar -y así ha sido en algunos momentos- que estaban prácticamente empatados con el PP. En el último barómetro, los populares logran un 12,8% en voto directo frente al 11,9% de Podemos y el 10,6% del PSOE.

La encuesta se realizó entre el 1 y el 9 de julio, cuando Pedro Sánchez aún no había sido elegido nuevo secretario general socialista, pero había pocas dudas de que el partido se encaminaba hacia una renovación.

Valoración de líderes

En cuanto a la valoración de los líderes políticos y de los miembros del Gobierno se repite la tónica de las últimas encuestas, ya que no aprueba ningún ministro, ni líder político nacional.

Soraya Sáenz de Santamaría sigue siendo la ministra más valorada, con un 2,75 sobre diez, y el peor repite: José Ignacio Wert, que se queda con un 1,37.

En cuanto a los líderes políticos, la portavoz de Geroa Bai en el Congreso, Uxue Barkos, obtiene la mejor nota, aunque no alcanza el aprobado -3,94-, mientras que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, saca un 2,34, por debajo de Alfredo Pérez Rubalcaba, con un 3,12 sobre diez.

Sólo un 8,1% de los ciudadanos considera que la gestión de Mariano Rajoy está siendo «buena» o «muy buena» frente al 67% que la califica como «mala» o «muy mala», y un 23,7% que la ve como «regular».

La labor de oposición del PSOE logra aún un peor resultado, ya que sólo la valoran como «buena» o «muy buena» un 2,1% de los encuestados, mientras que el 70,4% la ven como «mala» o «muy mala».

Las dos mujeres detenidas en Melilla cuando trataban de acceder a Marruecos para unirse a la yihad tienen nacionalidad española, según han informado a Europa Press fuentes de la lucha antiterrorista.

Estas dos mujeres, una de ellas menor de edad, fueron arrestadas en la ciudad autónoma cuando trataban de cruzar la frontera y adentrarse en Marruecos. Su objetivo eran pasar a integrar una célula islamista radical.

Este grupo está dedicado al reclutamiento y envío de terroristas a países en conflicto como Siria o Iraq. Tanto las autoridades españolas como marroquíes han llevado a cabo en los últimos dos años diversas operaciones contra este tipo de grupos en Ceuta, Melilla, Madrid y territorio marroquí.

En caso de haber logrado su objetivo, estas dos mujeres habrían ampliado la lista de decenas de radicales islamistas que han salido de España en los últimos años para combatir en Oriente Medio en las filas de grupos terroristas.

Este fenómeno es actualmente una de las principales preocupaciones de los gobiernos europeos por el riesgo que supone que estos elementos radicales puedan regresar a sus países de origen con un mayor conocimiento y preparación para cometer atentados.

«Preocupación» en el Gobierno de Melilla

El Gobierno de Melilla ha mostrado «su preocupación» porque las primeras mujeres yihadistas detenidas en España dispuestas a combatir en Siria o Irak hayan elegido Melilla como vía de acceso, pero ha hecho «un llamamiento a la calma a la población» porque sostiene que esto puede ocurrir en cualquier parte del mundo.

A preguntas de los periodistas a raíz del arresto de estas dos mujeres, el presidente accidental de la Ciudad Autónoma, Miguel Marín (PP), ha declarado que «nos preocupa que existan personas que se quieran involucrarse dentro de esta cédulas radicales y preocupantes porque no es bueno para la sociedad en general, no sólo para Melilla».

Miguel Marín ha admitido que le inquieta «que lleguen a nuestra ciudad» mujeres como las detenidas «para usar Melilla como vía de traslado a otros lugares y emprender actuaciones con fines delictivos» como los que pretendían realizan en Irak o Siria a través del grupos terroristas islamistas.

El vicepresidente primero de la Ciudad, no obstante, ha hecho un llamamiento a la calma a la población melillense porque «igual que ha ocurrido en Melilla, puede ocurrir en cualquier parte de la geografía española, europea o del mundo». En este sentido ha subrayado que lo ocurrido con las dos primeras mujeres yihadistas detenidas en España que estaban dispuestas a integrarse plenamente en células terroristas del autodenominado Estado Islámico «es un hecho puntual y nosotros confiamos plenamente en nuestra Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para detectar este tipo de movimientos, combatirlos y erradicarlos».

Por último ha reiterado que «es un hecho puntual por el que no nos debemos alarmar porque igual que ha sucedido en nuestra ciudad también ha ocurrido en otras ocasiones en otras partes de España y en el territorio internacional».

 https://selenitaconsciente.com

Viernes, 01 de agosto 2014

Holanda – El Gobierno Holandés será uno de los primeros en entrenar policías de animales para hacer cumplir las leyes que protegen al ganado, fauna silvestre y animales domésticos contra el abuso.

Desde el año 2011, Animal Cops, el primer servicio de policía animal comenzó a trabajar para hacer frente al maltrato y abandono de los animales, además se creó un número de alarma donde cualquier persona puede reportar animales en peligro (144).

El gobierno Holandés comento que los oficiales se sacaron de la policía regular, y que 125 de ellos recibirán entrenamiento por varios meses sobre legislación en bienestar animal y como aplicarla.

Holanda es el primer país en tener derechos de los animales en el parlamento.

Los policías animales toman medidas en contra de:

• crueldad hacia los animales y la matanza de los animales;

• negligencia animal;

• El sexo con animales;

• la pornografía de los animales;

• la caza furtiva;

• el cebo animal.

En 2015, la policía holandesa tendrá 500 agentes de policía especializados en animales. Estos oficiales también realizan otras tareas de policía, pero recibirán una formación especializada en la Escuela de Policía.

El curso de formación de agentes de policía de los animales abarca:

• La legislación sobre la crueldad animal;

• Reconocer el sufrimiento de los animales;

• Las competencias de los agentes de policía de origen animal;

• Confiscación de los animales;

• Procedimientos para reportar la crueldad animal (tales como la elaboración de un informe oficial).

El curso de formación combina la teoría y la práctica, repartidos en tres o cuatro meses.

http://www.prensanimalista.cl/web/2014/08/01/paises-bajos-crean-oficiales-de-la-policia-de-animales-para-actuar-contra-la-crueldad-animal/

Sin pudor. Su balance de fin de curso no pudo ser más triunfal. Una mezcla de desbordante optimismo y seguridad hasta dibujar un panorama casi inmejorable. Así se presentó el presidente del Gobierno ante todos los españoles, incluidos los más de cinco millones de parados y los más de 750.000 hogares sin ningún tipo de ingreso a los que la glosa presidencial de fin de curso debió de resultar más insultante que verosímil.

Con todo, lo peor no fue la euforia con la que Mariano Rajoy diera por sentado que ahora viene la remontada; celebrara que a la vuelta del verano el PIB vaya a crecer al 1,5% o sacara pecho por «no haber dejado desguarnecidos a los más débiles»… Lo realmente duro fue su amnesia. Y no porque un día dijera «yo lo que no llevo en mi programa, no lo hago», otro prometiera mantener el poder adquisitivo de las pensiones, al siguiente recortar en todo menos en sanidad o educación y uno más tarde negara la existencia de sobresueldos en su partido, una contabilidad B y su estrecha relación con el extesorero del PP hoy en prisión, alias Luis, el cabrón.

Todo forma parte de lo que se llama Arte de la mentira en política y escribió ya a principios del XVIII Jonatan Swift: mentir bien a los ciudadanos no es cosa que se improvise; es un arte con todas sus reglas… Pero, a juzgar por su torpe calumnia, ni Rajoy planea las patrañas ni sabe de los preceptos de su maestría. De lo contrario, jamás hubiera dicho lo que dijo sobre la reforma federal de la Constitución durante su jocosa comparecencia: «Nadie me ha contado en qué consiste y qué se pretende con ella. Si alguien tiene que plantear algo, tiene que ser claro. El presidente del Gobierno no puede frivolizar con estas cosas ni fijar posiciones sobre asuntos que no están planteados».

Con semejante desparpajo el jefe de Gobierno viró del «no es el momento» que esgrimía hace meses cuando se le pedía opinión sobre la reforma de la Carta Magna al «nadie me ha contado». ¿Desmemoria? Una cosa es que Rajoy no pueda, no quiera o no le dejen dar un paso en favor de la reforma constitucional y otra es que niegue conocer el contenido de la misma. Es la diferencia entre la vacilación y la mentira. Es tan público y notorio que el ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba ha desmenuzado en sus conversaciones con Rajoy los problemas de nuestro modelo territorial desde la primera vez que visitó La Moncloa como jefe de la oposición en febrero de 2012 como que éste ha sido, junto a la política económica y la europea, elasunto central en los encuentros mantenidos durante dos años y medio. Reuniones en las que, por cierto, el presidente en alguna ocasión confesó a su adversario político estar «maniatado» por el inmovilismo de algunos sectores de su partido, léase la factoría FAES con Aznar y Aguirre a la cabeza.

Debe ser amnesia, sí, porque Rajoy conoce perfectamente los elementos centrales de la propuesta socialista que contiene la llamada Declaración de Granada con la que el PSOE cerró su oferta federal, ya que dos días después de ser aprobada por el Consejo Territorial el 6 de julio de 2013, el propio Rubalcaba se la remitió a La Moncloa. Veinte folios que han dado para escribir ríos de tinta sobre la incorporación del mapa autonómico de España a la Constitución; la distribución de competencias; las responsabilidades y obligaciones del Estado y las Comunidades Autónomas; la reforma del Senado; la incorporación de los hechos diferenciales y las singularidades políticas, institucionales, territoriales y lingüísticas; la financiación autonómica; la incorporación como derecho fundamental de la sanidad pública; los mecanismos de cooperación institucional de los Estados federales o la regulación constitucional de las competencias de la Administración local.

Un documento al que siguieron otras 24 páginas que, bajo el título Hacia una estructura federal del Estado, también fueron remitidas desde la calle Ferraz a La Moncloa para el mismo destinatario y en las que se ponían negro sobre blanco el cuándo y el por qué encalló el Estado autonómico, incluidos los riesgos de ruptura nacionalista. No era una reforma que situara a España al comienzo de su andadura democrática ni iniciara un nuevo momento constituyente, sino la evolución natural del Estado autonómico en dirección de los modelos federales más perfectos. «Un modelo cooperativo y pluralista para dar respuesta a las legítimas diferencias que se presentan desde diversas Comunidades Autónomas, sin quebranto del respeto eficaz e igualitario reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y la solidaridad interterritorial», según reza en la explicación de los doce puntos de la Constitución que el PSOE se proponía reformar y que le fueron entregados a nuestro amnésico presidente del Gobierno.

Haría bien Rajoy en preguntar a su ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, quien tras reconocer el éxito de la última Diada, coincidió con el PSOE en que era necesario escuchar las demandas de los catalanes y trabajar en una revisión del reparto de competencias y el sistema de financiación. O quizá le baste con la lectura de las 23 peticiones de Cataluña que Artur Mas le entregó la semana pasada y que básicamente se resumen en más financiación, más infraestructuras, más respeto competencial y más inmersión lingüística. Ojalá dentro de un año no padezca de otro episodio de desmemoria y diga que nadie le ha contado lo que, al margen de la consulta soberanista, quiere Cataluña. Ya se sabe que la salud del cerebro depende de la cantidad y la calidad de lo que se la haga trabajar, y que para tener una buena memoria los médicos aconsejan salir a la calle y relacionarse con la gente; llevar una vida saludable y dormir ocho horas diarias para archivar los recuerdos del día. Duerma, presidente, duerma.

http://www.huffingtonpost.es/esther-palomera/la-amnesia-de-rajoy_b_5644132.html?utm_hp_ref=spain