La actual emergencia que afrontan las personas migrantes y refugiadas que tratan de alcanzar Europa a través de la ruta del Mediterráneo central, que parte principalmente de Libia con destino a Italia, ha empezado a recibir cobertura mediática y política tras el cierre de puertos anunciado por el nuevo ministro de Interior italiano, Matteo Salvini. Su discurso antiinmigrante y xenófobo ha cristalizado en medidas que, ante la inacción de las instituciones y gobiernos europeos, atentan contra la vida de las personas que buscan llegar a suelo italiano en tránsito desde Libia. Sin embargo, lo que hace Salvini es poner de manifiesto una política de contención migratoria que los gobiernos europeos, en concreto el italiano, han impulsado desde hace cerca de dos décadas en el país libio, cuando éste se convirtió en el principal lugar de tránsito de las personas en desplazamiento de África hacia Europa.

Fue a partir de los 2000 cuando el Gobierno de Silvio Berlusconi empezó a restringir las entradas de personas migrantes, provenientes en su mayoría de países de África subsahariana, a través de acuerdos con el derrocado líder que gobernó el país durante más de 40 años, Muamar el Gadafi. Ambos dirigentes llegaron a una serie de pactos en materia de migración entre los años 2000 y 2004 por los cuales se proporcionaba material logístico a Libia a cambio de contener los flujos migratorios reforzando el control de sus fronteras, y en los que se incluía financiación para la construcción de campos de detención de personas migrantes en territorio libio que se han mantenido y reproducido hasta la actualidad. Migreurop, el observatorio de fronteras formado por activistas europeos y africanos, informa de que entre 2004 y 2005 Italia ya financió la creación de dos centros de detención en las ciudades de Sebha y Kufrah.

Por ello, acuerdos como el vigente Memorando de Entendimiento (MoU) de febrero de 2017 al que llegó el anterior Gobierno de Paolo Gentiloni con las autoridades libias tampoco inaugura una nueva política migratoria, sino que intensifica la tomada hace años. Se trata de un acuerdo que reedita el “Tratado de Amistad” que asumieron una década anterior, en agosto de 2008, Berlusconi y Gadafi para impedir las llegadas a Europa de personas migrantes a través del desembarco en suelo libio de aquellas que transitaban a través de la ruta del Mediterráneo central. No solo a través del refuerzo de los guardacostas libios, sino con la participación activa de los buques italianos en estas devoluciones contrarias al principio de no-devolución, recogido en la Convención de Ginebra de 1951 que todos los estados europeos han ratificado, y por cuya vulneración de derecho comunitario la Corte Europea de Derechos Humanos condenó a Italia hace seis años.

Se estima que en el año 2009 al menos 1.400 migrantes fueron interceptados en el mar por las autoridades italianas y devueltos a Libia, donde muchos estuvieron detenidos durante varios meses y otros tantos fueron devueltos a sus países de origen. Como denuncia Amnistía Internacional en su reciente informe “La oscura red de colusión de Libia. Abusos contra refugiados y migrantes con destino a Europa” de 2017, este tratado podría considerarse “el primer paso hacia la institucionalización de la detención ilegal de migrantes en Libia”.

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