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Cuando Paloma Pastor me contó la historia de su hijo Mahesh, llegué a pensar que estaba exagerando. ¿Cómo un país desarrollado como España iba a condenar a niños con daños cerebrales a una silla de ruedas de por vida? No parecía posible. Pero estaba equivocada. Cada día sabemos más del cerebro humano, de su plasticidad y capacidad de regenerar las neuronas con el esfuerzo adecuado, pero ese conocimiento, al menos en este país, no impide que niños como Mahesh, que un día tuvieron un tropiezo fatal, nunca lleguen a levantarse.

«Tenía 8 años cuando sucedió. Ahora tiene 11. En una excursión al campo se nos perdió. Le encontró la Guardia Civil caído al pie de un cortado, inconsciente. Nos dijeron que tenía un derrame cerebral y que podía morir. Pero sobrevivió. A los tres meses nos fuimos a casa, y ya era otro niño, en silla de ruedas, sin hablar, incontinente. Tenía daño cerebral. Una trabajadora social del hospital Niño Jesús nos dio un listado de centros a los que acudir para su rehabilitación en Madrid. Sólo uno era público, y no le atendían, ni le atienden, porque es menor de 16 años. ¿Qué barbaridad es ésta?», se pregunta Paloma.

Así son las cosas. En el CEADAC (Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral), que depende del IMSERSO, le explicaron que su función es paliar la falta de ingresos de los afectados por no poder acceder al mercado laboral, y como un niño no puede trabajar, pues no es asunto suyo. «Al encontrarse la edad laboral fijada en los 16 años, resulta coherente que no se atienda a los menores de dicha edad» (LEER CARTA AQUÍ,no tiene desperdicio). Así es la normativa: aún reconociendo que no hay alternativa, les dan esa respuesta tan socorrida de «me lavo las manos».

Mahesh tuvo suerte, pues su familia tiene recursos económicos suficientes para pagar una media de unos 2.000 euros mensuales que suponen los servicios de uno de los centros privados con rehabilitación infantil en la capital. Hoy ya no usa silla de ruedas, habla, estudia y juega con sus amigos.

Peo ¿y los que no pueden pagar? «En febrero», continúa Paloma, «pusimos una demanda judicial contra SERMAS (Servicio Madrileño de Salud), porque defendemos que los niños con daño cerebral sobrevenido deben ser atendidos por la Seguridad Social. El fallo de la sentencia nos dio la razón, dejó bien claro que debían ser atendidos en el sistema público de salud. Pero una cosa es lo que dicen los jueces y otra, la realidad, porque seguimos pagando. Y todos los demás también, aunque hay muchos niños que sabemos que no reciben el tratamiento adecuado porque no pueden», asegura la madre de Mahesh.

Tras unas reuniones en las que parecía que todo se iba a solucionar…, al final la Consejería de Sanidad de Madrid recurrió el fallo judicial. El mismo departamento que dirigía Javier Fernández-Lasquetty, dimitido después de que la sociedad parase la privatización de la sanidad madrileña, el mismo Gobierno al que perteneció Francisco Granados, optó por gastar dinero público en evitar que el daño cerebral sobrevenido en la infancia tenga un tratamiento gratuito en la Comunidad. Un mal que se repite en muchos otros lugares del país, por cierto.

Inasequible al desliento, los padres de Mahesh acudieron entonces a quejarse a la Oficina del Defensor del Pueblo, pero en marzo de este año, recibió un escrito de esta institución en la que se le comunicaba que la misma Consejería no enviaba la documentación que habían solicitado y que siguieran a la espera…, hasta hoy.

Desesperados, como último recurso, llamaron a la prensa. Y su caso salió en EL PAÍS. Aquello sí que pareció remover algo entre los responsables de este asunto (a la cabeza, el consejero actual, Javier Rodríguez), desde luego, más que los jueces o el Defensor. A raíz del reportaje, Paloma y su marido fueron convocados en SERMAS, se paralizó el recurso contra la sentencia y les aseguraron que lo iban a solucionar…. Aquello ocurrió en abril. Y estamos a las puertas de noviembre.

Paloma y José Miguel no cejan en su empeño, que es el mismo que el de la asociaciónHiru Hamab de Navarra. Cada dos meses, siguen registrando todas las facturas de los gastos en SERMAS, a ver si entre tantos millones de euros de dinero público como ha acabado en cuentas suizas, o en las Bermudas, o en Andorra, ha quedado algo para que algunos niños puedan volver a caminar.

Son conscientes de que el caso de Mahesh no es único, porque como él, hay más niños que han sufrido caídas, o un accidente de tráfico, o un tumor, o una encefalitis, o una meningitis…. Pequeños que nadie sabe cuántos son, ni en qué circunstancias han quedado, porque sus padres no han podido costearles el tratamiento que les podría haber hecho la vida mucho más fácil.

Recientemente, con motivo del DÍA DEL DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO, los padres de Mahesh han lanzando una petición de recogida de firmas en Change.org:Solicitamos cobertura sanitaria para niños con daño cerebral sobrevenido. Fue a raíz de ella que supe de Mahesh, de cómo las tres sesiones semanales de cuatro terapias diferentes le han permitido hoy, a los 11 años, leer, escribir, sumar y restar, estar escolarizado y montar en su bici, saltar y correr. Es lo que tiene la plasticidad de ese maravilloso órgano que es el cerebro humano que nos ha costado tanto tiempo reconocer.

http://www.huffingtonpost.es/rosa-m-tristan/el-cerebro-de-mahesh-y_b_6059956.html?utm_hp_ref=spain

Desde el inicio de la crisis económica en 2008 el número de milmillonarios en el mundo se ha duplicado. Sin embargo, hay quienes afirman que la desigualdad extrema no es ningún problema y que forma parte del orden natural de las cosas. Para ello, se basan en unos mitos que desmontamos aquí, con datos del informe Iguales que Oxfam Intermón ha sacado este jueves.

Mito 1: La desigualdad extrema es tan antigua como el mundo, siempre ha existido y siempre existirá

Realidad: Las intervenciones políticas pueden repercutir significativamente en la desigualdad de ingresos. En Latinoamérica, tras años de presión por parte de movimientos populares muchos países han logrado reducir su desigualdad consiguiendo que 50 millones de personas pasen a formar parte de la emergente clase media.

Mito 2: Los ricos lo son porque se lo merecen y trabajan más que el resto

Realidad: Quienes menos cobran trabajan tanto (o más) que quienes tienen sueldos más altos. Algunos de los empleos peor remunerados del mundo exigen un trabajo más duro, mientras que algunos de los mejor remunerados exigen menos esfuerzo.

Mito 3: La desigualdad es necesaria para recompensar a quienes hacen las cosas bien

Realidad: Incentivar la innovación y la iniciativa empresarial a través de recompensas económicas siempre generará un cierto nivel de desigualdad y puede ser beneficioso, pero resulta absurdo creer que el director de una empresa que gana 200 veces más que un trabajador medio es 200 veces más productivo y que contribuye 200 veces más a la sociedad.

Mito 4: La política de la desigualdad no es más que la política de la envidia

Realidad: Unos niveles de desigualdad elevados tienen consecuencias negativas para toda la sociedad. Las sociedades con mayores niveles de desigualdad económica tienen, en general, mayores índices de delincuencia, menor esperanza de vida, mayores niveles de mortalidad infantil, peor salud y bajos niveles de confianza.

Mito 5: Crecimiento y reducción de la desigualdad son incompatibles, especialmente a través de la redistribución

Realidad: La redistribución es beneficiosa para el crecimiento porque minimiza la desigualdad. Una desigualdad elevada y su aumento son, en realidad, perjudiciales para el crecimiento ya que acarrean menores índices de desarrollo y un crecimiento menos sostenido.

Mito 6: El aumento de la desigualdad es un efecto inevitable y desafortunado del progreso tecnológico y la globalización, así que poco se puede hacer al respecto

Realidad: Aunque los cambios tecnológicos, la educación y la globalización son factores importantes en la desigualdad, la principal causa reside en decisiones políticas deliberadas, como la reducción de los salarios mínimos, la reducción de los impuestos a los ricos y la eliminación de los sindicatos.

Mito 7: El problema no es la desigualdad económica extrema, sino la pobreza extrema. Mientras se reduzca la pobreza de quienes menos tienen, no hay por qué preocuparse por la desigualdad ni por el aumento de la riqueza de unos pocos

Realidad: La desigualdad económica extrema no sólo ralentiza el ritmo de reducción de la pobreza, sino que puede revertirlo. No es posible acabar con la pobreza sin abordar la desigualdad económica extrema y la redistribución de la riqueza.

http://www.huffingtonpost.es/sandra-cava/los-7-mitos-de-la-desigualdad_b_6070748.html?utm_hp_ref=spain

Las instituciones de este país son instrumentos al servicio del gobierno de turno y éste a la vez está vinculado a una funesta cadena de favores al servicio de la oligarquía que los tiene fuertemente cogidos por los cataplines. No se salva nadie, cada día nos desayunamos con una tropelía aún mayor de la del día anterior. Para muestra un botón: una justicia de pacotilla condena al juez Elpidio Silva por meter en la cárcel al banquero aficionado Miguel Blesa en el momento que se evidencia que se dedicaba a robar a los clientes, a saquear Caja Madrid y a despilfarrar el dinero en suntuosidades de nuevos ricos. El expolio tiene un precio: la lealtad absoluta hay que pagarla convenientemente para torcer la voluntad y constituir Blesa y los 86 ladrones y así poder robar a manos llenas. El botón de muestra se puede extender al uso y costumbre de una legión de camarillas que practican la ley del silencio que trasciende desde funcionarios de la Administración de alto nivel, a jueces de altos Tribunales comandados por el Fiscal General del Estado dirigido con mando a distancia por el gobierno. El bipartidismo ha sucumbido a los placeres del dinero y las prebendas de que a nadie le amarga un dulce por lo que hay que engrasar la maquinaria desde las cúpulas de los partidos políticos a los que ocupan los escaños en el Congreso de los Diputados. Todo este cambalache trasciende a que las grandes empresas se puedan dedicar a rapiñar todo lo que se puede de los Presupuestos Generales del Estado y en un doble latrocinio dejan de cotizar los impuestos que les corresponden con el visto bueno de la camarilla. La banca esconde un agujero de casi medio billón de euros a causa de la codicia desenfrenada de sus gestores y en lugar de que se apañen por su cuenta con sus acreedores (otros bancos) el desaguisado se le endosa al populacho. No teníamos bastante con la lujuria de la banca, que como primo hermano de esta familia oligarca, las compañías eléctricas en una avaricia descomunal someten a un expolio sin precedentes a los millones de atrapados consumidores. Hay que decirlo alto y claro: Se acabó lo que se daba, somos millones y aunque tan sólo sea por dignidad hay que parar los pies a estas voraces compañías eléctricas. Es necesario que revises el artículo anterior El saqueo a Endesa repercutirá en la factura de la luz … Sigue leyendo → Hay un plan y se trata de lo siguiente:

En septiembre de 2013 publiqué un artículo en el que ponía de manifiesto la mala costumbre de los gobiernos en cargar en la factura de los consumidores de electricidad conceptos disfrazados de impuestos que resultan inconstitucionales e incluso están refrendados por una sentencia del Tribunal Supremo. Ver: Los impuestos en la factura de la luz son inconstitucionales … Sigue leyendo →Esperé unos meses con la vana ilusión de que alguien se movilizara pero nadie movió un dedo a pesar de que el artículo corrió por la red de sitio en sitio y eran muchos los que elevaban su grito al cielo, pero nada más. El 4 de junio de este año, nueve meses después, entendí que nadie iba hacer nada y denuncié al Defensor del Pueblo Europeo la inconstitucionalidad de revertir recargos camuflados como impuestos en la factura de la luz en lugar de aplicar estos supuestos costes adicionales en los Presupuestos Generales del Estado con el fin de una distribución equitativa: que pague más quien más tiene en lugar de todos paguen a escote en una derrama donde el más pobre paga igual que el más rico. Ver: Denunciada ante Europa la inconstitucionalidad de los impuestos en la factura de la luz … Sigue leyendo → La cosa no fue como esperaba y la institución del Defensor del Pueblo español intercepto la denuncia presentada en Bruselas y se la hicieron suya. Fue el patriota Francisco Fernández Marugán quien como Adjunto Primero le tocó el papelón de sacarse la denuncia de encima con unos argumentos de pena que ni tan siquiera venían al caso. El 17 de julio hice público su escrito Ver: Cuando el Defensor del Pueblo ataca a traición…Sigue leyendo → Contesté al patriota de Fernández Marugán para que remitiera un escrito razonado y no las chorradas que contenía su palabrería. Aún es la hora que desde la institución del Defensor del Pueblo se posicione sobre el atropello que sufre la ciudadanía frente al ataque voraz de las compañías eléctricas, pero todavía es más vergonzoso: la denuncia trata de la decisión del gobierno al aplicar, en la factura de la luz, una fiscalidad a escote rechazada por la constitución. El Defensor del Pueblo es el órgano encargado de velar por los derechos constitucionales y para cumplir su función puede supervisar la actividad de la Administración, por lo tanto, el asunto denunciado compete plenamente a sus atribuciones.

Hasta aquí los antecedentes de la denuncia presentada y la razón que la sostiene: el Artículo 31 de la Constituciónse establece que:

“31.1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

1. 2 El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
2. 3 Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales  de carácter público con arreglo a la ley.”

Este Articulo, resumen de la democracia desde sus más genuinos orígenes, no deja lugar a dudas e interpretaciones. Las consecuencias de desconocerlo fueron y son muy injustas.Con la articulación de esos recargos vía tarifa la financiación de las cargas ocasionadas por una decisión política se efectúa así en contra de los principios que inspiran la Hacienda Pública en un Estado de Derecho. Para dejar el concepto claro y diáfano: la Constitución y la interpretación ofrecida por el Tribunal Constitucional se pronuncia que los españoles no deben pagar un impuesto sobre un servicio básico y sin alternativa. No tiene confusión. Sin lugar a dudas la electricidad es un producto básico y no tiene alternativa. Los impuestos y recargos que se aplican a la factura de la luz según la sentencia del Tribunal Constitucional (185/1995), antes citada, dice que “deberán considerarse coactivamente impuestas” (a la  fuerza) Los gobiernos de turno se han cebado con la factura eléctrica por la vía fácil al cargar impuestos indirectos a todos por igual. De un producto básico y sin alternativa los impuestos los pagan por igual ricos y pobres y esto no es lo promulga la Constitución.Para unos asuntos  la Carta Magna se atiende con un rigor extraordinario y para otros, que afectan al populacho, se aplica el ”alcance confiscatorio”.

Si no quieres caldo dos tazas esto es lo que se le puede decir al Defensor del Pueblo, Soledad Becerril, si el populacho no tenía suficiente argumento al esgrimir el Artículo 31 de la Constitución sobre el recargo de impuestos (nadie discute el IVA a pesar que en la factura de la luz se aplica sobre un impuesto) todavía se puede añadir, en una nueva denuncia. Se trata de otra inconstitucionalidad de la tan cacareada liberación del mercado cuando las compañías privatizadas se forran sin límites y sin ofrecer, a los consumidores, un mercado competitivo al actuar, a través de la patronal UNESA, como un monopolio. El tinglado montado de la fijación de precios que repercuten sobre la tarifa es una engañifa amparada en una subasta manipulada que los actores que ofrecen son los mismos que demandan. No es tan siquiera un mercado en oligopolio con 4 ofertantes (Endesa, Iberdrola, G.N. Fenosa, E.on) y un ramillete de comparsas para hacer bulto ya que todos acaban fijando un mismo precio y aplicándolo al unísono el mismo día. Veamos que nos dice Wikipedia sobre la actuación monopolística: “es una situación de privilegio legal o fallo de mercado, en el cual existe un productor que posee un gran poder de mercado y es el único en una industria dada que posee un producto, bien, recurso o servicio determinado y diferenciado. Para que exista un monopolio, es necesario que en dicho mercado no existan productos sustitutos, es decir, no existe ningún otro bien que pueda reemplazar el producto determinado y, por lo tanto, es la única alternativa que tiene el consumidor para comprar. Suele definirse también como «mercado en el que sólo hay un vendedor», pero dicha definición se correspondería más con el concepto de monopolio puro” Estamos en ello y lo podemos encontrar en el Artículo 128 de la Constitución:

1.- Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

2.- Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

Adaptándose al espíritu y la literalidad constitucional el interés general lo exige. Hemos llegado al final del trayecto y no podemos permanecer, ni un minuto más, anestesiados ya que la desconfianza de los españoles frente a sus instituciones y gobierno tiene razón de ser. Estamos atrapados en una tela de araña, tejida durante años, para sucumbir ante cualquier Administración del Estado cuando la disidencia se manifiesta individualmente. Lo que propongo es unir fuerzas y en lugar de remitir al Defensor del Pueblo la denuncia de la inconstitucionalidad del Artículo 31 y ahora del 128 firmada por mi humilde persona se puedan añadir cuantos lo deseen. En el próximo post culminará la trilogía (el anterior a este y el siguiente) y se concentrarán las suficientes razones y argumentos para solicitar la intervención del Defensor del Pueblo. Para no perder el hilo de la narración quizás hace falta profundizar en el 128 de la Constitución que apunta en caso de monopolio: “acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”. El monopolio actual tiene la singularidad en el monopolio estatal y en como eran tratadas las compañías eléctricas del franquismocalificadas como servicio público del suministro de energía eléctrica. Aunque pudiera intentar sostenerse que las empresas eléctricas eran titulares de la gestión indirecta de ese servicio público (titulo que, muy a pesar de las empresas eléctricas, tendría que ser necesariamente concesional) y que, por tanto, la tarifa era un precio privado “intervenido” que no daría lugar a las “adherencias” de “moratorias” nucleares y otros costes públicos. Por si lo anterior fuera poco veamos como se lo manejaron estos artistas del engaño para que el suministro de energía eléctrica dejara de ser un servicio público (en línea con las aspiraciones tradicionales del sector). La Ley del Sector Eléctrico (LSE) es “la plasmación normativa” (eso dice su Exposición de Motivos) del Protocolo suscrito en diciembre de 1996 entre el Ministerio de Industria y Energía y “las principales empresas eléctricas”: “El citado Protocolo,….. Supuso, asimismo, el acuerdo con los principales agentes económicos de la industria sobre una profunda modificación del sistema retributivo hasta ahora vigente”  

O sea, que primero se pactó con las “principales empresas eléctricas” y luego lo pactado se llevo al Parlamento. La soberanía parlamentaria queda algo malparada. La LSE se presento con la aureola de la modernidad, “la libre competencia”, la “desregulación”, la mejora de la “eficiencia”, etc. Pero, sobre todo, la magia era Bruselas una especie de “comodín” para aquéllos sectores “regulados” cuya desregulación se regula: Directivas, Decisiones, Reglamentos, Recomendaciones. Así, para empezar, en esta “plasmación normativa” del “Protocolo” se dispone que el suministro de energía eléctrica deja de ser un servicio público “por su progresiva pérdida de trascendencia en la practica”. Se trata de una vieja aspiración de los asaltantes a las empresas públicas. Pero que no se quisiera ser un servicio público no significa que se quisiera prescindir de las ventajas de serlo. En efecto, la pérdida de la característica de servicio publico podía llevar aparejada la desaparición de privilegios expropiatorios variados, “urgente ocupación” incluida que han sufrido muchos campesinos españoles que la han padecido en un pasado no tan remoto. Para evitar tan desagradables consecuencias, se pasó a hablar de servicio “de interés económico general”. Si el suministro de energía eléctrica dejaba de ser un servicio publico era lógico que, por idéntica razón, la utilidad pública que ello comportaba también desapareciera y, en consecuencia, que las concesiones sobre el dominio público hidráulico y no hidráulico revirtieran al Estado que es su titular, y las expropiaciones (y/o expoliaciones) de los bienes privados, incluidas las servidumbres forzosas establecidas para la prestación del extinto e “intrascendente servicio público”, se extinguieran y revirtieran a sus propietarios.

En tan “liberal” LSE se prevé y se refuerza el mantenimiento (retroactividad incluida) del arsenal coactivo en su totalidad. En suma, la LSE consagra una desregulación regulada. O, mejor aún, una regulación desregulada. Con ella se prescinde de los inconvenientes de la regulación para el sector pero se retienen las ventajas de la regulación para el sector y todo eso -hay que reconocer que tiene merito- con el simple cambio de denominación ahora se le llama “servicio de interés económico general”. Los que no entiendan del “oscuro” mundo de la luz “eléctrica” pueden considerarlo una “prestación patrimonial de derecho público” en cuya imposición y exacción están ausentes las garantías que para la ciudadanía establece la Constitución.Precisamente por ello, por este cambalache constitucional de continuar con todas las prerrogativas de una empresa pública en manos privadas conviene argumentarlo con las propias palabras de los impulsores del “servicio de interés económico general”extraídas de la página web de UNESA que nos sitúan en la peculiar constitución en forma de sociedad anónima. (las negritas son cosecha propia para resaltar el texto) Dice así“UNESA fue creada por iniciativa de 18 empresas eléctricas en el año 1944, bajo la denominación de Unidad Eléctrica, S.A., para hacer frente a las difíciles circunstancias por las que atravesaba el abastecimiento eléctrico español en aquella época. La creación de UNESA supuso la materialización de este planteamiento, gracias a lo que desarrolló en aquellos años un papel fundamental en la coordinación de las centrales eléctricas existentes en las diferentes zonas del país para intercambiar energía y así  conseguir un reparto adecuado de la electricidad disponible.

Con ese fin, se impulsó la interconexión de los sistemas regionales de las empresas hasta dar lugar a un auténtico sistema eléctrico nacional, a través del cual quedaron conectados todos los centros de producción y consumo. Hasta 1979, fue asimismo responsabilidad de UNESA la operación de dicho sistema para asegurar una explotación óptima de la infraestructura eléctrica existente. Hasta la aprobación de la Ley del Sector Eléctrico y la transformación institucional de UNESA en Asociación, la organización empresarial se ha centrado en diversas actividades de carácter sectorial: estudios y análisis sobre las diversas vertientes de la actividad eléctrica (transporte, distribución, regulación, planificación indicativa), precios y tarifas, aspectos económicos y financieros, relaciones internacionales e institucionales, calidad del servicio, medio ambiente, investigación, normalización y comunicación social, entre otras. El 1 de enero de 1998 entró en vigor la Ley del Sector Eléctrico, Ley 54/1997, que introdujo importantes cambios normativos. En concreto, se estableció la competencia entre las empresas eléctricas y se dotó a los consumidores de la capacidad de elegir suministrador. La adecuación del Sector Eléctrico a las nuevas exigencias del entorno competitivo y liberalizador contenidas en la  Ley motivo un importante cambio en el enfoque de las diversas actividades de UNESA y una profunda transformación de la Asociación que, en este proceso, abandonó su condición de sociedad anónima, para transformarse en Asociación con un marcado carácter empresarial”.

Estos oligarcas están tan convencidos que montando, de cara a la galería, un simulacro de competencia está todo solucionado. El teatrillo escénico se sostiene en una falsa liberalización del mercado que tolera una mentirosa parodia de elección del suministrador de “todos al mismo precio”, un reparto territorial y bajo las mismas condiciones de lo tomas o lo dejas ¿A esto no se le llama monopolio? Atentos a lo que nos dice UNESA “la organización empresarial se ha centrado en diversas actividades de carácter sectorial: estudios y análisis sobre las diversas vertientes de la actividad eléctrica (transporte, distribución, regulación, planificación indicativa), precios y tarifas…”, dicen precios y tarifas, no es una demostración, de parte, que actúan sobre los precios cuando existe una libertad de mercado y la privatización se llevó a cabo para que se “mataran” entre ellos ofreciendo precios de competencia. ¿Repsol y Cepsa pueden decir lo mismo sobre el precio de los carburantes en las estaciones de servicio? (los precios de la gasolina también se fijan por subasta) Otro detalle sobre este párrafo traído a colación: ”la organización empresarial se ha centrado …” lo dicen en presente. Confirma que la transformación en ”Asociación con un marcado carácter empresarial” es un lavado de la fachada para que todo siga igual. La fijación de precios, aunque se disfrace deuna subasta, es un delito si ésta se manipula. El pasado mes de diciembre el gobierno tuvo que suspender la subasta CESUR por indicación de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia al apreciar indicios de manipulación de los precios, ahora vuelta a lo mismo después del sustazo que se llevaron los de la Asociación con un marcado carácter empresarial que pasaron de esgrimir un precio medio del mes de noviembre de 41,80€ a 91,89€ el día 18 de diciembre de 2013 –día antes de la suspensión- a 33,61€ del mes de enero. Una vez dejado atrás el susto y visto que no pasa nada de nada por manipular los precios han vuelto a los 60€. La cabra tira al monte. La manipulación de los precios de la subasta, (con una detallada explicación de cómo lo hacen) los infundados incrementos de la tarifa y el mentiroso déficit tendrán que quedar para el próximo post

Destapado: como manipulan el precio de la electricidad, de momento quédate con este enlace que te ayudará a comprender como es posible que pasen estas cosas y se nos quede la cara de tontos. Desde luego hay una explicación. No te lo pierdas:

http://ataquealpoder.wordpress.com/2014/10/25/se-acabo-lo-que-se-daba-hasta-aqui-han-llegado-las-electricas/