El peculiar método empleado por los distintos gobiernos de la nación, de repercutir recargos en el “recibo de la luz”, ha llevado a que la tarifa eléctrica española sea la más cara del mundo. Alguna razón debe de sustentar este record mundial. No hace falta ir muy lejos para poder apreciar el compadreo entre los gobiernos de turno y el sector eléctrico. Los paganos han sido los consumidores y usuarios cautivos del suministro eléctrico que han pagado el despilfarro y los graves errores de inversión que han cometido que las tradicionales “familias” que dominan el núcleo duro de las compañías eléctricas. El mayor error perpetuado por estas compañías se eleva a la categoría de metedura de pata. Como hemos visto en post anteriores las cuantiosas inversiones en energía nuclear llevó a la quiebra técnica al sector. La panacea que iba a representar vender kilowatios de electricidad producidos por el maravilloso método de la fisión nuclear solo estaba en el capitulo de lo teórico. En la práctica, las cuantiosas inversiones financiadas con divisas, las consecutivas devaluaciones de la moneda, los altos tipos de interés, los importantes costes de mantenimiento, y el coste de deshacerse de los residuos nucleares, hizo que el sueño de producir energía nuclear fuera un fiasco. A grandes males grandes remedios. Los gobiernos de turno no encontraron mejor solución que, a través de decretazos, repercutir en la tarifa eléctrica la metedura de pata de las compañías eléctricas. Así, de esta peculiar forma, la tarifa eléctrica ha ido absorbiendo uno a uno los dislates e imprudencias cometidos por los miembros de los consejos de administración de las eléctricas.

Todo ha ido a parar al recibo de la luz. A quienes cometieron el error estratégico de la inversión en energía nuclear, nunca nadie les ha pedido cuentas del monstruoso desaguisado, ha resultado más práctico endosarles el muerto a los consumidores. El parón nuclear decidido por el gobierno para poner fin a la instalación de centrales nucleares, sirvió nuevamente para vestir la necesidad de indemnizaciones a las compañías propietarias de las instalaciones. El sector eléctrico, un lobby de los más influyentes donde los haya, no satisfecho con las constantes repercusiones en la tarifa de recargos provenientes de sus fallidas inversiones, se despachó con una nueva repercusión los costes de transición a la competencia (CTC). El Comisario europeo de la Competencia consideró estos costes como meras ayudas de Estado al sector eléctrico. Es precisamente esta calificación de ayudas de Estado lo que pone de manifiesto que el peculiar método empleado hasta ahora por los gobiernos de uno u otro color de repercutir en la tarifa eléctrica toda clase de costes colaterales a la explotación de producir energía. Toda esta martingala no se sustenta con lo dispuesto en la Constitución. La financiación de las cargas ocasionadas por la decisión política va en contra de los principios que inspiran la Hacienda Pública en un Estado de Derecho. Es precisamente, el peculiar método empleado de repercutir costes colaterales en la tarifa eléctrica que se paga a escote tanto ricos como memos ricos. Se esquiva de esta manera un debate parlamentario que tenga una repercusión en los Presupuestos Generales del Estado, que son cubiertos con el principio de una contribución mayor cuanto mayor es el patrimonio y la renta del contribuyente.

Reitero lo dicho: lo que ocurre en España, respecto la tarifa eléctrica, no ocurre en ningún país del mundo. Ningún país confunde la velocidad con el tocino, aquí semejante tratamiento tributario hace que se rompa el principio con el que se sustenta la Constitución de contribuir al sostenimiento del gasto público de acuerdo con la capacidad económica de cada uno. Si los repetidos recargos en la tarifa eléctrica fueran aplicados a los Presupuestos del Estado, el coste de los mismos seria cubierto por la proporcionalidad de la renta de los contribuyentes. Los que más tienen, contribuirían en mayor medida. La repercusión de recargos en la tarifa eléctrica, sustrayéndose de los Presupuestos del Estado, hace que el principio de proporcionalidad se rompa haciéndose añicos. Los pobres, los de las rentas más bajas, pagan por encender la luz, por dar fluido al televisor, y poner en marcha la lavadora, lo mismo que el más ricachón de los ricachones. Estamos al final de la calle, con lo injusto que resulta semejante tratamiento tarifario, por el ingrediente de su origen. Los dislates de los consejos de administración de las compañías eléctricas por su impericia en la gestión de sus empresas, lo acaba pagando el eslabón más débil de la cadena: el consumidor. Con el agravante de un pago a escote, los que menos pueden pagan lo mismo que los que más pueden. Aquí esta la razón de tener una desproporcionada tarifa eléctrica.

Pero todavía hay una razón más que añadir al disparate del inconstitucional método tarifario: la falta de transparencia. Mientras que por la vía de aplicar los costes al Presupuesto del Estado, está tasada su cuantía, por la vía de la repercusión a la tarifa se oscurece el mundo de la luz. Se las han inventado todas las triquiñuelas posibles desde los recargos aplicados en la tarifa que eran transferidos a una cuenta cuyo titular era Unesa, la patronal del sector. La super millonaria cuenta, que se nutría de un por ciento de cada uno de los recibos de la luz, dificulta la transparencia y el control de los fondos obtenidos y su reparto. Si alguien tiene alguna duda acerca de lo oscuro que es el mundo de la luz no tiene más que asomarse a la maraña de Reales Decretos, Ordenes y Resoluciones del Ministerio de Industria y Energía sobre la tarifa eléctrica, donde se encontrará con un extraño lenguaje iniciático en el que abundan las formulas cabalísticas, las definiciones más absurdas y, en suma, con un conglomerado normativo en el que resulta literalmente imposible enterarse de algo. Se tiene la sensación de que todo esta organizado, precisamente, para eso, para que nadie, no ya el hombre de la calle, sino auténticos expertos, se enteren de nada. Pero es que, además, de esta manera la Intervención General de la Administración del Estado, no podía, no puede, ni tampoco podrá fiscalizar el debido uso de los fondos; y tampoco, naturalmente, el Tribunal de cuentas. No existe control en lo que concierne a la eficiencia y economía en la programación y ejecución del gasto que transfieren al déficit tarifario. ¿Cómo es que la diferencia tarifaria que arruina al país con una deuda de miles de millones no este fiscalizada? Aquí está el quid de la cuestión. Sigamos para bingo.

Semejante engendro legislativo no era sostenible ni cuando estas compañías de suministro energético eran definidas como “servicio público”. Ahora, liberalizadas de las ataduras al Estado hace que el engendro se transforme en monstruo. La privatización de estas empresas ha elevado a la categoría de timo el peculiar método de repercusiones tarifarias, que solo hacen que cebar las cuentas de resultados y los bolsillos de unos patricios en detrimento de cautivos paganos. El poder económico, con el poder político a su servicio, hace estragos en la economía de todo ser viviente que se ponga a su alcance. Ya pueden existir leyes, normativas, órdenes, resoluciones que teóricamente amparen a los ciudadanos, todas ellas son soslayadas cuando se trata de echarle mano a la carteta. Incluso el marco constitucional es pasado por el arco del triunfo de los poderosos. El artículo 31 de la Constitución establece el principio de proporcionalidad al sostenimiento del gasto público. Ni con esas, los que menos tienen contribuyen a escote con los que más tienen. El peculiar sistema de recargar en el recibo de la luz costes asumidos por decisiones políticas, soslayando su repercusión en los Presupuestos del Estado, hace que resulte injusto el tratamiento tributario dado a los recargos. Por muy evidente que este sea, los medios de comunicación, que se dicen servidores del público, ven, oyen y callan. El servilismo a los poderosos esta a la orden del día. Eléctricos y mediáticos han dejado de ser un servicio publico.

 Principios que inspiran la Hacienda Pública en un Estado de Derecho

El artículo 31 de la Constitución Española establece que:

Articulo 31.1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

3. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a 1a ley.

Para ir acabando esta primera parte del post un trágala que lo dice todo: Un impuesto sobre impuesto. Dentro de lo que se podría denominar cultura fiscal ciudadana, que estaría formada por los conocimientos sobre materia fiscal o tributaria del ciudadano medio, está la idea de la imposibilidad de cargar un impuesto sobre otro impuesto, es decir, la doble imposición. Incluso se conoce que a nivel internacional existen numerosos tratados que persiguen evitar que no se de esa doble imposición entre países. Pues bien, ese ciudadano medio desconoce que en múltiples ocasiones esta pagando un impuesto sobre otro. Un ejemplo cotidiano puede ser el de la electricidad. La factura se confecciona de la siguiente manera. Se suma el importe de la facturación de la potencia, el de la facturación de la energía y los complementos, el alquiler de los equipos de medición. Al resultado de esta suma se le aplica un 4,864% que corresponde al impuesto sobre la electricidad. El importe del impuesto se vuelve a sumar a los conceptos anteriores, y sobre: esta segunda suma se aplica el 16% de IVA. El resultado es la factura de la electricidad.  Aunque sea chocante, las afirmaciones anteriores son ciertas, y validas de acuerdo con la legislación vigente. La Ley del IVA, en su artículo 78 Dos 4° permite que este impuesto se aplique sobre “tributos y gravámenes de cualquier clase que recaigan sobre las mismas operaciones gravadas, excepto el propio Impuesto sobre el Valor Añadido”. La ley por tanto, lo permite, aunque otra cosa muy diferente es si es correcto recaudar un impuesto sobre otro impuesto. Al ciudadano, cuando se sitúa en su vertiente más vulnerable, la de consumidor, se le confunde para que al final pague sin rechistar, aunque sea a base de exigir lo moralmente inexigible. En el tema de las eléctricas, esta característica se añade a las demás aberraciones que se han producido en las últimas décadas.

Compañía ratera y contador mentiroso

 En los últimos meses había escuchado alguna que otra voz discordante respecto al contador de las eléctricas, unos decían unas cosas y otros otras pero todos conducían a un común denominador: la imposición por parte de la compañía de colocar un nuevo contador por las buenas o por las malas. Lo que voy a contar es vivido en propia carne, no es mi costumbre mencionar asuntos propios ya que se implica el cabreo personal y puede distorsionar el relato. Por una vez que no sirva de precedente. Tengo un piso, que utiliza mi hijo y una amiga, tenía dos contadores, uno para fuerza y otro para luz. Así es como se instalaban hace 35 años, que es la antigüedad de la vivienda. Voy por los hechos: casi no se está en el piso pero casualmente se presenta un individuo que manifiesta que lo envía la compañía para sustituir el contador. La amiga de mi hijo, que le atiende, no sabe que hacer pero el individuo insiste pronunciando las penas del infierno sino se realiza el cambio de contador. La chica, asiente. No acaba aquí la historia, un mes después llega la factura de la luz, Oh! Sorpresa el importe a pagar es más de 14 veces la media anual: 648 euros de una tacada. Se llama a Fecsa Endesa para pedir una explicación. Respuesta: “ya le llamarán”, no obstante apuntan que lo más probable es que existan diferencias entre lo gastado y facturado. Resulta que en las facturas hay un concepto que dice “Alquiler de equipos” y otro “Conservación del aparato”. Durante 35 años han estado facturando estos conceptos por lo que el aparato es suyo y el mantenimiento y conservación corre por su cuenta y ahora se despachan con un supuesto mal funcionamiento que no acreditan. La indefensión es total, planea en el ambiente la espada de Damocles de un corte de suministro. El sindicato del crimen no descansa con tal de arrebatarnos el dinero. Resulta que el atraco no es nuevo y el dichoso contador tiene unos oscuros antecedentes. Voy por ellos.

El mero hecho de que el sector eléctrico tenga, desde hace años, demandas por un tubo a través de las asociaciones de consumidores pone de manifiesto que las cosas no se hacen bien. Defraudar al cliente está al orden del día. Para conseguir sus propósitos contaban, no se sabe ahora el que, con la colaboración interesada de los fabricantes de los aparatos de medición del consumo eléctrico; tan sólo a través del método de modificar, alterar o lo que se quiera, los datos referentes al alquiler de los contadores, se calcula que las eléctricas obtienen una buena tajada por el sobreprecio. El truco tiene su miga. Un Real Decreto de 1984 establece que la tarifa de alquiler de los contadores de la luz deberá ser, como máximo, del 1,25 % sobre el precio medio de los aparatos de medición, pero resulta que los grandes fabricantes de dichos aparatos se ponen de acuerdo para fijar un valor medio en más del doble del precio real. Hecha la ley hecha la trampa. De este modo, si en 1998 —año en que el Gobierno aplicó el alquiler al 0,90 % del valor medio de los aparatos— se cobraba por concepto de alquiler de contadores el triple de su valor. Los grandes fabricantes de contadores, sector que en el mercado nacional dominan Siemens y Schlumberger, actúan, de este modo, como perfectos cómplices de las compañías productoras de electricidad. En 1998, una inspección de la Comisión Europea a algunos de estos fabricantes de contadores dio resultados muy clarificadores: se requisaron documentos, entre ellos notas de despacho de reuniones entre fabricantes y representantes de la patronal Unesa, en los que se reconocía la trampa que estaban perpetrando con los contadores, y se trataban de encontrar formulas para tratar de evitar que el trapicheo se descubriera.

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