La juez de Andorra que tramita la petición de información solicitada por el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre las actividades de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña, ha advertido de que sólo colaborará con la justicia española si el delito de blanqueo de capitales que se le atribuye va asociado a otros de corrupción, informaron jurídicas.

Así consta en un auto dictado por la magistrada el pasado 28 de agosto en el que la juez admite a trámite la comisión rogatoria que Ruz cursó el pasado 29 de julio para solicitar los datos bancarios de Pujol Ferrusola y su exesposa, Mercè Gironès, aunque recuerda los límites que incluye la jurisdicción andorrana sobre este tipo de peticiones de información.

Al igual que Suiza, Andorra sólo facilita información en causas en la que se investigan delitos de blanqueo de capitales vinculados a otros de corrupción como cohecho o tráfico de influencias pero no si únicamente se persigue esta actividad asociada al fraude fiscal, como ocurre en el caso de Pujol Ferrusola.

En el auto, que será trasladado a las partes una vez que sea traducido, la juez andorrana da un mes a la Banca Privada de Andorra para que facilite la información bancaria solicitada por Ruz y suspende durante este mismo plazo la ejecución de la comisión rogatoria para que las partes realicen las alegaciones que estimen oportunas y soliciten la práctica de pruebas en virtud del ejercicio de defensa.

Ruz, que atribuye indiciariamente al matrimonio un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública, interrogará a ambos el próximo 15 de septiembre en el marco de la causa en la que investiga los pagos superiores a 200.000 euros que sus empresas habrían recibido de sociedades que habrían sido adjudicatarias de contratos públicos en Cataluña.

Los fondos en Andorra

En su petición de información el juez Ruz solicitaba «toda la documentación o información que estuviera a disposición de la Banca Privada de Andorra de productos bancarios y/o fondos de los que se hayan sido beneficiarios» los dos imputados y las cinco mercantiles de las que son propietarios (Iniciatives, Marketing i Inversions, Project Marketing Cat, Inter Rosario Port Services, Ative Translation e Iberoamericana de Business and Marketing).

Ruz, que también ha citado a una testigo el 16 de septiembre, abrió este procedimiento a finales de 2013 tras recibir una denuncia de la exnovia de Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez. Ésta aseguró el pasado 17 de enero ante el juez que acompañó al hijo mayor del exmandatario catalán a Andorra para trasladar una mochila llena de billetes de 500 euros.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 acordó esta diligencia después de conocer el comunicado difundido el pasado 25 de julio por el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley en el que admitía que su familia posee fondos no declarados en el extranjero desde 1980.

Ruz cursó la comisión rogatoria a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción y después de poner de manifiesto que a la Agencia Tributaria no le consta que Jordi Pujol Ferrusola haya presentado «declaración tributaria especial alguna que suponga la regularización» de esos fondos que le podrían pertenecer. A ello suma las manifestaciones realizadas por la denunciante María Victoria Álvarez Martín, que detalló «la existencia de fondos en Andorra» que pertenecerían al imputado.

En concreto, el magistrado ha pedido información sobre los «titulares, apoderados y el beneficiario último» de sus cuentas, los préstamos e hipotecas que tendrían en la entidad y la información de que disponga sobre cajas de seguridad, certificados de depósito y del mercado de dinero, bonos del tesoro, tarjetas de crédito o débito, compras de cheques bancarios, correspondencia y extractos de movimientos y soportes documentales.

32 millones en movimientos de divisas

Desde que comenzó la investigación, el juez ha recabado abundante información bancaria así como varios informes de la Agencia Tributaria que acreditan que los movimientos de divisas efectuados por los imputados durante ocho años superarían los 32 millones de euros.

El juez investiga si las sociedades de Pujol Ferrusola y su esposa llevaron a cabo la «salida de divisas» a Argentina, Suiza, Uruguay, Luxemburgo, Estados Unidos, México, Francia y Gabón, entre otros países. Además, pidió a las entidades financieras BBVA, Crédit Suisse, Santander, Banco Financiero de Inversiones y Banque Privée Edmond Derotshchild Europe información sobre las cuentas que el matrimonio investigado tiene a su nombre.

En concreto, Iniciatives, Marketing i Inversions S.A., con domicilio social en Barcelona, declaró entre 2004 y 2012 unos ingresos de 7.925.262 euros y unos pagos de 1.595.644 euros; mientras que Project Marketing Cat S.L., con idéntico domicilio social que la anterior, recibió en este periodo 6.043.010 euros y efectuó unos pagos de 1.021.739 euros.

Información sobre 17 empresas

Ruz dictó el pasado 17 de febrero un auto en el que se dirigía a 17 empresas de construcción y servicios que «directa o indirectamente» declararon «ingresos procedentes de distintos organismos públicos de Cataluña» para que detallaran la naturaleza de los servicios que habrían recibido para efectuar pagos en cuentas bancarias de cinco sociedades propiedad de Pujol Ferrusola y su esposa.

El juez también rastrea las actividades empresariales e inversiones que el hijo del expresidente de la Generalitat habría llevado a cabo en México, así como la venta de dos fincas rústicas en Palamós (Girona) que tuvo lugar en julio de 2006. También pidió al Catastro Inmobiliario que confirmara si Pujol Ferrusola y su esposa son propietarios de un piso en la calle Santa Caterina de Siena de Barcelona.

Según un informe de la Agencia Tributaria que obra en la causa, Pujol Ferrusola movió 32.407.658 millones de euros en divisas con destino a paraísos fiscales entre el 30 de marzo de 2004 y el 28 de noviembre de 2012. En un auto dictado en abril pasado, Ruz revelaba que el hijo mayor de Pujol llevó a cabo 118 operaciones financieras en esos ocho años que partieron de los bancos Mediolanum, BBVA y Credit Suisse y finalizaron en entidades de 13 países diferentes, entre ellos las Islas Caimán, Gabón o Lietchenstein.

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La Unión Europea (UE) estudia prohibir a los ciudadanos europeos la compra de bonos rusos como parte del nuevo paquete de sanciones que está negociando por el rol que Moscú está ejerciendo en Ucrania. Putin exige un nuevo Estado en Ucrania.

Así lo publica hoy la agencia británica Reuters, que adelanta que los embajadores de la UE comienzan hoy lunes a discutir estas nuevas medidas, que se espera que afecten sobre todo a los mercados financieros.

Los líderes europeos decidieron este fin de semana que los movimientos de las tropas rusas en la guerra que se está librando en Ucrania eran motivo suficiente para aumentar las sanciones a menos que Rusia, que niega las acusaciones, retire sus tropas.

Rusia y la baza de los bonos soberanos

Moscú ya ha reaccionado ante la primera ronda de sanciones prohibiendo las importaciones agrícolas de la UE y EEUU. Ahora el riesgo de estas nuevas sanciones financieras sería que el Kremlin decidiera desahcerse en masa de los bonos soberanos europeos que posee.

Las nuevas sanciones que debe preparar la Comisión Europea en una semana también apuntarán hacia otros sectores, como el energético y el de defensa. «Estoy oyendo que una prohibición de la compra de bonos rusos podría llegar con el nuevo paquete», explicó una fuente a la agencia. También podría haber sanciones en el uso de tecnologías compartidas tanto en el ámbito militar como en el civil.

Para preparar estas nuevas sanciones, los embajadores de los 28 estados miembros han sido convocados a una reunión de emergencia, aunque no se esperan decisiones inmediatas. También se ha programado otra reunión para este miércoles.

Sanciones en el ámbito financiero

Las fuentes diplomáticas aseguran que el objetivo principal de las nuevas sanciones sería el financiero, ya que afectaría más al gobierno que a los ciudadanos rusos. Las nuevas medidas podrían ser coordinadas con Estados Unidos, si bien hay países como Austria, República Checa y Eslovaquia que son reticentes dada su dependencia del gas ruso.

El objetivo de la UE sería dificultar la financiación del gobierno de Vladimir Putin, y supondrían un paso más después de que en julio se prohibiera a los bancos estatales rusos financiarse en los mercados de la Unión Europea.

Merkel avisa que no hacer nada no es una opción

La canciller alemana, Angela Merkel, ha reconocido este lunes que aplicar nuevas sanciones a Rusia podría afectar a la economía alemana, pero ha defendido que no hacer nada ante la agresión de Moscú en Ucrania «no es una opción».

«He dicho que (las sanciones) pueden tener un impacto, también en las empresas alemanas», ha dicho en rueda de prensa en Berlín. «Pero he de decir que también hay un impacto cuando se permite a uno mover fronteras en Europa y atacar a otros países con tus tropas», ha añadido la canciller.

«Aceptar la conducta de Rusia no es una opción y por tanto era necesario preparar más sanciones», ha precisado Merkel, en referencia a la decisión de la UE de estudiar nuevas medidas contra Moscú por la presencia de tropas rusas en el este de Ucrania

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Las embarcaciones reciben 2.500 dólares por evitar colisionar con los cetáceos y de paso disminuir la contaminación ambiental

«La marginación es la forma más peligrosa de opresión…queda sujeta a privaciones materiales y de derechos, y rápidamente a medidas paternalistas.» I.Young

Aparentemente, la Unión Europea, ante el fenómeno de la prostitución, nunca ha invertido demasiado esfuerzo jurídico en armonizar un modelo político común.
Tal omisión legislativa ha permitido la convivencia, sin demasiados impedimentos, de diversos modelos ideológicos esencialmente antagónicos, con peculiariadades, pero sustancialmente derivados de los tres modelos troncales que pugnan en la actualidad en nuestro espacio europeo:

– El modelo Neoabolicionista y Abolicionista: ligeramente mayoritario entre los países de la UE y abanderado por el modelo sueco, tras una sustancial mutación desde sus orígenes (s.XIX-Josephine Butler), se posiciona a favor de sancionar y perseguir, incluso penalmente, a los receptores de servicios sexuales, a los que denomina «prostituidores» de mujeres, a las que se les niega la capacidad volitiva en el ejercicio de la actividad sexual, como víctimas de violencia de género.

– Modelo Legalizador: arranca del año 2000, con Holanda y Alemania a la cabeza. Se muestra partidario de la regulación expresa de la actividad sexual libre y de su inclusión en el sistema de protección de la Seguridad Social, con reconocimiento de idénticos derechos y obligaciones a las de cualquier otro trabajo.

– El Modelo Prohibicionista y Reglamentarista: en la actualidad está representado por aquellos países que prohíben el ejercicio de la prostitución en espacios públicos, así como en burdeles, pero no en espacios privados. El caso español, formalmente abolicionista, tiene en la actualidad un tinte reglamentarista, con las ordenanzas locales represivas del ejercicio de la prostitución en espacios públicos que se extienden, a modo de pandemia, por toda la geografía española-. También el Estado francés es otro ejemplo claro de prohibicionismo, aunque en 2013 inició el camino parlamentario para la aprobación de un proyecto de ley neoabolicionista con elevadas sanciones a los clientes de la prostitución, desatando una gran polémica social que finalizó hace unas semanas con la negativa del Senado francés a convalidar el proyecto.

Pero, ¿cual es realmente el modelo de la UE?

El pasado mes de febrero 2014, la Unión Europea mostraba su cara más neoabolicionista a través de la Recomendación aprobada por el Parlamento Europeo de fecha 26 de febrero de 2014 (Explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género), en la que se hace una distinción entre «prostitución», «prostitución forzada» y «explotación sexual».

Personalmente, suscribo, todas y cada una de las exhortaciones referidas a prostitución de menores, prostitución coactiva y explotación sexual en general, y abogo por el aumento de las penas para tal repugnante delincuencia, así como por una apuesta seria por la cooperación internacional en la persecución de estas mafias y el reforzamiento de políticas sociales de apoyo a las víctimas, que hasta ahora han sido absolutamente anodinas.

También creo que debe erradicarse toda legislación represiva contra las personas que ejercen la prostitución, pero en coherencia con lo anterior, no creo que sancionar a los clientes, en transacciones voluntarias, sea una medida adecuada para descriminalizar la actividad, pues la sanción es una reacción jurídica ante un acto reprochable socialmente. No se puede criminalizar al cliente y esperar que la sociedad no estigmatice y tilde de delincuente a quien ha ofrecido los servicios prohibidos.

El propio texto de la resolución comentada es estigmatizador, al incluir entre sus aseveraciones que «se atrae la atención sobre el hecho de que las prostitutas tienen derecho a la maternidad y a criar y cuidar a sus hijos». Quizá a algunos les pueda parecer una defensa encendida de los derechos de las mujeres prostitutas, pero esta afirmación es manifiestamente incoherente con la defensa femenina que se pretenden: es obvio que la mujer, sea prostituta o no, tiene derecho a la maternidad. Igual que lo tiene al voto, a la vida, o a la integridad física. ¿O acaso están condicionados los derechos a determinadas actividades moralmente admisibles?

Tal declaración de derechos, referidos en exclusiva a las mujeres prostitutas, es una nueva prueba institucional de la grave discriminación que conlleva la victimización de todo un colectivo de mujeres por razón de la actividad que desempeñan. El paternalismo institucional y el pánico moral no liberan, sino que infantilizan y debilitan a las mujeres.

Pero no es oro todo lo que reluce y las Recomendaciones de la UE no obligan a los estados miembros, ni tienen efectos vinculantes desde un punto de vista jurídico.

Por el contrario, sí vinculan a los estados y a sus órganos judiciales, de conformidad con el TFUE (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), las sentencias dictadas por el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea), como la de fecha 20 de noviembre de 2001 (Asunto Jany y otras), en la que se califica de actividad económica a la prostitución ejercida libremente y por cuenta propia. Sin duda alguna, ese fue el primer paso europeo a favor del reconocimiento de derechos sociales derivados de la prostitución, y un avance en la clarificación de que no toda la prostitución europea se ejerce bajo coacción o siendo víctima de trata.

Corroboran lo anterior los datos estadísticos obtenidos por la ONU en un extenso estudio llevado a cabo en el año 2010 en Europa (Trata de personas hacia Europa con fines de explotación sexual), entre cuyas conclusiones se confirma que 1 de cada 7 mujeres que ejercen la prostitución en Europa son víctimas de trata, esto es, aproximadamente un 15%. Y aunque es una cifra deleznable que exige políticas agresivas de choque, hay otro 80% de mujeres que ejercen la actividad sin ser víctimas de tal reprochable delito. Son mujeres que merecen una atención diferencial y separada a las víctimas de delitos sexuales, pues no puede confundirse el todo con la parte, al igual que la existencia del delito de trata con fines de explotación laboral no ha impedido (más bien lo contrario) que el legislador regule expresamente todo un compendio de normas sociales protectoras de los/as trabajadores/as frente a posibles abusos empresariales.

La primera visibilización estadística del negocio de la prostitución voluntaria en España y su inclusión en el PIB.

El último movimiento jurídico de la UE en materia prostitucional se produjo en 2013. Se trata de una nueva metodología en la elaboración de la contabilidad nacional de los estados de la UE, impuesta a través del Reglamento nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 21 de mayo de 2013, que obliga a incluir en la medición del PIB el impacto del consumo de drogas, el contrabando y la prostitución. Ello no es ninguna novedad fiscal, pues ya funciona desde hace años en Japón, EEUU, Australia, Canadá, e incluso en países de nuestro entorno como Suecia, Noruega , Austria, Estonia, Eslovenia u Holanda. Un Reglamento Comunitario es directamente aplicable a todos los estados de la Unión, por lo que su eficacia jurídica vinculante queda fuera de toda duda.

El INE, será el organismo español encargado de las nuevas mediciones, que ya las ha adelantado provisionalmente, y que supondrán un aumento del PIB entre un 2’7% y un 4’5% . Lo conoceremos a partir del 25 de septiembre.

Es importante destacar que, para evitar manipulaciones tendenciosas, los Estados deben seguir las recomendaciones metodológicas del Eurostat (Oficina estadística de la UE), exigiéndose el consentimiento entre ambas partes en este tipo de transacciones sexuales, para poder ser objeto de valoración económica. Por tanto, se excluyen de medición las actividades delictivas como la trata de personas o el proxenetismo coactivo.

No es desorbitado, sino recomendable, incluir en las cuentas del Estado un negocio que mueve más e 50 millones de euros diarios según Informe final de 13 de marzo de 2007 de la Comisión Parlamentaria para el estudio de la situación actual de la prostitución en España. En este sentido se han manifestado más de un centenar de inspectores de hacienda, en el Informe sobre la Reforma Fiscal Española de 10 de mayo de 2014, en el que también se aboga por la regularización de la prostitución voluntaria.

La noticia ha tenido gran repercusión mediática, y una renuente oposición por parte de algunos sectores, reacios a que se efectúen prospecciones estadísticas de la prostitución voluntaria desgajada de actividades delictivas. Sin embargo, yo no encuentro razones objetivas que justifiquen mantener en la opacidad más sumergida los elevados datos económicos que desde hace décadas mueve el negocio de la prostitución en este país.

Es importante separar, conceptual y estadísticamente, el impacto económico de la prostitución voluntaria de otras actividades delictivas y, a partir de aquí, podrán plantearse alternativas que puedan alterar las desiguales relaciones de poder existentes. La pretendida exclusión de la prostitución del mercado no tiene parangón con otras actividades, y sería impensable socialmente en cualquier otra área o tarea.

No podemos seguir impasibles perpetuando la grave discriminación de todo un colectivo de mujeres, condenadas al destierro de derechos humanos por «infringir» normas morales, ni tolerar el paternalismo institucional que las incapacita como personas y como mujeres (vulnerables y vulneradas), cerrando así cualquier escapatoria a su eterna estigmatización.
Reconocer derechos no victimiza, empodera.

http://www.huffingtonpost.es/gloria-poyatos-matas/la-prostitucion-europea

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